Ayer tuvo lugar una exposición de autoridades de tres intendencias departamentales luego de la presentación de una publicación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre el crecimiento urbano de las grandes ciudades de Latinoamérica y el acceso a oportunidades. Moderados por Christian Daude, director de Investigaciones Socioeconómicas de la CAF, la directora del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM), Silvana Pissano, y los intendentes de Canelones y Paysandú, Yamandú Orsi y Guillermo Caraballo, compartieron los desafíos pendientes en cada uno de sus departamentos y acordaron que la mejor forma de superarlos es mediante una “mayor coordinación” entre las comunas.
Los desafíos de la urbanización
La publicación presentada ayer quizá haga foco particular en ciudades más grandes del continente, como Buenos Aires, Bogotá y Lima, que en cualquiera de las existentes en Uruguay, aunque el ejercicio de la CAF también deja algunas lecciones a rescatar para el territorio uruguayo.
Es usual asociar urbanización con desarrollo, pero el documento propone una nueva mirada y alerta sobre los costos de congestión asociados a esta expansión territorial: mayores tiempos de traslado, más niveles de contaminación, altos precios de la vivienda y elevadas tasas de criminalidad, entre otros.
América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo después de América del Norte, y la de mayor crecimiento de la población urbana en las últimas décadas. Sin embargo, la contracara de este crecimiento –muchas veces acelerado– es la creación de asentamientos informales con acceso limitado a servicios públicos y derechos de propiedad precarios. “Mientras que poco más del 10% de los habitantes del mundo vive en asentamientos informales, en América Latina la tasa es entre dos y tres veces mayor”, asegura la publicación.
Uno de los determinantes “más importantes” de la accesibilidad urbana para la CAF es la infraestructura de movilidad, que abarca no sólo la infraestructura asociada al transporte motorizado –público y privado–, sino también la de medios alternativos como la bicicleta o los desplazamientos a pie. En este sentido, la publicación da cuenta de la relevancia del transporte público y de los desplazamientos a pie en la región, teniendo en cuenta que 39% de los latinoamericanos se mueve desde su hogar hacia su lugar de trabajo en transporte público, 22% en transporte privado y 26% a pie. Montevideo, por su parte, se constituye como un caso atípico, dado que en este caso 39% de las personas lo hace en un vehículo privado. En este sentido, una explicación posible sería que la capital uruguaya es la cuarta en la región con mayor nivel de insatisfacción de los usuarios de transporte público: 27,2% se declara al menos “muy insatisfecho”.
En particular, el análisis llama la atención sobre el costo que el uso de transporte privado motorizado impone a terceros, dado que así como la población urbana en América Latina aumentó en alrededor de 10% desde fines de la última década, en el mismo período la flota de automóviles ha crecido más de 40%, y la de motocicletas casi se triplicó. Frente a esto, la CAF discute en base a experiencias internacionales y regionales sobre dos políticas públicas que hagan a los usuarios de vehículos motorizados responsables por los costos sociales que producen sus desplazamientos: los impuestos a la circulación en zonas y horarios de alto tráfico, y la restricción del uso de vehículos en ciertos días y horas, de acuerdo, por ejemplo, al número de la placa, como se hace en Santiago de Chile.
El uso del suelo
El primer tema que Daude propuso analizar fue la regulación del uso del suelo. Pissano consideró que es un tema “absolutamente sustantivo” para la IM, que incorporó dos “dimensiones indivisibles”: “Por un lado, la relación que tiene el acceso, pero también la permanencia –un binomio que no queremos separar–, y por otro, entender que no todos partimos del mismo lugar para el acceso a oportunidades”, explicó. “Reconocemos los distintos grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y velamos por poder incorporar medidas positivas que reflejen esto”, agregó.
Para la directora del Departamento de Desarrollo Urbano de Montevideo es necesario “asociar el urbanismo con la redistribución”. Algunos “ejemplos” que dan cuenta de la legitimidad de las políticas de la IM, sostuvo, son el Plan Parcial del Pantanoso, la Cuenca Chacarita, el Consejo de la Unión Villa Española y el Plan Especial de Pocitos.
También se refirió a los asentamientos y aseguró que en los últimos 25 años el gobierno departamental ha “revertido el crecimiento de estas soluciones en la periferia de Montevideo”. “Estamos convencidos de que tenemos una ciudad muy extendida para la densidad que tenemos, que aumenta los costos y entorpece la urbanización” afirmó.
Dijo que en conjunto con Canelones y San José se están coordinando regulaciones para el uso del suelo para determinadas “actividades complejas”, como las extractivistas.
En otro orden, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se está buscando disponer del suelo urbano vacante mediante un proyecto piloto con 25 fincas abandonadas que “se suman a la cartera de tierra social y fincas”. “Estamos pensando en la intensificación del suelo urbano consolidado, pero queremos tener la precaución con algunas problemáticas que suceden cuando las inversiones públicas levantan el valor del suelo en algunos barrios”, afirmó.
Por su parte, Orsi consideró que Canelones “no es un departamento común” por los fenómenos que se han dado. “La población se duplicó en 40 años y se generaron corredores urbanos que son complejos de resolver. Algunos son más conocidos, como [el caso de] la Costa de Oro, pero también están las rutas 8, 5 y 6”, afirmó. Dijo que 38% de la población no es oriunda del departamento y que eso también traza una línea divisoria.
En términos de ordenamiento, se refirió al suelo en las zonas rurales, y dijo que la dificultad se produce porque “a 15 kilómetros o menos ya se topan con la urbanidad”. “Es una complejidad que es necesario ordenar”, afirmó.
En tanto, Caraballo hizo referencia a las “frecuentes inundaciones” que “tenemos casi todos los años”, aunque destacó que, a pesar de esto, “tenemos nuestro plan de ordenamiento territorial”. También resaltó la integralidad propuesta desde el ámbito nacional, pero acotó que “hay que darle una visión regional”.
Municipios
El segundo tema de intercambio fueron los municipios, el tercer nivel de descentralización instalado por ley en 2010. “Parece una obviedad, pero no lo es: en el caso nuestro ha sido decisivo” sostuvo Orsi, quien consideró “fundamental” este nivel de gobierno. El jerarca departamental dijo que esta decisión pudo generar cambios políticos tales como “el involucramiento rural con el tema ambiental”, ya que fomenta “el sentido de pertenencia”. Además, consideró que los municipios son “esenciales” en Canelones por su configuración territorial y geográfica. También observó que la descentralización fomenta la participación y el intercambio entre distintas ideologías por medio de “los alcaldes que en un mismo departamento pertenecen a distintos partidos”.
Por su parte, el intendente de Paysandú sostuvo que este “nuevo fenómeno” posibilitó “una fuerte democratización” por medio del “acceso a las instituciones públicas”. “Es algo muy bueno, pero también debemos pensar, a nivel país, cómo hacemos para capacitarnos y acompañar este proceso con mayor formación, para estar a la altura de las circunstancias”.
En tanto, Pissano opinó que en Montevideo el proceso ha sido “positivo y sustantivo” y que el desafío hoy consiste en “la incorporación de la participación a nivel digital”.