Los legisladores que integran la Comisión Investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) preveían abarcar ayer, durante la sesión, el primer “bloque” de temas que se proponen estudiar, que nuclea a las cuatro unidades ejecutoras del norte –Bella Unión, Rivera, Cerro Largo y Mercedes–, pero a pesar de las seis horas que duró la sesión, no se pudo terminar con el orden del día.
La comisión busca abordar varios temas: la situación de los hospitales de Bella Unión, Rivera, Cerro Largo, Mercedes, Dolores, Colonia, Canelones y Las Piedras, Santín Carlos Rossi y Etchepare, y el Hospital de Ojos. Además, se pretende investigar la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las contrataciones de empresas de limpieza, vigilancia, cuidados, camas de CTI y servicios médicos.
Sin embargo, de los cuatro temas reservados para el “bloque” de ayer, sólo se llegó a tocar dos: la adjudicación del Hospital de Bella Unión a la empresa salteña de ambulancias SIEMM, del entonces director del centro hospitalario contratante; y la contratación de servicios realizada por el Hospital de Rivera a la empresa Centro Médico Odontológico Cuaró.
“Avanzamos poco”, sostuvo el diputado por el Partido Independiente (PI) Daniel Radío, en diálogo con la diaria, aunque destacó la “buena voluntad” del directorio a la hora de brindar información. Con eso coincidió el comunista Gerardo Núñez (Frente Amplio), quien catalogó a la jornada como “muy positiva”. “El directorio respondió todas y cada una de las preguntas que se le hicieron con precisión y claridad, lo que garantiza un trabajo con transparencia”, afirmó el representante oficialista a la diaria.
Bella Unión
En el hospital de esta localidad, el llamado de atención se hizo en 2012, cuando por la renuncia de los tres “encargados” de las ambulancias, el servicio quedó vacío y se dio lugar a la contratación de la empresa de Rivera SIEMM.
En febrero de este año, el Tribunal de Cuentas cuestionó por unanimidad la contratación de SIEMM, propiedad del director del hospital Pereira Rossell, Federico Eguren, el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Rodrigo Barcelona, y el del Hospital de Salto, Marcos García. Eguren y García fueron directores del Hospital de Bella Unión entre 2011 y 2014, aunque este último cedió su parte de la empresa cuando asumió el cargo en 2013, año en que fue contratada por primera vez.
Para Núñez lo “importante” es ver el “contexto histórico” particular de este caso. “Existían dificultades porque la ambulancia de Bella Unión se fue quedando sin personal y [lo que se hizo] fue para garantizar el derecho a la emergencia, a través de una licitación abreviada que designó a la empresa SIEMM, dado que era la única con una mirada regional y que el tiempo en algunas patologías es fundamental”, afirmó. Aun así, el legislador reconoció que fue un “hecho irregular”.
Sin embargo, Radío puso en tela de juicio una de las renuncias de los tres médicos del servicio de ambulancias, que cumplían guardias de diez días alternados previo a la contratación. “En dos de los casos [las renuncias] están claras, una por embarazo y otra jubilación, pero en el tercero no me cierra, porque justo era una persona que se dice que tenía problemas con el [entonces] director [García, propietario de SIEMM]. La paradoja es que es una empresa que se crea ad hoc, que tuvo mucha suerte, porque ganó una gran licitación en seguida, cuando justo el sistema de ASSE en Bella Unión colapsó”, observó. SIEMM fue creada en 2011.
En este sentido, Radío sostuvo que “una vez que se logra constatar el vínculo [entre García y la empresa contratada] la sanción que se le da es una amonestación verbal que quede en su legajo, algo que parece no haber tenido ningún efecto porque hoy es director del hospital de Salto”. Además, sostuvo que una vez constatada la irregularidad, se dejó de prestar el servicio y ASSE logró rearmar un equipo encargado de la atención en ambulancia. Entonces “se ve que no era colapsable”, concluyó.
Por su parte, el diputado del Partido de la Gente (PG) Daniel Peña dijo que le “llamó la atención” que Muñiz declarara que “es muy común que los funcionarios de ASSE le vendan servicios a la institución”, y observó que al consultarla acerca de si estos tres funcionarios “seguían gozando de su confianza”, ella respondió que sí.
Rivera
El segundo tema tratado ayer fue la contratación de un servicio sanitario brasileño, la empresa Centro Médico Odontológico Cuaró, por parte del Hospital de Rivera.
Radío apreció el reconocimiento de una “falta administrativa” por parte del directorio; no obstante, dijo que “hay algo grave y es que la presidenta [Muñiz] defendió a [Andrés] Toriani [ex director del hospital] porque mejoró la asistencia, pero hay que tener cuidado porque acciones como estas dan luz verde para hacer lo que se quiera con fondos públicos”.
“A pesar de las diferencias en la votación dentro del directorio, [las autoridades de ASSE] ayer manifestaron que reprueban la actuación del equipo de dirección del Hospital de Rivera”, afirmó Radío, quien en paralelo cuestionó la designación de los jerarcas: “El director no tenía formación, no era funcionario público y ni siquiera era oriundo de ese departamento”. Según dijo, las autoridades de ASSE aseguraron que su designación había sido “por currículum, pero eso no es una explicación”, opinó, y luego agregó: “La decisión última es de una discrecionalidad tan grande que, en el fondo, están nombrando a dedo”.
El diputado del PI denunció además el “subsidio” que brinda ASSE de 50% a “quienes integran los equipos de gestión o el entorno” en los posgrados que brindan las facultades de Medicina y de Ciencias Económicas y de Administración. “Pregunté por la cifra que llevan gastado en este rubro y desde hace cuánto que se da este subsidio, pero, como era esperable, es algo que tendrán que buscar y responder la próxima vez que vengan”, afirmó.
En tanto, Peña consideró que “hay un ánimo de ocultar, de descontrol, y ese es el motivo por el que existe esta investigadora”.
Lo que dijo ella
Antes de comparecer ante la comisión investigadora del Parlamento, la presidenta del directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, defendió el papel del organismo como “detector de las irregularidades” mediante las auditorías propias. “Se investigaron, se hicieron los sumarios correspondientes, se aplicaron los correctivos”, afirmó, sosteniendo que su comparecencia serviría exclusivamente para entregar la documentación que avale su afirmación. Sobre el caso puntual de las ambulancias de la empresa SIEMM, Muñiz aclaró que se trató de un “conflicto de intereses” que “se constató en una auditoría, luego se hizo una investigación y se aplicó el correspondiente correctivo”. “Hoy la situación está superada”, afirmó, aclarando que en la actualidad “no hay conflictos de intereses en los equipos de gestión”. “La última auditoría [de 2015] no encuentra conflictos de intereses”, dijo. No obstante, sostuvo que a raíz de un “cambio de criterio del Tribunal de Cuentas”, hoy se considera que “prácticamente todo funcionario público tiene conflicto de interés”, lo que a juicio de la jerarca, se trata de un “problema en la normativa”. Muñiz dijo que se ha sentido respaldada por “el gobierno y por la fuerza política”; sostuvo que no le “llama la atención” que el Frente Amplio haya creado una comisión investigadora, y aseguró que lo toma “como un apoyo”.