A principios de la década de 1990, CEPAL-UNESCO comenzó un trabajo de concientización sobre la idea de que la educación y el conocimiento constituyen la variable que permite desarrollar una estrategia de transformación capaz de intervenir en la política con impacto simultáneo en la competitividad económica, la equidad social y el desempeño ciudadano. Desde esta perspectiva y en el marco del avance de políticas neoliberales de finales de siglo, la UNESCO convocó a la primera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 1996), que tuvo su homóloga en 2008, y cuyas declaraciones y planes de acción contribuyeron a las Conferencias Mundiales de Educación Superior de 1998 y 2009.
En este escenario, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio –más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico– han expresado sus intereses y concepciones sobre este nivel educativo mediante programas, documentos y acuerdos comerciales que promueven un conjunto de reformas orientadas a reducir la importancia del Estado en la asignación de recursos para colocar al mercado como principal decisor del destino de la educación superior.
Las universidades públicas de la región dilucidaron rápidamente las consecuencias de esta visión mercantilizadora, sobre todo en materia de accesibilidad educativa, pertinencia académico-científica y en la movilidad social resultante, y comenzaron a trazar los principios de una forma alternativa de integración académica sustentada en los valores de solidaridad, equidad, calidad y pertinencia. Para dar respuesta a estos desafíos, se constituyó en 1991, entre otros organismos/redes, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), una red de cooperación que hoy reúne 34 universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Este espacio fue decisivo para introducir en las CRES una visión alternativa al modelo economicista y que hiciera hincapié en el financiamiento estatal, en el derecho al acceso y en el rol que cumplen las universidades en las transformaciones sociales. Así, en las declaraciones resultantes de estos encuentros –muestra del esfuerzo por conseguir consensos regionales y globales– se definió a la educación superior como un bien público-social, derecho humano universal y responsabilidad de los estados.
Aun así, persisten preguntas y pocas respuestas en este nuevo siglo “hiperconectado” que hace gala de las sociedades de la información, mientras la geopolítica del conocimiento se presenta fuertemente estratificada y con profundas brechas en la concentración de la producción académica y en la absorción de talentos. Es que, “por primera vez en la historia, la educación superior se siente acosada por fuerzas comerciales que están logrando desestabilizar el carácter de bien público que hasta ahora era inherente a la educación” (Guadilla, 2010).
En virtud de este escenario, UNESCO convoca para junio de 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, a una nueva CRES con siete ejes temáticos, instancia que reviste una significación especial para el continente por celebrarse en el centenario de la reforma universitaria. El Consejo de Rectores de AUGM, máximo órgano deliberativo de la red, ya definió la importancia que reviste esta instancia para la educación superior del continente, y en setiembre de 2016 delineó una declaración en la que advierte sobre las acciones de los sectores financieros y la prescindencia irresponsable de los estados y sus gobiernos en la profundización de la mercantilización y privatización de la educación superior. Por disposición de lo resuelto en esta instancia, AUGM comenzó una intensa actividad para instalar en la CRES 2018 –“un foro privilegiado para pensar el futuro”– las temáticas que preocupan al grupo de universidades públicas y que tienen que ver con el financiamiento, la autonomía, los rankings internacionales y la pertinencia como componente de calidad, la diversificación del estudiantado, los modelos de desarrollo, la identidad cultural y multicultural, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, entre otros tantos.
Como primer aporte concreto rumbo a este encuentro regional y después de tres días de debates y discusiones entre más de 1.500 participantes de la comunidad universitaria y la sociedad civil, el III Congreso de Extensión Universitaria, realizado en la Universidad Nacional del Litoral a principios de setiembre (Santa Fe, Argentina), emitió una declaración en la que reclama “enfáticamente la inclusión de amplios sectores sociales a los diferentes niveles del sistema educativo, por entender a la educación como un bien social y un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar de manera indelegable”, pero también apunta a “propender, desde las prácticas universitarias, a consolidar y profundizar la democracia en la región, velando por la inclusión y la cohesión social y resguardando el pleno ejercicio de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos”.
Más recientemente, el economista René Ramírez, uno de los responsables de los siete ejes de la CRES 2018 convocados por UNESCO, participó en una jornada de trabajo de AUGM, en la que anticipó la tendencia del quinto eje de la conferencia, titulado “La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe”. Allí planteó que “no es suficiente con tener una educación pública de calidad”, porque “existe una transferencia del conocimiento y la información al sector privado”, enfatizó el ecuatoriano, y agregó: “Debemos recuperar el sentido público y común del conocimiento”.
El Consejo de Rectores de AUGM también trabaja en la construcción de una declaración especial para la CRES 2018 y la Comisión de Rectores designada, en la que se manifiesta la inquietud de colocar el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sustentable de la región y adquirir protagonismo en el contexto internacional.