El viernes 29 de setiembre, Ayrton de Ávila, un trabajador rural de 22 años de la empresa Arrozal 33, vio cómo uno de sus compañeros pateaba la mochila del delegado sindical. Le preguntó por qué lo había hecho, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, el hombre esperó que De Ávila llegara al establecimiento y lo atacó por la espalda con un cortaplumas. El trabajador recibió nueve puñaladas –ocho en la espalda y una en el abdomen–. De Ávila relató ayer a la diaria que no tuvo el impulso de defenderse y a lo único que atinó fue a alejarse lo más rápido posible. “Yo al instante no me percaté, me di cuenta al rato de que estaba lastimado”, dijo.
El 30 de setiembre fue a la comisaría de Vergara a hacer la denuncia y fue atendido en el hospital local, donde le limpiaron las heridas; luego lo trasladaron al Hospital de Treinta y Tres, donde le dieron varios puntos. Tuvo licencia médica hasta el 11 de octubre. Ese día, intentó reintegrarse, pero cuando llegó al establecimiento un funcionario administrativo le informó que estaba despedido por notoria mala conducta. Le presentaron los papeles del despido pero se negó a firmarlos y acudió al sindicato para asesorarse. Ayer las partes estaban citadas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), pero la empresa no se presentó, por lo que la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) decidieron hacer público el caso.
Hace tres años que De Ávila trabaja en Arrozal 33, pero se afilió al sindicato este año, después del conflicto que SUTAA mantuvo con la empresa por el envío al seguro de paro de una delegada gremial. “Desde ese momento todo fue diferente: te mandan a los peores trabajos”, comentó el trabajador agredido, que denuncia persecución sindical.
Marcelo Amaya, dirigente de SUTAA, dijo a la diaria que ya se registraron, por lo menos, cuatro agresiones más en establecimientos agropecuarios. “Es una política que están usando las empresas para evitar la organización sindical. Llevan a enfrentamientos entre funcionarios, es una metodología implantada para sacar a los trabajadores organizados de sus emprendimientos”.
Según Amaya, el agresor también fue despedido, pero aseguró que en el caso de De Ávila es imposible alegar mala conducta, ya que fue agredido por la espalda. “Técnicamente el trabajador sigue vinculado a la empresa porque no firmó la liquidación del despido. Si tenemos que ir a la Justicia lo haremos”, agregó.
De Ávila afirmó, además, que si bien la empresa cumple con las ocho horas, cuando llega la liquidación del mes le “faltan” días. César Rodríguez, dirigente de la UNATRA, explicó: “Modifican los partes diarios, usan planillas y se niegan a poner tarjeteros”. Por otra parte, Richard Olivera, delegado sindical en Arrozal 33, aseguró a la diaria que “hay máquinas para marcar pero no la usan para los trabajadores de chacra. Ellos manipulan el parte y te ponen menos horas”. Además, Olivera denunció que la empresa no cumple con las normas de seguridad; por ejemplo, “hay tractores sin freno”. Amaya sostuvo que vienen denunciando este tipo de irregularidades desde, por lo menos, cuatro años.
SUTAA y UNATRA pedirán audiencias por este caso en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La Dinatra volvió a citar a Arrozal 33 para una audiencia la semana que viene. la diaria se comunicó con el vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Guillermo O’Brien, que declinó dar una opinión porque no tenía información sobre la agresión sufrida por De Ávila.