El 11 de octubre, FM Gente publicó una nota en la que relataba cómo un recluso de la cárcel de Las Rosas fue asesinado por pedir más comida. La breve noticia aseguraba que el hombre había sido ultimado de varias puñaladas durante un partido de fútbol por el cocinero del lugar, que fue procesado. La noticia fue replicada en medios de alcance nacional, que ampliaron la información con pequeños detalles; El País agregó que la víctima “no tenía visitas familiares ni apoyo alimenticio, como otros presos”. Ayer, en una conferencia sobre la situación de las cárceles en Uruguay, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, dijo que le preocupa la naturalización de las muertes en las cárceles. “De alguna manera, la lectura que se hace desde la opinión pública es que se trata de otra muerte por ajuste de cuentas, pero cuando se investiga uno encuentra que se trata de jóvenes que terminaron muertos peleando por algo totalmente baladí. En algunos casos, por quién trabajaba; en otros casos, hubo enfrentamientos fruto del encierro y la falta de actividades”, sostuvo.
Detrás de las paredes
A pesar de que no hay una cifra definitiva de la cantidad de personas privadas de libertad que son analfabetas, Petit afirmó que “es una cifra muy significativa”. Un estudio de la Universidad de la República reveló que en Punta de Rieles 10% de los reclusos no saben leer ni escribir; en un módulo de 500 personas del Complejo Carcelario, un relevamiento del equipo del comisionado reveló que más de 20% de las personas recluidas se identificaban como analfabetas o semianalfabetas. El sistema “no tiene respuesta” para satisfacer la demanda de los que quieren estudiar. “Es el sistema educativo el que tiene la responsabilidad. Es el Consejo Directivo Central el que debe asegurar que haya suficientes cupos. Aunque en el país tengamos menos de 2% de analfabetismo, todo nos hace pensar que un alto porcentaje está en el sistema penitenciario”, comentó. Petit calificó de dramático que el Estado no pueda enfrentar esa realidad, teniendo en cuenta que los receptores de las políticas “no están dispersos en el medio rural o en barrios de difícil acceso: están en sus propios edificios, encerrados detrás de sus muros”.
El origen de todos los problemas, en opinión de Petit, está en la infancia: “Cuando hablamos con internos, el problema no está en el atraco o en la rapiña: ese es un pequeño píxel de información de una historia que empezó mucho tiempo antes”. La vulnerabilidad se transmite de generación en generación. “Si queremos hablar de delitos, tenemos que hablar de recién nacidos y de en qué condiciones se está dando la crianza de los niños. Si analizamos a un privado de libertad sin saber de qué barrio viene, si está conectado con su familia o si tiene una perspectiva laboral, estamos flotando en el vacío”, afirmó.
Trabajo por pena
Que todos los presos no quieran trabajar ni estudiar es un mito, dijo Petit. Sostuvo que “el sistema metabólico carcelario funciona porque los presos trabajan”. Mencionó como ejemplo el caso de la cocina de una cárcel del interior, en la que siete internos cocinan para 450 personas: “Hacen el desayuno, el almuerzo y la cena. Trabajan todos los días, todo el año, pero no tienen ningún ingreso, ni un certificado de que saben cocinar, no están inscriptos en el Banco de Previsión Social [BPS], no tienen seguro por accidentes; [el único beneficio] es la reducción de la pena, que no es poca cosa”. Petit no calificó esta forma de empleo, pero se sobreentendió que podría definirse como trabajo esclavo. En la cárcel, como en cualquier ámbito, hay gente que no quiere ni trabajar ni estudiar, pero hay otros que sí; sin embargo, “hay una masa de personas a las que el Estado les dice que no hay cupos para que puedan estudiar”.
El comisionado aseguró que uno de los grandes problemas que tiene Uruguay es el de concentrar todas las soluciones en el Ministerio del Interior o en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
A junio de 2017 había más de 11.000 personas privadas de libertad; “todos los años hay más de 6.000 personas que salen del sistema y requieren programas diversos”, señaló. Si bien existe el Patronato del Liberado, cuenta con muy pocos recursos. “Una figurita repetida es la del liberado que sale a la carretera con 100 pesos. El desafío es construir redes en la comunidad; eso es algo que se trabaja con una política social inteligente”, dijo Petit.
En las cárceles se repiten modelos: “El del joven solo, excluido, desertor del sistema educativo y que tiene adicciones”, o el de “los jóvenes de clase media con dificultades de inserción vocacional y con alguna dificultad familiar”. Estos últimos, dijo, fueron afectados por la cultura de “la inmediatez” y por la “banalización” de la vida social, que a veces determina la ocurrencia de delitos a partir de “pequeñas inconductas”.
En cuanto a las condiciones de reclusión, Petit hizo referencia al informe presentado en abril de este año, según el cual en 33% de los centros se registran tratos crueles, inhumanos o degradantes, en 41% las condiciones para la rehabilitación son insuficientes y en 26% hay oportunidades de rehabilitación.
El país, además, tiene un nivel de reincidencia muy alto: “En muchos ámbitos ilustrados existe un gran escepticismo. He escuchado a gente sostener que sólo se puede rehabilitar 30% de los delitos graves. Afirmar eso no tiene rigurosidad científica; además, la criminología no es una ciencia exacta. Los delitos graves varían según la cultura, lo importante es saber que, cuando hay programas consistentes, se obtienen cambios extraordinarios en las personas”. Petit afirmó que no hay mejores ni peores presos: lo que hay son mejores condiciones para la rehabilitación.