Cooperativismo y políticas de vivienda

La Ley 13.728, que dio origen al cooperativismo de vivienda y que cumplirá 50 años el próximo año, abrió una puerta para un sistema de propiedad que se ha mantenido vigente y ha permitido que innumerables familias alcanzaran, por medio de la propiedad colectiva, la vivienda digna a la que aspiraban. El derecho a la vivienda digna está contemplado en nuestra Constitución y ha sido consagrado por medio de distintos instrumentos legales, pactos y acuerdos internacionales de derechos humanos, que establecen que es un derecho humano fundamental.

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La Ley 13.728 supuso un hito legal sin precedentes, ya que en ella el derecho deja de ser declarado de manera general y se establecen específicamente las condiciones que hacen de una vivienda un lugar adecuado para el desarrollo de la vida digna. En uno de sus artículos establece a qué tipo de vivienda tienen derecho los habitantes de la República y las condiciones habitacionales con que debe c...
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La Ley 13.728 supuso un hito legal sin precedentes, ya que en ella el derecho deja de ser declarado de manera general y se establecen específicamente las condiciones que hacen de una vivienda un lugar adecuado para el desarrollo de la vida digna. En uno de sus artículos establece a qué tipo de vivienda tienen derecho los habitantes de la República y las condiciones habitacionales con que debe contar. Sin embargo, sólo con eso no alcanzaba. El financiamiento por medio del Fondo Nacional de Vivienda, creado para tales fines, permitió al Estado impulsar la alternativa cooperativa fuertemente hasta que se produjo un cambio en las políticas habitacionales a partir de 1975, bajo el gobierno de la dictadura.

El movimiento cooperativo, con fuertes movilizaciones, ha generado, a lo largo de su historia, un debate con los distintos actores en la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda y de una ciudad sustentable e inclusiva. Los años han ido pasando. Se ha buscado, principalmente en los últimos períodos de gobierno, alcanzar soluciones para las familias, pero el déficit habitacional no se ha podido abatir, a pesar de los años transcurridos y lo que se ha construido. Entre otras cosas, porque la composición familiar ha cambiado y hoy tenemos una población que prácticamente no ha crecido; sin embargo, se necesitan más casas. Para explicar este fenómeno, hay que pensar que las familias monoparentales han crecido y que los jóvenes abandonan la casa paterna para independizarse y, muchas veces, mudarse solos.

En el período de gobierno anterior se aprobó la Ley de Vivienda de Interés Social, que pretendía, entre otras cosas, alcanzar a un grupo poblacional que no tenía acceso a otras formas de financiación. Esta ley, ha quedado demostrado, no alcanzó los fines para los que fue pensada y ha dado como resultado una vivienda cara. El gobierno ha renunciado al cobro de impuestos y lamentablemente no ha obtenido los resultados esperados. Creemos que es fundamental, para poder abatir el déficit habitacional, una política de Estado en el tema de la vivienda que, como tal, trascienda al gobierno de turno.

En cuanto al sistema cooperativo, creemos que los proyectos pioneros de Isla Mala, Fray Bentos y Salto, que dieron inicio al sistema de ayuda mutua y propiedad colectiva, previos a la ley, marcaron el rumbo a seguir. A partir de ahí, y fortalecido por el nacimiento de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), en 1970, el crecimiento del cooperativismo de vivienda ha sido exponencial, en muchos casos sólo frenado por la situación política del momento, que impedía el acceso a la personería jurídica y, por supuesto, al préstamo.

Las cooperativas se caracterizan por cuatro principios básicos: propiedad colectiva, democracia directa, autogestión y ayuda mutua. Estos principios permiten el involucramiento de los integrantes del grupo, la toma de decisiones en forma colectiva, el control directo del proyecto y sus avances. La cooperativa, según lo marca la ley, debe contratar un instituto de asistencia técnica para llevar adelante el proyecto, pero es la cooperativa, en el ejercicio de la autogestión y la democracia, que toma las decisiones.

La vivienda cooperativa se construye con materiales de muy buena calidad, lo que la ha hecho perdurable en el tiempo. Un ejemplo son las Mesas (1, 2, 3, 4 y 5) construidas en la década del 70, que están en perfecto estado y son visitadas por pasantías, compuestas por técnicos y pobladores que vienen del exterior a aprender del modelo. Las cooperativas se construyen a partir del financiamiento estatal. La propiedad colectiva y el financiamiento estatal son básicos para que el modelo exista. Al no depender de sistemas privados de financiamiento, el uso de la vivienda es regulado según criterios particulares, que priorizan la vida de quienes las habitan, y no la reproducción del capital.

Los cooperativistas del sistema de usuarios gozamos del derecho de uso y goce de la vivienda. Derecho heredable pero no enajenable. Los herederos deciden si permanecen en la cooperativa; si, por el contrario, deciden no hacerlo, tienen derecho al capital integrado por el núcleo hasta ese momento. La ley habilita a la cooperativa, después de diez años de habitada, a retener 10% del capital. Los herederos entregan la vivienda a la cooperativa y esta hace un llamado a ocupar la unidad. Esto significa que las viviendas construidas al amparo de esta ley no ingresan al mercado inmobiliario, lo que hace imposible la especulación.

La ley establece cuáles son las familias objetivo que pueden acceder a una cooperativa de vivienda, sea de ayuda mutua o de ahorro previo. Es fundamental que se proteja este derecho y que se cumpla con él. Es importante alcanzar el objetivo, pero también importa la tenencia segura. La Ley 13.728 aseguraba la tenencia por el mecanismo de subsidio. Esto nunca fue puesto en práctica; sin embargo, a partir de la puesta en marcha de la reglamentación de 2008, se decidió que existiera subsidio a la cuota para aquellas familias que documentaran debidamente y aportaran la información que establece el reglamento para probar su imposibilidad de hacerse cargo del pago parcial o total de la cuota amortización. Una reivindicación del movimiento cooperativo de más de 40 años, que les dio tranquilidad a las familias y al sistema. Hoy esa reglamentación está a punto de convertirse en ley, ya que fue votada por la Cámara de Diputados; luego la Cámara de Senadores le hizo alguna modificación, por lo que volvió a Diputados. Esperamos que se vote antes del cese del trabajo de las cámaras y se les asegure a las familias que ningún gobierno de turno podrá dejar sin efecto este beneficio.

Todo lo expuesto demuestra que el cooperativismo de vivienda es un fenómeno singular, que se ha consolidado como constructor de vivienda y hábitat, a lo largo y ancho del país. Es una alternativa válida en la construcción de ciudad, ya que las cooperativas generan servicios y equipamientos, pero también es fundamental su aporte en lo social y cultural, en la búsqueda de una sociedad más solidaria y justa. El cooperativismo de vivienda ha contribuido, a lo largo de su historia, con las políticas públicas de vivienda, y seguirá haciéndolo, porque, como está demostrado, es una herramienta válida, y, como tal, hay que seguir utilizándola y mejorándola.

Creemos que una forma de mejorar las políticas públicas de vivienda es mejorar el Fondo Nacional de Vivienda, no sólo con recursos que provengan de una asignación presupuestal, sino también con recursos propios que permitan aumentar sustancialmente el financiamiento de la vivienda de interés social. A tales efectos, y fiel a su historia, la FUCVAM ha elaborado un proyecto de generación de recursos para el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, que presentará en estos días a los distintos actores vinculados al tema de la vivienda.

Alicia Maneiro | Presidenta de la Dirección Nacional de FUCVAM.

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