Los sindicatos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) aseguraron en el Parlamento que el sistema de reclusión juvenil está en una situación de “caos”. Según consta en la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del 1º de noviembre, los representantes sindicales afirmaron que los proyectos de inserción laboral, educación y salud para los jóvenes recluidos “se fueron desarticulando” durante la gestión de Gabriela Fulco al frente del INISA.
“Hoy prácticamente lo que hay es un depósito de gurises, con una muy buena difusión hacia el exterior, sobre todo por parte de la presidenta, que tiene un muy buen vínculo con los organismos internacionales. Pero en realidad, dentro de la institución –salvando algunos servicios que se vienen prestando desde hace muchos años, como el hogar Ituzaingó, el Granja, el Desafío y el centro femenino–, el resto de los servicios es permanentemente un caos”, opinó el presidente del sindicato del INAU (SUINAU), Joselo López.
López pronosticó que si la situación permanece incambiada, “los gurises se van a lastimar mal y se van a matar entre ellos”. “En ese marco, los trabajadores tienen que intervenir para evitar estos líos y terminan lastimados”, afirmó. Recordó que en una semana hubo cuatro trabajadores que debieron ser atendidos en el Banco de Seguros del Estado; dos de ellos fueron quemados con Jugolín caliente en el centro Sarandí, una trabajadora fue golpeada y uno recibió cuatro puntazos en el centro Ser. López aseguró que en los últimos dos años 160 trabajadores debieron ser atendidos en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado. La secretaria de Derechos Humanos del SUINAU, Tatiana Antúnez, coincidió con López en que “cuando los adolescentes salían a trabajar y a estudiar, a realizar actividades culturales fuera de los centros con horarios extendidos, de puertas abiertas, las cosas eran distintas”. “Hoy estamos hablando de que hay un gran número de compañeros y de compañeras en el Banco de Seguros del Estado. Hay un gran número de situaciones que no venían sucediendo, vinculadas con las fugas y con los motines, con todo lo que eso implica para la vida de los adolescentes. A un adolescente una fuga puede costarle su vida. Eso es responsabilidad de todos”, sostuvo.
López también cuestionó la decisión que tomó el Parlamento de extender los días de prisión preventiva de 90 a 150 en caso de delitos gravísimos. “Creemos que conceptualmente los parlamentarios tomaron una decisión que no fue la más adecuada para la situación de la juventud de nuestro país, sobre todo si comparamos un delito que va a cometer un mayor con uno que va a cometer un menor de 18 años. La pena para el menor va a ser mucho mayor que para el mayor de edad. Eso consagra lo que quisimos evitar desde muchos sectores: bajar la edad de imputabilidad”, afirmó el presidente del SUINAU.