La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) fue nombrada en forma recurrente ayer durante el seminario parlamentario “La Justicia internacional: herramienta fundamental para el desarrollo sostenible en las sociedades pacíficas e inclusivas”, que organizaron en conjunto la Cámara de Representantes de Uruguay y el grupo de Parlamentarios para la Acción Global (PAG).
Durante la actividad se habló del Estatuto de Roma, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman y de otras resoluciones y normas que, a entender de varios de los panelistas, la SCJ incumplió o ignoró en su sentencia de la semana pasada, cuando sostuvo que los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad.
“Uruguay tiene la costumbre de ratificar cuanto convenio internacional anda por la vuelta. Es una buena costumbre, [...] pero el tema es la aplicación de esos instrumentos”, comenzó por señalar el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Recordó que en 1985 Uruguay ratificó la Convención Americana, por unanimidad, en el Parlamento, y luego, sin estar obligado a ello, reconoció la jurisdicción de la CIDH, pero el problema sobrevino a la hora de la aplicación.
“Durante mi experiencia de 20 años como juez, conocí jueces que decían: ‘acá [en ese juzgado] no se aplica el pacto de San José de Costa Rica [la Convención Americana]’”, contó Díaz. Además, cuestionó la última sentencia de la SCJ, que declaró inconstitucionales los artículos 2º y 3º de la ley interpretativa de la ley de caducidad, que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad para un caso de torturas cometidas durante la dictadura en el Regimiento de Caballería Nº 5 de Tacuarembó.
“La jurisprudencia de la SCJ no aplica la Convención Americana de Derechos Humanos y no cumple con el fallo de la CIDH”, sostuvo Díaz. El fiscal de Corte afirmó que hasta tanto los operadores judiciales “no entendamos que hay cosas que sí o sí rigen y que no se pueden plebiscitar, seguramente no habremos avanzado lo suficiente”. “Los tratados internacionales de Derechos Humanos son de cumplimiento preceptivo”, insistió.
Luego, en diálogo con la diaria, Díaz recordó que la sentencia del caso Gelman obliga al Estado uruguayo a reparaciones particulares a los demandantes, pero también a reparaciones generales. “Hay obligaciones que son generales para todos los casos de derechos humanos, así lo dice expresamente la Corte. Concretamente, dice que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado no son aplicables las normas de prescripción y de caducidad, de cosa juzgada ni de ningún otro tipo, que impidan la persecución penal. Por tanto, esta es la posición de la Fiscalía y es la posición que Uruguay como Estado –porque el Estado no es sólo el Poder Ejecutivo, es todo el Estado uruguayo– está obligado a cumplir, y yo entiendo modestamente que no se está cumpliendo, en tanto la SCJ entiende que hay delitos que están prescriptos”, sostuvo.
Díaz aseguró que en su carrera judicial escuchó a juristas decir que la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene valor de ley, “cuando hoy está fuera de toda discusión que los derechos humanos consagrados allí tienen por lo menos rango constitucional”. Y comentó que Uruguay “no siempre ha estado tan avanzado como muchas veces se cree”.
En tanto, la diputada frenteamplista Macarena Gelman, presidenta del grupo nacional del PAG, evaluó que el mayor desafío no es la ratificación de los convenios internacionales, sino su implementación en los estados, y consideró que la sentencia de la SCJ no entiende la importancia de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos.
Fiscalía especializada
Díaz dijo a la diaria que mañana dictará el acto administrativo que constituye la fiscalía especializada en Derechos Humanos, que fue aprobada por el Parlamento la semana pasada. A su cargo estará la fiscal Ana María Tellechea. El jerarca agregó que se está buscando la forma de “reforzar” a la fiscalía en términos de recursos humanos. Destacó que Tellechea es la fiscal que tiene actualmente “la gran mayoría de los casos” vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por lo que este cambio no generará demoras en la tramitación de los juicios.
En tanto, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, elogió la acción de la CIDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque les dio la posibilidad a las víctimas “de reclamar a los estados la justicia que les era negada”.
También destacó el rol que jugó la CIDH al emitir sentencias condenatorias de las leyes de impunidad en los distintos países. “Estos pronunciamientos oficiaron de guía para pronunciamientos judiciales posteriores y llevaron a modificaciones en las normativas internas”, resaltó Mota.
Sobre la actuación del Poder Judicial en Uruguay, afirmó que es “grave” que la acción judicial sea “obstaculizada”, pero también lo es “que se les niegue carácter de delitos de lesa humanidad” a los crímenes cometidos durante la dictadura. Sostuvo que la falta de eficiencia en la tramitación de las causas “es una forma de impunidad”, y cuestionó la ausencia en las sentencias judiciales “de un relato sobre la causa de muerte de los detenidos”, así como de medidas de reparación para las víctimas.
En cuanto a la sentencia de la SCJ, señaló que “si bien no es novedosa la posición, resulta preocupante que el máximo órgano del Poder Judicial persista en afirmar que los delitos cometidos durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad”.