Montevideo es, por lejos, el departamento del país con más personas en situación de discapacidad: 35,9% de sus habitantes. La proporción se explica porque la mitad de la población del país reside en la capital, pero lo importante es dejar claro que no se trata de una situación acotada, como muchas veces se piensa, sino de una presente y vigente. Un análisis de prevalencia por departamento muestra que Rocha (20,1%) y Cerro Largo (19,6%) son, luego de Montevideo, los departamentos con mayor cantidad de personas con al menos una discapacidad, en relación a la densidad poblacional.
La discapacidad es en todo momento y circunstancia un condicionante –más aun cuando la infraestructura excluye, o no incluye–, pero se torna crítica cuando hablamos de “discapacidad severa”, que implica la presencia de dificultades en más de un plano, así como la incapacidad absoluta de alguno de los sentidos. Volviendo a la capital del país, y a pesar de su reducido tamaño, las diferencias entre municipios son importantes: el Municipio D es el que presenta mayor porcentaje de personas con discapacidad severa (5,7% de los casos), seguido por el A y el F con 5,5%, el G y el C con 4,8%, el B y el E con 4% y, por último, el Municipio Ch con 3,8%.
Otra mirada a los datos procesados permite concluir que la incidencia se da en mayor parte entre las mujeres, y aumenta considerablemente entre mayores de 65 años: casi la mitad de los pertenecientes a esa franja etaria presentan alguna dificultad.
Dadas las condiciones actuales es esperable –y así lo determinan las cifras– que aquellos con al menos una discapacidad estén imposibilitados de alcanzar altos niveles educativos, cuenten con tasas significativamente más altas de desocupación que el resto de la población, y, en la misma línea, tasas mucho menores de actividad y empleo. Resumiendo el resultado de estos dos factores, se puede decir que sistemáticamente se encuentran en una posición desventajosa en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades básicas, si se los compara con quienes no presentan ninguna dificultad motriz, auditiva, visual o de comprensión.
El nuevo paradigma de la discapacidad atraviesa el ámbito social. El coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la comuna, Federico Lezama, resumió la incidencia de la situación en una actitud de corte meritocrático que es más que común: “La sociedad elige aplaudir y valorar a aquel que llegó a conseguir sus metas –a nivel educativo o laboral– con ayuda de la familia y de su círculo, y así dice ‘vieron cómo se puede’, pero no se detiene a preguntarse qué pasó con el 99,9% restante, que se quedó con prisión domiciliaria porque no pudo ni siquiera llegar a salir de su casa”.
En 2016 Uruguay presentó un informe país ante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, cuyas devoluciones fueron incluidas y consolidadas en el plan presentado ayer, junto con los reclamos históricos de las personas afectadas, así como con los aportes de la Ley 18.651 y de la Declaración de los Derechos Humanos.
Así, el plan se estructura en dos horizontes: uno normativo, que define “el lugar al que Montevideo desea llegar a mediano y largo plazo” y se materializa en tres lineamientos estratégicos que orientan el sentido de la política pública; y otro operativo, que define las 180 metas que la IM se comprometió a “hacer realidad” para fines de 2020. “No nos proponemos buenas intenciones, sino acciones concretas”, enfatizó Lezama, quien se sinceró al decir que si bien había construcciones de inclusión de parte de la comuna, hasta el momento “no tenían profundidad ni continuación, como esperamos que sí ocurra con este plan”.