Esta semana se sumó una nueva voz de alerta por los impactos ambientales que tendrá la Ley de Riego, aprobada por el Parlamento el 18 de octubre y aún pendiente de reglamentación. Un grupo de investigadores del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República expresó su “preocupación” por los impactos “fuertes y duraderos en lo social, arqueológico y en los cuerpos de agua” que tendrá la normativa impulsada por el gobierno y votada por todos los partidos políticos con excepción de Unidad Popular.
En primer lugar, los científicos cuestionan las premisas en las que se basa la ley. En la exposición de motivos del proyecto aprobado por el Parlamento se señalaba la necesidad de mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, porque de otra forma el agua que llega al mar se saliniza y se pierde. “Esta es una visión en extremo acotada, que entiende a ríos y arroyos como simples conductores del agua y desconoce el funcionamiento de los cursos de agua, embalses, y el ciclo hidrológico en general”, sostienen los investigadores del CURE. Recuerdan que el agua dulce que llega al mar “cumple un rol crítico en los ecosistemas marinos costeros, contribuyendo a mantener las condiciones de vida y crecimiento para las especies que allí viven”. Al mismo tiempo, del flujo del agua depende el mantenimiento de su calidad y la ausencia de floraciones de algas y cianobacterias tóxicas, que se ven “favorecidas por el enlentecimiento y represamiento de los cursos de agua”. Los científicos recuerdan que los cursos de agua en Uruguay “cuentan actualmente con cargas de nutrientes elevadas, de hecho mayores a las necesarias para gatillar el crecimiento masivo de organismos no deseados como las cianobacterias”. “Ante esta perspectiva es imprescindible tener en cuenta que el represamiento tendrá consecuencias negativas sobre la calidad del agua”, advierten.
Los investigadores sostienen que la ley prioriza intereses sectoriales, pero apuntan que esto “no debería realizarse en desmedro de otros usos legítimos del agua, como el consumo humano y animal, la recreación y el turismo”. “La alteración de las funciones ecosistémicas no contempladas en la ley aprobada podría ocasionar –a través de su efecto en la salud ambiental y humana y en la pérdida de otros usos– costos económicos más elevados y distribuidos socialmente que los beneficios asociados al aumento de la productividad”, alertan. Afirman que la Ley de Riego tendrá efectos en el proceso de extracción y potabilización del agua, y que tendrá un impacto en el patrimonio arqueológico “de magnitudes elevadas, difíciles y costosamente evaluables”.
Por otra parte, los científicos advierten que los organismos de contralor –la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua)– deben continuar su proceso de fortalecimiento de capacidades inspectivas, ya que actualmente estas son “insuficientes”. “Parece poco probable que logren un control efectivo de las actividades en el escenario de la instauración de esta alta densidad de impactos diseminados en el territorio”, alertan.
Privatización “de hecho”
En el mismo sentido que organizaciones como Redes-Amigos de la Tierra y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), los científicos entienden que las disposiciones de la ley contradicen el artículo 47 de la Constitución porque “mercantilizan el agua” al permitir el ingreso a la actividad de riego a actores externos a la producción, como fondos de inversión. En el CURE consideran que la aplicación de la Ley de Riego supondrá “una privatización indirecta de hecho” del agua, ya que los permisos de explotación no establecen “ningún tipo de traba o restricción a la comercialización del recurso o la transferencia del permiso por negociación”. “Las potenciales repercusiones a nivel económico y social pueden ser revisadas en experiencias previas como la de España, donde el tratamiento del agua como un producto comercial llevó al predominio de lógicas de gestión económica en un recurso básico, habilitando a sociedades de riego a fijar precios y lógicas productivas en base a intereses particulares”, señalan los investigadores.
La única limitación para este manejo discrecional del agua por parte de las empresas privadas y fondos de inversión es la disposición que establece que deberá tomarse en cuenta el “caudal ecológico” para que la extracción de agua para riego no afecte otros usos. Sin embargo, desde el CURE se advierte que la aplicación de este concepto “requerirá de definiciones y un desarrollo conceptual importante que no se limita a aspectos meramente técnicos”. “La determinación del caudal ambiental deberá basarse en conocimiento firme respecto de los efectos de variaciones del caudal sobre las propiedades y funciones más relevantes de los cursos de agua (calidad del agua, biodiversidad, producción, remineralización/depuración), pero también de los sistemas adyacentes”, indican los científicos de esta organización. Este conocimiento, agregan, no está disponible y, por lo tanto, recomiendan “fuertemente la aplicación del principio precautorio”, ya que “hasta que el conocimiento requerido no se encuentre disponible y validado, el marco regulatorio no podrá ser razonablemente bien aplicado”.
La directora general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Mariana Hill, cuestionó la propuesta de los científicos de no avanzar hasta que no haya elementos para medir el caudal ecológico. Dijo a la diaria que actualmente la Dinagua ya realiza una estimación del caudal ecológico cuando da una concesión de uso para un embalse, y “siempre reserva un porcentaje” del agua. “Y si no sabemos cuánto es, se estimará lo mejor posible”, señaló. Informó que en la reglamentación de la Ley de Riego no se definirá un porcentaje como caudal ecológico porque eso dependerá de las circunstancias, pero sí se establecerá que se deberá reservar un porcentaje y que será la Dinagua la encargada de definirlo, “con los elementos que tenga en el momento”. “Hoy será medio estimado, y en la medida en que se obtenga más y mejor información, podrá variar”, explicó Hill. “Cuando la elite de la Facultad de Ciencias nos dé elementos, lo mejoraremos”, agregó. Consideró que la propuesta de los científicos refleja una visión “muy de derecha, muy conservadora”, que postula que “como no sé, entonces no hago. No, estimemos. Si no, tenés que parar el país hasta que sepas”.
En cuanto a la idea de que esta ley supone una privatización del agua, Hill dijo que la venta de servicios de riego existe desde hace 20 años. “Hay muchas represas en Uruguay, y todas son privadas. La propiedad no se da, se otorga por un plazo y se puede sacar cuando hay incumplimientos”, indicó. Agregó que antes se exigía un solo permiso ambiental, mientras que ahora se exigirán tres. “No entiendo por dónde vienen las críticas”, concluyó.