La precariedad socio-habitacional y la organización de la comunidad

Más allá de la gran mejora de todos los indicadores sociales y económicos de Uruguay y de los notables esfuerzos en el diseño y la implementación de políticas sociales y de vivienda, los problemas de las familias con los derechos más vulnerados en los barrios más pobres del área metropolitana de Montevideo y del resto del país siguen presentes.

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La fuerte segregación espacial entre sectores altos, medios y populares y la falta de voz organizada de estos últimos hace que estos problemas sean invisibles para el mainstream: aparecen cada tanto en los suplementos policiales de la información masiva, pero sin un análisis profundo de las causas y sin una reflexión seria sobre la realidad actual en las periferias y los barrios más vulnerables.

Esta realidad se da, en parte, por la falta de esfuerzo presupuestal enfocado en estos sectores en términos relativos con otros dispositivos dirigidos a otros sectores, pero también quizá porque una concepción de políticas de vivienda dirigida a esta población que tenga la idea esencial de lo “perfecto” puede tender a minimizar el presente. Si bien es claro que es la dirección hacia la que debe apuntar una fuerza de izquierda, es fundamental asumir de una vez que la magnitud del problema es tal que se hace necesario intervenir en el “mientras tanto”.

Con el horizonte siempre a la vista de una sociedad con justicia social, donde la desigualdad y la segregación sean cosa del pasado, se debe avanzar para que el presente sea mejor y las condiciones de vida de la población más excluida mejoren ya. Desde el punto de vista material y habitacional, se debe aspirar a trabajar masivamente en mejorar las viviendas y su entorno mediante programas flexibles y en una institucionalidad que se adapte a la realidad, y no viceversa.

Mientras las condiciones ideales no llegan, las familias siguen viviendo en condiciones peligrosas desde el punto de vista de la salud y en condiciones inaceptables desde los puntos de vista material y espiritual, pues naturalizan o se culpan de la situación en la que se encuentran, como si la realidad del sistema concentrador y excluyente fuera un ente inasible.

Aunque la pobreza se redujo notoriamente con los gobiernos del Frente Amplio, la infantilización de la pobreza continúa su tendencia creciente en Uruguay. No hay sustentabilidad posible de las políticas de mitigación de la pobreza directa (básicamente, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social) y de desarrollo social (todo el resto de las políticas de empleo, educación, salud, etcétera) mientras se mantengan zonas enteras de las ciudades en condiciones urbanísticas inaceptables. No hay dignidad posible ni futuro digno para los niños que crecen viviendo entre la basura, independientemente del esfuerzo que se ponga en políticas de remediación.

Si vemos lo que ha sucedido con el esfuerzo presupuestal del Estado en lo que tiene que ver con las políticas de vivienda, podemos observar que la magnitud del problema no se condice con los fondos destinados a las soluciones.

En lo que tiene que ver con el gasto público social (GPS), el peso relativo de la función vivienda ha bajado en los últimos años y otras funciones han adquirido mayor relevancia en términos relativos. Es verdad, hay más presupuesto en vivienda, pero también es cierto que el peso de esa inversión en el GPS no lo muestra como prioridad.

Combatir la segregación en la ciudad es clave para reducir las desigualdades. En nuestras ciudades, significa reducir las diferencias entre las zonas más ricas y las más pobres, lo que sólo puede hacerse focalizando intencionalmente las intervenciones del Estado en las zonas más pobres. Los sectores altos y medios han mostrado habilidades para desarrollar la calidad de su hábitat a costa de los recursos públicos desde siempre. Debería ser tarea de la izquierda enfatizar el sesgo hacia la inversión en las zonas más pobres.

Se trata de integrar las acciones del sistema público de vivienda (Programa de Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos, Dirección Nacional de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda) en el territorio, incorporando una perspectiva multilateral con un diseño institucional claro que comprende a los diferentes actores del gabinete social de modo de trabajar los problemas de forma integral (salud, cultura, vivienda, seguridad, educación, empleo), a la vez que enfatiza una modalidad que identifique lo barrial comunitario como un escenario fundamental para ejecutar las propuestas, que promueva y fortalezca la organización social-barrial y permita, por medio de la política pública, motivar la constitución de sujetos transformadores de sus entornos y de su capacidad de definición.

El planteo es territorializar de manera conjunta las políticas y los programas sociales de modo de lograr impactos positivos en las condiciones materiales, pero también en las condiciones de organización de la comunidad. Esto no es trabajar sólo en asentamientos o sólo en la ciudad formal, sino también en barrios definidos por lógicas territoriales que varían de acuerdo con la localización, la historia, la identidad y las características comunes.

Como se mencionaba antes, es parte esencial de esta metodología de intervención organizar la comunidad como eje transversal de las políticas socio-habitacionales (cooperativas, realojos, mejoras en la precariedad, intervenciones en asentamientos). Una organización de la comunidad que no sea mirada desde la perspectiva de las contraprestaciones, sino que se apunte a una participación real, efectiva y concreta de la población, con canales de ida y vuelta claros desde y hacia los organismos del Estado.

En efecto, ninguno de los programas de vivienda debería estar aislado de sus consecuencias en un territorio dado. Así, el trabajo con los vecinos que ya habitaban el barrio debe pasar a ser primordial, aun si no son beneficiarios de la materialidad de la vivienda. El vínculo entre los vecinos, la organización barrial, las organizaciones sociales y el Estado es lo que dará sostenibilidad a los procesos en el tiempo.

Políticamente, una cooperativa que se encierra en cercas eléctricas y se convierte meramente en una forma de acceso material a una vivienda no está profundizando los valores de izquierda necesarios para transformar la sociedad. En efecto, todos los programas de vivienda deberían incorporar el componente comunitario, en el sentido de fomentar la organización de los vecinos que compartirán un mismo barrio o localidad, no sólo un mismo complejo habitacional.

Esto se traslada también hacia aquellos barrios donde las carencias son más críticas y la transformación de la realidad se hace más necesaria, donde no será exitosa si se intenta de manera fragmentada o individual. Parte fundamental de la fuerza que tienen los sectores más pobres es su organización, incluso para poder dialogar mejor con las instituciones; esto debería ser parte esencial de la mirada de las políticas sociales, incluidas las de vivienda.

La precariedad socio-habitacional y la segregación son claros obstáculos en el camino del desarrollo. Una sociedad sin justicia social nunca será una sociedad desarrollada. La lucha por un mejor futuro empieza por el presente. Es la de todos los días y con todas las fuerzas para mejorar las condiciones inaceptables en las que todavía viven miles y miles de uruguayos. La solución de los problemas de esos uruguayos que siguen postergados debe ser el faro y la esencia de la razón transformadora de la sociedad en una mirada de izquierda. Si esto nos queda claro, será cuestión de seguir profundizando el camino.

Sebastián Moreno | Economista, coordinador del Plan Juntos.

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