Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) divulgó ayer un monitoreo que hizo entre 2013 y 2017 en servicios de salud sexual y reproductiva en diez departamentos (Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Rivera, Cerro Largo, Florida, Maldonado, Rocha y Montevideo) que busca establecer cómo han funcionado los servicios desde la puesta en funcionamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada a fines de 2012.
A partir de registros del Ministerio de Salud Pública (MSP) – que contabilizó 7.171 IVE en 2013 y un aumento sostenido que alcanzó 9.719 abortos en 2016–, el informe constata que las mujeres usan progresivamente los servicios “a medida que se informan de que estos están disponibles y adquieren confianza en que serán atendidas en forma respetuosa”. Sin embargo, manifiesta preocupación porque “todavía hay una brecha entre las estimaciones previas a la ley [que hablaban de 16.000 a 33.000 abortos anuales] y las cifras oficiales de abortos legales”. Afirman que persiste la práctica clandestina, lo que quedó evidenciado con las dos muertes ocurridas en 2013 y 2016 por abortos inseguros e ilegales.
El informe señala que hay una “fuga de usuarias” entre los diferentes pasos que pauta la ley, y que se debe a “falta de información sobre los servicios”, a la objeción de conciencia, a la falta de profesionales y a que los servicios no funcionan todos los días. Detectó que en cinco de los diez departamentos (Salto, Paysandú, Rivera, Florida y Río Negro) los equipos IVE –conformados por ginecólogo, trabajador social y psicólogo– sólo funcionan en las capitales. Detalla que las mujeres de Young deben trasladarse casi 100 kilómetros para atenderse en Fray Bentos; las de Mercedes tienen que viajar a Cardona y Dolores (96 y 38 kilómetros), y a veces son derivadas a Montevideo; las de Castillos tienen que viajar a Rocha (57 kilómetros) y las de Río Branco a Melo (80 kilómetros). En Castillos, Young y Mercedes, 100% de los ginecólogos declaró objeción de conciencia, al igual que más de 60% de esos profesionales en Salto, Paysandú, Rivera y Soriano.
MYSU recomienda asimismo al MSP mejorar su rectoría para que las instituciones cumplan con los servicios de IVE, que se garantice el funcionamiento de equipos técnicos para atención de las usuarias –Maldonado y Chuy tienen déficit de trabajadores sociales y psicólogos–, desarrollar mecanismos de recepción de denuncias, recurrir a técnicas de aspiración manual endouterina y no sólo a la opción medicamentosa, y permitir el ingreso al sistema de mujeres inmigrantes con menos de un año de residencia en el país. Por otra parte, aconseja al Poder Legislativo que revise algunos contenidos de la ley, porque “pensar que interponer un trámite engorroso desestimará la práctica sólo está afectando a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad”: sólo entre 6% y 8% desiste luego de la primera consulta y antes de los cinco días obligatorios “de reflexión”.