• 64.000 personas murieron en Estados Unidos en 2016 por sobredosis de opiáceos –incluida la heroína–, lo que supone la muerte de 175 estadounidenses por día. Es decir, siete por hora.
• 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Y los abusos van más allá de la heroína: casi 50% de las muertes por sobredosis en 2015 están relacionadas con analgésicos recetados para tratar dolores moderados y fuertes.
• En 1996 la farmacéutica Purdue sacó al mercado OxyContin, una pastilla de oxicodona pura que, según aseguró en ese momento, permitía aliviar el dolor durante 12 horas y representaba menor riesgo de abuso y adicción que otros fármacos. La empresa acompañó el lanzamiento con una intensa campaña de promoción entre médicos. El efecto fue tan fuerte que algunos expertos aseguran que la “epidemia” de opiáceos empezó entonces. (1)
• Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos publicó los montos pagados por las compañías de medicamentos y dispositivos a doctores y hospitales docentes. En 2016 fueron más de 8.000 millones de dólares. Más de 630.000 médicos tenían registros de pago. Purdue Pharma realizó casi 80.000 transacciones en 2016, por un valor total de más de siete millones de dólares. (2)
La guerra contra las drogas consume miles de millones de dólares en presupuestos de miles de agencias policiales, aduaneras, militares y de aplicación de la ley. Hubo equipo y bases militares desplegadas en todo el hemisferio so pretexto de lucha contra el narcotráfico. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos denuncia lo doblemente mortal de esta estrategia de guerra. No hay presupuestos y dispositivos de tratamiento. Según un informe oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “sólo 10% de los adictos a las drogas pudieron acceder a un tratamiento especial en 2016”.
La actual es una estrategia desequilibrada que sigue generando desastres. Intensificando la violencia. Llenando cárceles con ofensores menores o consumidores. Esta guerra no contiene nada. Y es una fuente permanente de corrupción.
El señor Donald Trump iba a declarar emergencia nacional pero se arrepintió. Está alarmado, pero no tanto. En el tema de la venta desregulada de armas (que con esta crisis le esta costando más vidas que las ocasionadas por terrorismo) dijo que las armas no eran el problema. Que es un problema de salud mental. Parece un insight. Incluso personal. Veamos cómo evoluciona el paciente.
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) –de Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes– tiene ya, registrados en forma voluntaria, 15.575 adquirentes en farmacias, 7.478 autocultivadores y 68 clubes de membresías (www.ircca.gub.uy), más de 25.000 hombres y mujeres que confían en el Estado y el modelo regulatorio y que no recurren hoy al mercado del narcotráfico. Consumen, sí, pero una sustancia menos dañina y bien controlada, y con advertencia e información adecuada sobre los riesgos. Este nuevo vínculo entre usuarios de drogas y Estado es revolucionario. Los efectos educativos, preventivos y de consulta temprana serán un plus de la regulación responsable de un mercado siempre complejo en contraposición con un Estado que criminaliza y aleja a los usuarios.
El creciente fenómeno de medicalización de nuestras vidas, y la voracidad y descontrol de la industria farmacéutica, replantean la vigencia del principio de regulación. Para enfrentar los mercados ilícitos de drogas, pero también, y con mucho más razón, para los de circulación lícita o semicontrolada.
La regulación de los mercados, de todos los mercados, está puesta nuevamente en el tapete. La reducción de daños también. La crisis de heroína en los 80 enfrentó a varios países de la Unión Europea y a ciudades como Vancouver a tomar medidas pragmáticas y eficaces para salvar vidas. Enfoque de reducción de daños. Tuvieron éxito. Pararon la epidemia. Se dispusieron fondos para tratamientos diversos ante las sobredosis, el contagio de VIH-sida y la hepatitis C. Programas de intercambio de jeringas, salas de venopunción, dispensión de morfina legal, como en Suiza, terapia de sustitución con metadona. Siguen siendo controvertidos y son innombrables, incluso en los textos de los organismos multilaterales. Acá también se hizo un escándalo por el control de calidad que realizó Proderechos de las anfetaminas en bailes electrónicos. Pero salva vidas.
Sigue siendo una incoherencia del sistema prohibicionista que drogas como el alcohol y el tabaco nunca estén integradas a las políticas de drogas. Contradice el argumento de que las drogas se fiscalizan (y como secuela, surgen guerras en torno a ellas) porque hacen daños. En realidad se fiscalizan por opciones políticas y geopolíticas de mayor peso.
Hay que sacar al cannabis de la Lista 1 de Estupefacientes. El tabaco mata siete millones de seres humanos al año y las bebidas alcohólicas casi cuatro millones. Aportan cada uno 4,1% de la carga de mortimorbilidad de la humanidad. Todas las drogas de circulación ilícita no llegan ni siquiera a 1,8% de esa carga. Además, está la incongruencia de que el cannabis, que no reporta muertes por sobredosis, sigue en la Lista 1 de las Convenciones, que marca la peligrosidad de las sustancias. Al lado de la heroína. Una incoherencia que la comunidad internacional debe arreglar y que se discutirá en la Organización Mundial de la Salud. Es más: Uruguay, como cualquier otro estado miembro, tiene las potestades de cambiar y trasladarla a la Lista II, menos restrictiva y reservada para uso médico. La presidenta chilena Michelle Bachelet ya lo hizo.
“No hay que consumir drogas, salvo aquellas que indique el médico” no parece una indicación sabia. Ni por su verosimilitud, ni como prevención educativa. Es iatrogénica. Pretende ser una máxima moral que no se compadece ni con la naturaleza humana real (siempre invadida por nuestras debilidades y deseos) ni por un criterio de prevención adecuado. Todas las prácticas sanitarias de avanzada van por la senda de cogestionar los riesgos, el consentimiento informado y la reducción de daños.
La práctica médica, el marketing de los laboratorios y las drogas son un triángulo complejo, que hay que considerar dramático, o mejor dicho tragicómico, en políticas de salud pública. El entramado de intereses, el sesgo de las investigaciones y el lanzamiento de drogas médicas que pueden ocasionar daño es un desafío. Ni mercado libre de las corporaciones, ni crimen organizado transnacional del narcotráfico que termina usando los mecanismos de lavado como “legalización” de sus ganancias.
En Uruguay la política de drogas promovida por los gobiernos del Frente Amplio ha tenido un capítulo fuerte y central en la instrumentación del modelo de regulación del cannabis. Pero no es lo único. Uruguay supo construir una estrategia equilibrada y desplegar dispositivos de atención y tratamiento, de cercanía, de innovación, como el germen de los tratamientos de base comunitaria. De investigación. Promovimos regulaciones diversas: sistema financiero, tabaco, alcohol.
Todavía no se ha calibrado la trascendencia de este hecho y la línea de continuidad que tiene en materia de integralidad de la política. Ni del prestigio diplomático que a nivel internacional nos identifica con la defensa de los derechos humanos vinculada a las políticas de drogas (tampoco se valora la formación que han hecho varios jóvenes diplomáticos en el tema).
La apertura y puesta en marcha en 2006 del Portal Amarillo fue un símbolo insignia de que en este tema íbamos con todo. Con mucho esfuerzo y metiendo ganas y camiseta. A veces se extraña esa vocación. No había nada. Durante años estuvimos sin lugares de tratamiento, de investigación en la materia. Se hizo mediante el esfuerzo compartido de actores bien diversos: la Organización de los Jubilados del Banco de Previsión Social (sí, ellos cedieron el local), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y un equipo multiprofesional de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay y la Secretaría Nacional del Deporte. La primera piedra de lo que es hoy la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas y los dispositivos Ciudadela. Fue la respuesta en términos de derechos y salud pública que daba el primer gobierno de izquierda. Necesitamos cuidar esto.
Tampoco cojeamos por ingenuos. Creamos la Secretaría Antilavado, las fiscalías y juzgados en Crimen Organizado, el Fondo de Bienes Decomisados (que sigue siendo una cenicienta desamparada que, sin embargo, es una fuente de recursos para estas políticas), se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. Dimos conducción y generamos confianza a un mando policial saneado que entendió la especialización pero también el trabajo comunitario de cercanía. Dimos relevancia institucional a la Junta Nacional de Drogas, en su funcionamiento real, en su intersectorialidad, en la gestión e iniciativa y coraje político. Pudimos construir y trazar líneas de continuidad con la excelente gestión de Julio Calzada, verdadero factotum de la regulación. Continuidad que bien nos cuidamos de tener también con algunos programas y alertas que nos dio en su momento el doctor Leonardo Costa. Deberíamos, también, cuidar esto.
Rápido y furioso
Somos noticia mundial, aunque el gobierno no se haya dado cuenta. Algunos parecen estar inmovilizados por prejuicios antediluvianos. O por aquel nocivo narcisismo de las pequeñas diferencias. La pretendida mesura en instrumentar y avanzar en el mercado regulado del cannabis muestra poco coraje político. Lo mismo que en el plano de derechos humanos. Poco coraje y decisión. En términos futbolísticos hay una expresión mas contundente: faltan ovarios. Un lugar desmerecido en la agenda, cero docencia y comunicación, desdén y lentitud. Parecen no valorar lo más importante: no se trata sólo de legalizar y regular la marihuana, que es lo más espectacular. Se trata de que en el mundo entero estamos innovando, con otra forma de controlar y fiscalizar sustancias controladas.
Estamos a la vanguardia de un relato nuevo y hemos sido, somos, referencia política y moral del cambio de paradigma. Pero no parece ser ese el espíritu y la apreciación política de los decisores. Menos del FA, que ni habla del tema. Parece vivirse en forma vergonzante. Es un absurdo. Se elude potenciar un logro que tiene impacto político y por añadidura, electoral. En los jóvenes y en los avances reales de seguridad ciudadana. Hay, ya, más de 25.000 ciudadanos que están más seguros. Además, repito; nos coloca en un sitial internacional, por nuestro apego al derecho internacional de los derechos humanos, que, además, abriría otras puertas.
El eminente científico israelí, Raphael Mechoulan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubridor del THC como principio activo del cannabis, decía hace un par de semanas, en un mensaje enviado a la Conferencia Latinoamericana 17ª (celebrada en Buenos Aires en octubre) que hace 34 años generó evidencia científica sobre las aplicaciones pertinentes del cannabis medicinal. Tenía una sabia resignación sobre el tiempo que habría de esperar para que le dieran atención. Ahora sabemos, gracias a las investigaciones de su equipo multidisciplinario, que el organismo tiene receptores específicos de un sistema endocannabinoide que explica la dinámica del cannabis en nuestro cuerpo. El doctor Yosi Tam, jefe de su equipo, estuvo en Montevideo invitado a una Jornada de la Sociedad de Endocannabinología. No vi inquietud, iniciativa o presencia de nuestras autoridades sanitarias.
Tampoco vi a nadie (salvo a Augusto Vitale, que fue a título personal) en el otro seminario internacional ya mencionado, que fue organizado por la embajada de Israel en Argentina y la Universidad Hebrea. Es una pena. Porque los vínculos que se tejieron desde la Junta Nacional de Drogas con la embajada de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén eran excelentes.
Las autoridades tampoco parecen estar enteradas de las excelentes investigaciones del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de nuestra Universidad de la Républica, o del Instituto Clemente Estable, o de los aportes realizados por el Comité Científico Asesor que hizo seguimiento de la aplicación de la ley, y sigue (porque no se disolvió) integrado por distinguidísimas personalidades, como Luis Yarzábal, Amalia Laborde, Susana Mallo, Nilia Viscardi, Eduardo Manta, y, en su momento, María Julia Muñoz y los hoy fallecidos Pablo Carlevaro y Gonzalo Uriarte. Del aporte del Sindicato Médico del Uruguay, que es el único que ha tenido el valor de formar médicos en usos del cannabis.
(1). https://ladiaria.com.uy/ articulo/2017/11/estados-unidos-tomamedidas-para-combatir-la-crisis-de-losopiaceos-cuyo-consumo-mata-a-masde-100-personas-por-dia/
(2). Owen Amos. BBC. www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41755400.