La mesa estaba prevista para cinco expositores, pero sólo asistieron dos: el diputado del Partido Independiente (PI) Daniel Radío y el asesor de Unidad Popular (UP), Milton Rodríguez. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), UNICEF y el Comité de Derechos del Niño quisieron invitar a los partidos políticos a debatir sobre las últimas modificaciones legislativas que extienden la prisión preventiva para adolescentes, pero los representantes del Frente Amplio (FA), del Partido Colorado y del Partido Nacional no asistieron a la actividad. Se trata precisamente de los partidos que votaron en octubre a favor de extender de 90 a 150 días la prisión preventiva para adolescentes en caso de delitos gravísimos.
En la apertura de la jornada, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, advirtió que la institución está “preocupada” porque esta medida es “regresiva en materia de derechos” y vulnera la normativa internacional. La Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen que la prisión debe ser utilizada sólo como último recurso, en casos excepcionales y por el tiempo más breve posible. Sin embargo, en Uruguay hay prisión preceptiva para los adolescentes que cometen ciertos delitos, y las medidas de privación de libertad tienen una relación de cuatro a uno con respecto a las no privativas. Esto deja a los adolescentes en una situación incluso peor que la de los adultos. A estos últimos, tras la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, no se les puede aplicar en forma generalizada la prisión preventiva porque hayan cometido determinados delitos.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya observó en 2015 a Uruguay porque estableció la posibilidad de una prisión preventiva de 90 días en caso de delitos gravísimos. En octubre de este año, el Parlamento uruguayo no sólo no salvó esa observación, sino que agravó la situación, al extender el plazo a 150 días.
“El sistema penal juvenil no está en la agenda pública ni en los programas de gobierno”, sostuvo en la apertura de la jornada Mauro Tomasini, del Comité de Derechos del Niño, casi como un preámbulo de las ausencias posteriores. Los abogados Diego Silva y Gianina Podestá expusieron un informe realizado para el Mecanismo de Prevención de la Tortura de la INDDHH que reseña los cambios institucionales que ha tenido el sistema penal juvenil, que sin embargo no han implicado “cambios profundos en la práctica”, señaló Silva. Agregó que hay cuatro aspectos que permanecen incambiados desde fines del siglo XX hasta hoy: la carencia de personal y, en ocasiones, su falta de idoneidad; la falta de garantías en el proceso judicial, en particular las dificultades en el acceso a la defensa; infraestructura con una arquitectura “centrada en un proyecto represivo”; y un régimen de convivencia que vulnera derechos.
Podestá dijo que con la aprobación del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia se pensó que podía haber un cambio de paradigma hacia una concepción más centrada en la protección de derechos, pero luego sobrevinieron varias modificaciones legislativas que fueron en sentido contrario y constituyeron un “retroceso normativo”, entre ellas, la prisión preceptiva para mayores de 15 años y el registro de antecedentes, a lo que se suma ahora la ley aprobada en octubre, que “elimina garantías” para el adolescente al momento de la detención y aumenta el plazo de la prisión preventiva.
Luego fue el turno de la mesa de los partidos políticos, a la que faltaron los tres mayoritarios, que votaron las modificaciones aprobadas en octubre. En cambio, asistieron UP y el PI, que votaron en contra de esos cambios. Milton Rodríguez, de UP, sostuvo que hay un “avance criminalizador” y que la nueva normativa aprobada por el Parlamento “repercutirá en la saturación” de los centros de reclusión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Aseguró que su partido está dispuesto a derogar las “leyes represivas” que se votaron en estos dos últimos períodos de gobierno y a apoyar con la asignación de presupuesto y mediante recursos técnicos al sistema penal juvenil. Propuso también que para las adolescentes con hijos o embarazadas se apliquen siempre medidas no privativas de libertad. Sostuvo que el FA lleva adelante una política “de mano dura” y que en ese sentido “se parece mucho más a los partidos que dice criticar”.
En tanto, Daniel Radío, del PI, dijo que el sistema político “hace rato que inició un camino” de “más palo y más mano dura”, y que “alguna vez vamos a tener que dar marcha atrás”. “Es un camino equivocado. Lo único que conseguimos es una solución provisoria de invisibilidad”, remarcó. Radío hizo notar que con el sistema penal actual, a los jóvenes les hubiera convenido que se bajara la edad de imputabilidad, ya que están en una situación peor que la de los adultos. “Esto es ‘ser joven es delito’. Eso nos duele mucho a los que trabajamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad”, manifestó.
El diputado del PI propuso eliminar la preceptividad de la prisión preventiva para los adolescentes y llamó a prestar atención también a la situación de los adultos. “No existe nada peor que el Comcar. Es el noveno círculo del infierno”, sentenció, y dijo que sería mejor que se aplicara la pena de muerte antes que tener que ir allí. De todos modos, consideró que durante la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se han “hecho esfuerzos para mejorar en parte la situación de las cárceles”.