Se aprobó el martes en el Senado el proyecto de ley para la prevención y combate de la trata de personas, que ahora pasa a la Cámara de Diputados. La miembro informante y presidenta de la comisión que trató el proyecto, Daisy Tourné (Frente Amplio), dijo que 51% de las víctimas de trata son mujeres; sin embargo, en los últimos años aumentó la cantidad de hombres víctimas de este delito. Según estudios internacionales, “en 2004, 13% de las víctimas eran hombres, mientras que en 2014 llegó a 21%”; el aumento se explica por el incremento del trabajo esclavo, explicó la senadora. Un número “extremadamente preocupante” es el de niñas, niños y adolescentes: “20% del total de las víctimas de trata son niñas y 8% son niños”. Los explotadores, en tanto, son 63% hombres y 37% mujeres.
Con relación al proyecto, Tourné destacó la creación de una institucionalidad: el artículo 7 crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, integrado por las personas de mayor jerarquía de los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Trabajo y Seguridad Social, y Salud Pública, además de representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil propuestos al Poder Ejecutivo. El consejo tiene como finalidad articular y coordinar acciones para el cumplimiento de la ley, desarrollar acciones de prevención y promover la cooperación de los estados, entre otras cosas.
El artículo 77 establece que “quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en las mismas condiciones favoreciere la permanencia irregular de migrantes dentro del territorio uruguayo”.
Además, el texto crea el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas, para “centralizar la información sobre este tipo de criminalidad y generar políticas adecuadas para combatir y prevenir el delito y facilitar la denuncia y el tránsito por el sistema de Justicia”.