César Rodríguez y Marcelo Amaya, del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), hablaron con la diaria luego de concurrir, ayer de mañana, junto con tres trabajadores arroceros de Treinta y Tres, a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Fueron a plantear dos preocupaciones del sindicato: el sometimiento de trabajadores en determinadas empresas y las condiciones de trabajo a las que están expuestos.
“La represión siempre existió, la agresión siempre existió y el tema de los problemas generados por los agroquímicos se ha agravado en los últimos 20 o 30 años, porque las cargas son más fuertes y porque las plantas adquieren resistencia”, señaló Rodríguez. Amaya contó lo mismo que en la comisión: una serie de conocidos, todos empleados de Arrozal 33, sufrieron las consecuencias de los agroquímicos. “En la misma empresa hubo un compañero que tuvo problemas motrices, perdió la voz y falleció; a otro compañero se le atrofiaron los músculos pero se salvó después de un largo período en el CTI; otro trabajaba en el área de administración y a veces dejaban los venenos en ese mismo lugar almacenados, y en el período de un año y poco también falleció por una enfermedad rara”.
Sin embargo, no sólo preocupan las enfermedades que puedan generar estos productos, sino las consecuencias ambientales. “No es sólo el tema de que es malo para la salud humana, sino también todos los daños colaterales a la población, a la comunidad; la falta de regulación de la fumigación con avionetas alrededor de los pueblos; el vertido a los cursos de agua y al suelo de restos de glifosato y otros productos; las mezclas cuyos efectos no se conocen; altas concentraciones en la fumigación” son, entre otras, algunas de las inquietudes que manifestó Rodríguez.
Otro tema que se trató en la comisión fue la persecución sindical relacionada también con los agroquímicos. Amaya recordó una serie de casos en los que se fumigó –rociando el veneno desde los aviones– directamente a trabajadores sindicalizados o a sus familiares “porque saben el temor que tienen los trabajadores a esa sustancia”.
Para finalizar, Rodríguez relató el caso de Ayrton de Ávila, quien concurrió ayer de mañana a la comisión. De Ávila defendió a un compañero que había vuelto del seguro de paro y tuvo un roce con otro trabajador. Al otro día fue agredido con un arma blanca por ese mismo trabajador –que es afín a los dueños y vive dentro del predio de la empresa–. “Lo esperó y, sin mediar palabra, lo apuñaló”, contó Rodríguez. El herido se retiró del lugar sin defenderse y efectuó la denuncia. El caso pasó a la Justicia y el agresor fue condenado y despedido de la empresa. “Cuando Ayrton regresó de la licencia por enfermedad se reintegró, y ese mismo día fue despedido por notoria mala conducta”, señaló. Este caso, sumado al de un policía que ayer realizó una denuncia por la agresión de un capataz, “muestra a las claras –dijo Rodríguez– que estos hechos no son aislados”.