“Dadas nuestras restricciones presupuestales, hemos priorizado las condiciones laborales de nuestros funcionarios”, dijo ayer la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, durante la firma del convenio entre la institución y los trabajadores en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). También se firmó, de forma bipartita, una modificación de los procedimientos administrativos y disciplinarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), que establece como “principio general” el “interés superior del niño”.
El convenio surge en el marco de la negociación colectiva del sector público y establece mejoras de las condiciones de trabajo y del salario, beneficios para el funcionariado y también una cláusula de prevención de conflictos. Tendrá vigencia por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2019.
El incremento salarial será de 3%, entrará en vigencia a partir del próximo 1º de enero y alcanzará a los funcionarios presupuestados, contratados y eventuales del INAU. La recuperación salarial, según dijo a la prensa el presidente del Sindicato Único del INAU, Joselo López, fue de 33% por encima de la inflación desde 2006. En relación a esta última gestión, los aumentos acordados habían sido de 3,5% por encima de la inflación durante los dos primeros años.
El convenio, además, establece cuatro tipos de licencias especiales: por maternidad, por cuidado de recién nacidos, por cuidados de familiares e hijos y por internación de las personas a cuidar. En este sentido, se extenderá la licencia por maternidad a 14 semanas, equiparando el derecho de los trabajadores con el del ámbito privado. El funcionariado también podrá beneficiarse de una reducción de la jornada laboral, cumpliendo un mínimo de cuatro horas diarias de trabajo, por cuidados a recién nacidos por el plazo de seis meses. Se podrá acceder a este beneficio durante el primer año de edad del bebé, siempre y cuando ambos padres sean trabajadores activos cotizantes a la seguridad social, excepto en los hogares monoparentales.
Además, se habilita a los funcionarios a solicitar bajo razones “debidamente fundadas” una reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de familiares e hijos en caso de que estos padezcan una enfermedad grave que requiera cuidados especiales para realizar actividades básicas. En estos casos se deberá cumplir un mínimo de cuatro horas diarias de trabajo durante un máximo de 45 días al año. Previendo un eventual impacto significativo en el ausentismo, en estas situaciones se establece que se realizará una evaluación del impacto en la asiduidad del funcionariado, “con el objetivo de perfeccionar el mecanismo”, “pudiéndose determinar que los 45 días previstos serán usufructuados cada tres años”. Por otro lado, también se establece la posibilidad de hacer uso de hasta cinco días de licencia por internación hospitalaria o domiciliaria de las personas a cuidar.
Por último, se extendió a los trabajadores del INAU la cobertura de lentes, prótesis y órtesis que estaban provistas por el Banco de Previsión Social hasta principios de este período de gobierno.
Asimismo, se establece una cláusula de prevención de conflictos en la que ambas partes se comprometen a resolver cualquier conflicto que surja por la vía de la negociación colectiva y la búsqueda de consensos en un plazo máximo de siete días hábiles, sin disponer medidas gremiales o que distorsionen el funcionamiento de los servicios.
En relación a las modificaciones de los procesos “administrativos y disciplinares” en el INAU, Lindner dijo que se trata de un “cambio estructural” en sintonía con las normativas vigentes en materia de derechos de niños y niñas. Por su parte, la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, agregó que el aumento de la cantidad de funcionarios y el descenso en la cantidad de adolescentes privados de libertad resulta en un “alivio” de las presiones a las que están sometidos los trabajadores. Según dijo, actualmente hay unos 350 internados, mientras que a principios de la gestión había 600.
En tanto, López consideró que tanto el convenio como los cambios administrativos representan un “avance sustancial” de “beneficios necesarios para equiparar derechos”, y agregó que “cuanto mejor estén los trabajadores, mejor van a estar los niños y las niñas”. También defendió la negociación colectiva como “herramienta para diálogo entre empleados y empleadores”: dijo que si bien “no asegura llegar a acuerdos, sí es el mejor camino” para intentar hacerlo.
Para finalizar, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que los convenios acordados “no sólo reafirman el proceso de negociación colectiva y las relaciones laborales sino también la humanidad con la que queremos trabajar en este gobierno”.