“Estamos muy contentos y muy orgullosos de este cambio estructural, que ha venido de la mano de un mayor ejercicio de derechos mediante la inclusión de cientos de miles de uruguayos”, dijo ayer en conferencia de prensa Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre la inclusión financiera. El jerarca destacó que hasta ahora el programa dio resultados positivos y subrayó que gracias a la iniciativa, en los últimos años se crearon 850.000 nuevas cuentas bancarias e “instrumentos de dinero electrónico”. Además, indicó que el uso de tarjetas de débito se multiplicó por 14 y los POS (el aparato con el que se abona mediante la tarjeta) se cuadruplicaron. Ferreri agregó que el proceso de la inclusión financiera lo abordaron de manera gradual y dinámica, pero sobre todo pragmática, viendo que es posible mejorar a medida que el programa evoluciona.
En ese sentido, el jerarca informó que el Poder Ejecutivo y el MEF tuvieron reuniones para intercambiar ideas sobre qué se puede incorporar en una nueva etapa, con cámaras empresariales, gremios, actores sociales y legisladores de la oposición, pero “sobre todo” con la bancada del Frente Amplio (FA). Por eso señaló que realizaron la conferencia de prensa en conjunto –tanto integrantes del MEF como de la bancada del FA–, para comentar un acuerdo al que llegaron sobre una serie de acciones en varios niveles del programa. A Ferreri lo acompañaron Martín Vallcorba (coordinador del Programa de Inclusión Financiera), los senadores Mónica Xavier y Leonardo de León, y los diputados Jorge Pozzi y Alfredo Asti, entre otros legisladores del FA.
Ferreri informó que, en primer lugar, generarán ajustes o cambios que requieren el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para que sea tratado en el Parlamento, que ya tiene el acuerdo de la bancada del FA y “ojalá se sumen otros actores políticos, porque estamos convencidos de que implican beneficios importantes para la gente”.
El primer ajuste establece que el método de cobro de las pasividades y beneficios sociales –que actualmente es obligatorio que se realice mediante instrumentos electrónicos– sea optativo, es decir, que se exima a los pasivos y beneficiarios de prestaciones sociales de la obligación de cobrar por instrumento de dinero electrónico o cuenta bancaria. El MEF señaló en un informe que la obligatoriedad del pago de los salarios por medios electrónicos está asociada a que es un “poderoso mecanismo para prevenir la informalidad en el mercado de trabajo”, a la vez que es un modo “de garantizar que el trabajador pueda ejercer efectivamente su derecho a acceder a una cuenta bancaria o a un instrumento de dinero electrónico, teniendo en cuenta que la relación empleador-trabajador se caracteriza por una asimetría que no siempre permite el ejercicio efectivo del derecho”. El texto agrega que “pareció conveniente excluir tanto a los pasivos como a los beneficiarios de prestaciones sociales de dicha obligatoriedad, ya que en la medida que quien paga es el Estado, no se verifican las razones expuestas que justifican la obligatoriedad”.
Otra flexibilidad que se planteará en un proyecto de ley, pero para los trabajadores, será la posibilidad de que se pueda retirar la totalidad del salario en un único movimiento sin costo. Ferreri señaló que eso no se podrá hacer en todos los cajeros, pero los usuarios, “si así lo desean”, podrán “concurrir a algún lugar donde esto pueda realizarse”.
A su vez, se plantearán modificaciones al sistema de “ticket alimentación” (artículo 163 de la Ley 16.713) como que el trabajador pueda elegir la institución mediante la cual cobrar. Este cambio, según Ferreri, implicará una “dinamización importante” del mercado de tickets, que traerá “una rebaja de costos asociados a estos instrumentos”. También se establecerá que ese sistema no tenga costo para el empleador, lo que para el subsecretario del MEF se traduce en “una mejora importante para las empresas”.
Además, el Ejecutivo planea realizar otros cambios en el terreno reglamentario, mediante decretos, que apuntan a mejorar las condiciones de aceptación de los medios de pago electrónico por parte de los pequeños comercios. Por ejemplo, que se dé un subsidio total del arrendamiento mensual de los POS para monotributistas hasta fines de 2018. Además, se establecerá un nuevo régimen de inversiones para incentivar la instalación de POS en los municipios A, D, F y G de Montevideo, y en las localidades del interior, “con incentivos mayores para las localidades más pequeñas”. “Esto permitirá continuar expandiendo la cantidad de comercios que aceptan medios de pago electrónicos, brindándoles la posibilidad de acceder a los mismos con un precio topeado de arrendamiento”, señala el informe del MEF.
Por otro lado, se acordó con las principales tarjetas “una nueva rebaja de aranceles, que llevará el arancel de las ventas con tarjeta de débito desde 2,2% a 1,5%, al tiempo que el arancel aplicable a las ventas con tarjeta de crédito pasará a ser de 4%”.