Ayer la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tenía previsto tratar el proyecto de ley presentado en setiembre de 2015 por el nacionalista Luis Lacalle Pou, que establece la creación de un registro nacional de violadores y abusadores de menores. Pero al final el proyecto no fue abordado por la comisión, según señaló el senador Pablo Mieres –integrante de ese cuerpo–, porque el Frente Amplio pidió postergar su tratamiento, ya que “necesitan estudiar más el tema”. Su par Rubén Martínez Huelmo (FA), por su parte, indicó que en realidad no se trató porque “las bancadas no están prontas”, ya que no hicieron “el examen pertinente” del proyecto y, por eso, quedará para ser tratado en marzo. Agregó que “ninguno” de los proyectos de ley en el orden del día “estaba pronto”.
Martínez dijo que hay “muchas dudas” sobre el proyecto pero, no obstante, “no ha tenido una mala mirada” en la bancada oficialista. Agregó que van a analizarlo en el conjunto de la bancada y que es “evidente” que hay “necesidades de cohesión”, no sólo con el proyecto “sino con lo que ha expresado el presidente de la República”, refiriéndose a que a fines de noviembre, en un Consejo de Ministros, Tabaré Vázquez dejó la puerta abierta a la posibilidad de establecer un registro de violadores.
El proyecto de Lacalle Pou establece que en el registro serán incluidos los condenados con “sentencia firme” por los delitos de violación y atentado violento al pudor, así como también “cualquier condenado por delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad, con el objeto de proceder a la individualización de personas responsables”.
También establece que “toda institución educativa, sea pública o privada” de tipo guardería, preescolar, escolar, secundaria, de oficios o universitaria, “deberá, como requisito previo a la contratación de un empleado, exigir un certificado de no inscripción al registro, el que será emitido sin costo por el Ministerio del Interior”. “La reglamentación establecerá las sanciones correspondientes para el caso de incumplimiento a lo preceptuado en este articulado”, señala el proyecto de ley.
“Uruguay, país que siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia legislativa, ha comenzado a quedar rezagado”, indicaba Lacalle Pou en la exposición de motivos del proyecto, en referencia al tema. Además, subrayaba que “estos delitos son altamente condenables, no sólo por lo espurio del acto en sí mismo sino por la clásica indefensión en la que se encuentra la víctima y por las consecuencias que de por vida deberá soportar”.