En 1968 se aprobó en Uruguay la Ley 13.708 (Plan Nacional de Vivienda), cuyo artículo 81 estableció la creación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, compuesto por un impuesto de 1% para los trabajadores y 1% para los empleadores, no transferible. Este sistema se aplicó hasta la presidencia de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), cuando se quitó el aporte patronal y dejó así al fondo conformado sólo por el 1% que aportaban los trabajadores. Con la reforma tributaria de Isaac Alfie, durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), este impuesto pasó del Fondo de Vivienda a Rentas Generales, y con la reforma tributaria de 2007, impulsada por Danilo Astori durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010), quedó sin especificar cuánto dinero se transfería para vivienda. Desde ese entonces la inversión dependió de las sucesivas rendiciones de cuentas, algo que, para la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), hay que modificar.
Jorge Díaz, secretario general de FUCVAM, dijo a la diaria que “la ley fue un hecho histórico porque marcó un antes y un después en la política de vivienda en el país y generó un capítulo especial, que creó las cooperativas de vivienda y concretó el Fondo Nacional de Vivienda [FNV]”. La ley se aplicó durante “mucho tiempo”, pero después el monto de lo que se invertía en vivienda quedó sujeto a la voluntad de cada gobierno. FUCVAM propone ahora un nuevo sistema de financiamiento, para propiciar una política de Estado a largo plazo. En el proyecto de ley redactado por FUCVAM se propone que el fondo no sea “inferior a la suma anual del 2% de los ingresos del trabajo en relación de dependencia o no [...]. Dicho valor se definirá al inicio del período presupuestal y se ajustará cada año por la evolución del Índice Medio de Salarios”. Díaz aseguró que la iniciativa trata de volver a dotar al FNV del equivalente a 2% del total de la masa salarial, sin crear un nuevo impuesto para los trabajadores. El texto especifica que ese dinero se financiará con una tasa del Impuesto al Patrimonio de 50% sobre la tasa actual, “quedando las tasas del impuesto de personas físicas en 0,9% y 1,5% y la de las empresas en 2,25%”. “Cuando dicha sobretasa quede por debajo del valor asignado al FNV (según el cálculo de 2% de la masa salarial), Rentas Generales completará los recursos hasta llegar a dicho monto”, dice el proyecto.
“Este es un impuesto progresivo que grava la riqueza acumulada y, por ende, afecta positivamente la desigualdad”, afirma el proyecto. “El país ha transitado, desde 2005, por un cambio en su política pública con énfasis en crear una matriz de protección social, con servicios universales de calidad y con presupuesto adecuado y con políticas focalizadas para atender los sectores de mayor vulnerabilidad. En ese marco los avances de los componentes de la protección social han sido desparejos tanto en el nivel presupuestal otorgado como en relación a las políticas específicas tanto universales como focalizadas de cada una de las áreas”, agrega el proyecto.
Díaz reafirmó que no se trata de una propuesta sólo para el movimiento cooperativo: “El FNV contempla muchas más variantes, pero de lo que estamos convencidos es de que no se van a solucionar los temas de salud, de educación y de seguridad si no hay viviendas dignas y si seguimos teniendo gente viviendo en asentamientos”. Desde FUCVAM aseguran que en 2016 la inversión en vivienda fue de 186 millones de dólares, pero con lo equivalente a 2% de la masa salarial se alcanzarían los 340 millones de dólares al año. Además, la federación propone crear un impuesto a las viviendas vacías que son usadas para especular en el mercado. En la exposición de motivos del proyecto redactado por la federación, se asegura que “la vivienda ha sido en los tres niveles (universalidad, igualdad de acceso y nivel presupuestal) [el área] menos favorecida”.
Alicia Maneiro, presidenta de FUCVAM, sostuvo que el FNV “abarca mucho, no es sólo vivienda nueva; está todo lo que hace el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”. Para Maneiro, las políticas de Estado que contemplan la vivienda tienen que trascender al gobierno de turno; “de otra manera es imposible abatir el déficit habitacional, que hoy es prácticamente el mismo que teníamos años atrás, y no es que no se haya hecho nada, pero hay muchas variables que hacen que eso sea insuficiente”.
Con relación a las viviendas abandonadas, Díaz dijo que en Uruguay sigue “pesando mucho la propiedad privada, por lo tanto, se sigue especulando con la vivienda. No hay ninguna situación objetiva para que este país tenga que tener gente viviendo en malas condiciones; no tenemos grandes catástrofes, como terremotos. Ahora tenemos más problemas con las inundaciones, pero se ha aplicado una política fuerte para sacar a la gente de las zonas inundables en los distintos departamentos. Lo que hay que hacer es una inversión; si se ve como un gasto, está complicado”, dijo.
FUCVAM también propone una política de regulación de alquileres, en consonancia con el proyecto de ley propuesto por el Partido Comunista. “Está bien que las personas tengan una casa para alquilar, puede ser una salida para los más jóvenes, pero si una pareja tiene que destinar uno de los dos sueldos al alquiler, y con lo que queda hacer todo lo demás, tenemos una desproporción muy grande”, opinó Díaz. En la actualidad está vigente la Ley 14.219 (de alquileres), cuyo artículo 16 establece que, “si el precio resultante de la actualización del alquiler superara el 25% de los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional ocupante de la finca, el nuevo alquiler será rebajado hasta el porcentaje referido. Cuando los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional sean inferiores a 25 UR [25.525 pesos, al valor de diciembre de 2017], el porcentaje máximo de afectación se reducirá al 20%”. Díaz afirmó que, si bien es una buena política, “es imposible ponerla en práctica”, porque el precio de los alquileres “está liberado”.
Un capítulo aparte es el de las viviendas de “interés social” o “viviendas promovidas”, que fueron establecidas por la Ley 18.795, en la que se “quitan impuestos a la construcción para que los inversores se instalen”, dijo el secretario general de FUCVAM. “Se suponía que eso iba a ser para las clases medias bajas, y para afectar los lugares donde no se construía: de Avenida Italia hacia el norte. Eso no generó que las clases medias accedieran a comprar, porque los precios se fueron muy arriba. Una vivienda de un dormitorio sale 120.000 dólares, cuando por el sistema de cooperativa se hace una de dos dormitorios por 60.000. Esas viviendas no se venden, por lo que los propios inversores las ponen para alquilar. Con eso se podía pensar que iba a aumentar la oferta de alquileres y, por lo tanto, bajar los precios, pero lo que pasó fue que los que tenían un lugar para alquilar subieron los precios, porque las viviendas nuevas, a estrenar, estaban más caras y competían con ellas”. Los alquileres, explicó Díaz, que estaban hace tres años a 12.000 pesos ahora están a 13.000, más barato que los 15.000 que se pide por una vivienda de interés social, pero 1.000 pesos por encima de lo que estaban hace unos años. “Si bien la Constitución dice que la vivienda es un derecho, el sistema capitalista hizo que sea un bien de uso. En la práctica es una mercancía”, concluyó.