El viernes el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General un proyecto de ley que aprueba un acuerdo entre los estados partes y los estados asociados del Mercosur “para el intercambio de información sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, y que fue suscrito en Mendoza el 20 de julio. En la exposición de motivos del proyecto (que está a cargo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional) se señala que el “crimen organizado transnacional” está teniendo “una tendencia al incremento”, lo que conlleva “nuevos desafíos que impulsan a los países a tomar acciones conjuntas y coordinadas con el fin de reducir los delitos y su impacto negativo sobre la población”.
El texto consigna que los estados partes toman como referencia el Programa de Acción de las Naciones Unidas para “prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”, adoptado en julio de 2001, así como otros mecanismos de cooperación.
Además, se agrega que el acuerdo estipula que las autoridades de aplicación del mecanismo de cooperación serán los organismos de cada parte que tengan “competencia en el control, fabricación y comercialización de armas de fuego”, así como los responsables de la inteligencia estratégica “referida a la identificación de grupos criminales involucrados en esos ilícitos y de sus modus operandi”. Además, se prevé la confidencialidad de la información “cuando así lo requiera la Parte que solicite o suministre la información”.