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Gremiales rurales están dispuestas a hacer “sacrificios” si el gobierno deja sin efecto la suba del gasoil y de la electricidad

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Varias gremiales rurales firmaron ayer un comunicado conjunto en el que piden dejar sin efecto el aumento de la energía eléctrica y del gasoil que se producirá a partir de 2018, de 3,2% y 4,8%, respectivamente, por debajo de lo que se espera que será la inflación anual, en el entorno de 6,5%.

“Apelamos a compartir los sacrificios que sean necesarios, dejando sin efecto los ajustes previstos, en pos de una recuperación real y gradual de la competitividad, que de no ocurrir provocará el colapso de numerosos sectores que conforman el tan mentado Uruguay productivo”, dice el texto, firmado por la Federación Rural, la Asociación Rural del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, Cooperativas Agrarias Federadas y la Asociación de Cultivadores de Arroz.

El comunicado recuerda que en varios encuentros del “sector productivo”, en conjunto con Presidencia y los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Energía y Minería, “se logró un franco entendimiento sobre la falta de competitividad que atraviesa nuestro sector y el impacto que las tarifas públicas están teniendo sobre las empresas, familias y trabajadores vinculados”. El texto agrega que el propio presidente Tabaré Vázquez dijo en una oportunidad estar “estudiando en profundizad el tema relativo al precio del gasoil”, y que su intención era “poder avanzar en el mismo en el correr del presente año”. “Es en este marco que los productores nos llevamos la poco grata sorpresa de que el Gobierno definió nuevos incrementos”, continúa el comunicado. Las gremiales agrarias sostienen que su “déficit es tanto o más grave que el que acusa el propio Estado, pese a lo cual se ha ignorado nuevamente la situación del sector productivo, que ha demostrado a través de innumerables esfuerzos su compromiso para ajustar costos y optimizar la productividad, resultando un ejemplo a seguir por otros actores”. Por eso, se reclama que “el Gobierno debe controlar el déficit fiscal y a la vez atender la realidad de aquellos que en definitiva resultan ser grandes aportantes a las arcas públicas, postergando el proyectado aumento de tarifas”.

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