En 2014 el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) Fernando Calloia fueron procesados sin prisión por el delito de abuso de funciones, por haber otorgado el aval a la empresa española Cosmo para presentarse como oferente en la subasta por siete aviones de Pluna. Si bien el auto de procesamiento fue apelado, la Suprema Corte de Justicia confirmó los procesamientos, lo que determinó el inicio del juicio en el que ayer la jueza de Crimen Organizado de 4º Turno, María Helena Mainard, dictó sentencia. El fallo condena a Calloia por el delito de abuso de funciones a 20 meses de prisión, lo inhabilita a presentarse a cargos públicos por dos años y le impone una multa de 1.000 unidades reajustables (poco más de un millón de pesos). De todas formas, la jueza solicita que se le suspenda condicionalmente la prisión, ya que la pena impuesta es menor a 24 meses.
En tanto, Mainard dispone la absolución de Lorenzo y para fundamentarlo coincide en la argumentación con el escrito presentado por la defensa del ex ministro de Economía, que básicamente apuntó al hecho de que Lorenzo, como ministro de Economía, no tenía la autoridad para otorgar el aval a la empresa: “Hay una condición fundamental que debe tener el autor de esta figura delictiva, presupuesto indispensable para su configuración, y es la autoridad, esto es las facultades, poderes y medios inherentes al cargo, de los que el funcionario se abusa. Y en la hipótesis este extremo no se verifica, ya que no puede abusar de su autoridad quien no la tiene”, señala la jueza.
Historia reciente
Para recordar los hechos por los que se juzgó a Calloia y a Lorenzo hay que retrotraerse a setiembre de 2012, después de que el Poder Ejecutivo resolviera liquidar la única aerolínea de bandera nacional, Pluna, y que, para no tener que hacer frente al pago de la garantía de sus siete aviones, decidiera subastarlos. Se fijó el 12 de setiembre de 2012 como fecha del remate, pero luego se postergó para el 1º de octubre. El 28 de setiembre Lorenzo se comunicó telefónicamente con Calloia para saber si había empresas interesadas en tramitar los avales necesarios para presentarse a la subasta, y el entonces presidente del banco, después de consultar en la oficina correspondiente, le transmitió que había dos empresas gestionándolos. En la mañana del 1º de octubre, el día del remate, Lorenzo reiteró la llamada a Calloia y le informó que Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, le había dicho que una empresa se acercaría a tramitar el aval y que, en ese caso, “le estaba solicitando al BROU que hiciera los máximos esfuerzos que tuvieran a su alcance para emitir ese aval en particular”.
Según resume el fallo, el gerente ejecutivo de la División Empresas del banco, Raúl García, le transmitió a Calloia que Cosmo, “al ser una firma extranjera, sin antecedentes en el banco, de la que se contaba con muy poca información y sin ninguna garantía, no podía ser considerada” para recibir el aval. “No obstante ello, Calloia le indicó que era de interés nacional y que además de su consentimiento, contaba con el consentimiento de los directores del BROU, a saber [Danilo] Vázquez y [Jorge] Perazzo”. Con el aval, Cosmo, representado por Hernán Antonio Calvo Sánchez, más conocido como el “caballero de la derecha”, se presentó en la Rural del Prado, donde se realizó la subasta, y resultó el mejor postor con una oferta de 137 millones de dólares por las siete aeronaves.
Finalmente, el directorio del BROU aprobó el otorgamiento del aval el 8 de diciembre, con los votos de Calloia y los dos directores oficialistas, y se adjuntó la garantía de mantenimiento de la oferta concedida por la aseguradora Boston Seguros, con la que opera López Mena, pero el 11 de octubre Cosmo transmitió que desistía de la opción de compra de los aviones.
Uno y otro
La defensa de Calloia argumentó que “para otorgar el aval se contaba con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas y que es común dentro de la actividad bancaria, que el cliente complete la información requerida por el regulador a posteriori”, que no hubo “acto arbitrario ordenado por motivaciones personales, sino que el motivo del acto era total y absolutamente coincidente con el interés estatal”, y que el directorio aprobó la operación, por lo que fue un “acto orgánico”. Pero la jueza cita un informe elaborado por el Banco Central sobre la operativa para el otorgamiento del aval, que establece que no se cumplió con la carta orgánica: “Se verificó que con la información que contenía la carpeta del cliente era insuficiente para valorar el riesgo del crédito asumido” y no se tenían “datos mínimos identificatorios”. Por estos elementos, la operación fue comunicada por el BROU a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, “por advertirse situaciones inusuales, lo que ameritó una multa”. La jueza concluye que el otorgamiento del aval fue “una decisión apurada tomada por el imputado como Presidente del BROU, que incumplió con los requisitos mínimos para los clientes, aún luego de concederse el aval y que ante la falta de transparencia de la operación, tuvo que reportarla como sospechosa”, y señala que si bien la sanción del Banco Central “es de índole administrativa y no convierte el hecho en ilícito, ya que no se trata de una investigación relativa a lavado de activos, corrobora lo irregular de la situación y que el aval fue otorgado en forma irregular”. Mainard concluye que el acto de Calloia fue “arbitrario” y “antijurídico”.
En relación a la actuación de Lorenzo, Mainard coincide con los abogados del ex ministro. “No surge probado que este hubiera actuado como garante verbal de la operación”, señala, y agrega: “Obviamente que el imputado Lorenzo no cometió el acto por el cual se concedió el aval referido; tampoco pudo ordenarlo, ya que el receptor no estaba sujeto a su jerarquía y no tendría por qué aceptar la orden”.
Reacciones en el FA
El presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, y el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini fueron algunos de los políticos que saludaron la absolución de Lorenzo. También lo hizo el actual subsecretario de Economía, Pablo Ferreri: “Me alegro enormemente por quien es en mi caso no sólo un gran amigo sino un referente. Nadie le devolverá el tiempo que sufrió tanto él como su familia”, escribió en su cuenta de Twitter. El sector del Frente Amplio Banderas de Liber también saludó la decisión judicial sobre Lorenzo, pero lamentó que la situación de Calloia no tuviera el mismo desenlace: “Nos preocupa la situación de Fernando Calloia, quién rescató al Banco República de una situación de corralito para convertirlo en la sólida institución que es hoy. Fue condenado por la misma jueza por haber ordenado un aval a alguien que se iba a presentar a una licitación. Pero en todo el expediente se repite que estaba autorizado a hacerlo y la vida demostró que el BROU cobró toda la multa por incumplimiento, lo que no sólo no lo perjudicó, sino que generó una ganancia de millones de dólares”.