“La tarifa eléctrica es injusta; bajarla es posible”, sostiene el sindicato de funcionarios de UTE en una nota editorial publicada en su sitio web. La propuesta de la Asociación de Funcionarios de la UTE (AUTE) supone una solución transitoria que implicaría una baja de 16% en la tarifa residencial, y también un cambio estructural con el objetivo de que los hogares dejen de subsidiar a las empresas.
Para los funcionarios de la empresa estatal, el debate relativo a las tarifas “está plagado de voces oportunistas”, con “grupos de poder intentando falsear la realidad”. Acusan al Ministerio de Economía y Finanzas de tener un “afán recaudador” que termina “cargando sobre los precios de la energía eléctrica domiciliaria”, y establecen que el aumento de 3,2% aprobado para que rija a partir del próximo 1º de enero, si bien está por debajo del promedio inflacionario, “sigue siendo un aumento que se pudo haber evitado”.
Los trabajadores admiten que existe un “problema real”, pero, más allá de las discusiones sobre el precio concreto que pagan los hogares, enfocan su debate en “por qué se debe pagar tanto”. Según dicen, los hogares están “subsidiando indirectamente” a las empresas, ya que, de acuerdo con los cálculos presentados, el peso de la tarifa eléctrica en relación a los ingresos es mayor para los hogares que para estas –de 4% contra 0,4%–. Es “un esfuerzo diez veces mayor para los trabajadores que para los patrones, y de 25 veces más cuando se consideran los hogares más pobres”, concluye el sindicato, en el entendido de que la factura eléctrica es, en el caso de los hogares de menores recursos, equivalente al 10% de los ingresos.
Según dice el texto publicado por el sindicato, “se paga mucho para garantizar que los medianos y grandes consumidores de energía eléctrica paguen poco, y para que los generadores privados de energía se sigan enriqueciendo con el abusivo negocio del cambio de la matriz energética”. Pero para los funcionarios, esto no es algo nuevo. Por el contrario, sostienen que la situación de desigualdad se remonta a al menos los últimos 20 años, y que, “más allá de alguna tendencia a evolucionar, igual se mantiene un desequilibrio histórico enorme en perjuicio de los hogares”. Y las cosas no parecen estar en vías de cambiar: de acuerdo al texto difundido, los contratos firmados por UTE con las empresas de generación privada les aseguran a estas “ganancias extraordinarias” por 20 años más.
Los funcionarios se posicionan como “absolutamente distantes” de estas medidas y sostienen que “existen condiciones” para bajar la tarifa de los hogares. En el corto plazo, y atendiendo al hecho de que “el acceso a la energía es un derecho humano”, las propuestas de AUTE suponen, por un lado, de manera transitoria, bajar el IVA a la potencia contratada y a la primera franja de consumo –de 200 kilowatts–, lo que podría desembocar en una baja de 16% para la tarifa residencial, según el presidente del sindicato, Sebastián Herrera. El sindicato sostiene que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ya tiene sus propuestas detalladas, pero reclama que “nunca fueron siquiera tomadas en cuenta” por el Poder Ejecutivo.
A largo plazo, los trabajadores proponen una “rediscusión de fondo” que implique la modificación del peso del pago del kilowatt –hoy, de la mitad para el gran consumidor, en comparación con el pago de los residenciales–. “Pero eso implica modificar la ley” –explicó Herrera–, que hoy le significa a UTE “facturar en función de los costos que implica llevar la energía a la casa del cliente”. Por eso, dijo, “necesitamos discutir cambios de fondo”. Los trabajadores sindicalizados anuncian la convocatoria a un “movimiento de usuarios” y exigen “ámbitos” para la discusión con participación en conjunto con los trabajadores.
Si bien no tienen previsto un mojón, sí establecen que están “trabajando en una línea estratégica a los próximos dos años que suponen la creación de este movimiento”, afirmó Herrera, y contó que el sindicato se está acercando a los usuarios mediante “recorridas por los barrios”. “Ya [la titular del MIEM, Carolina] Cosse dijo que se deberían bajar las tarifas, y después salió [el presidente de UTE, Gonzalo] Casaravilla a decir que están las condiciones para hacerlo. Entonces nos preguntamos: ¿por qué no? Queremos generar un debate público y que sea de calidad”, concluyó.