Hace más de un año (setiembre de 2016), cerca de una treintena de familias que conformaron el barrio La Quinta fueron desalojadas de un terreno privado que pertenece a la fábrica de vidrio Vicry SA, ubicado en la calle Pantaleón Pérez (entre los barrios Maroñas y La Cruz de Carrasco). Inmediatamente después, las familias fueron realojadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MOVTMA) en un predio de la Intendencia de Montevideo (IM) ubicado en la calle Rodolfo Almeida Pintos, en el barrio Casavalle. Allí construyeron sus casas de forma precaria, sólo con chapas y maderas, ya que, como el MOVTMA planea construirles viviendas definitivas en el terreno de al lado, no se les permitió edificar con hormigón. Además, no tienen saneamiento y disponen de sólo cuatro duchas para las cerca de 100 personas que allí habitan –además de varios baños químicos–.
Así las cosas, y luego de 15 meses, mañana a las 17.00 un equipo del MOVTMA se reunirá con los vecinos de La Quinta para presentarles el proyecto de construcción de las viviendas, que empezaría por estos días, antes de que comience la licencia de la construcción (que va del 26 de diciembre al 11 de enero), según dijo a la diaria Cecilia Cairo, coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios del MVOTMA, quien agregó que lo único que falta para empezar la edificación es que la IM dé el permiso de construcción. La empresa encargada de levantar las viviendas será Ebital SA, la misma que construyó las casas en Dolores luego de que esa ciudad de Soriano fuera devastada por un tornado, en abril de 2016. La empresa fue contratada directamente –“para hacerlo más rápido”, acota Cairo– mediante una resolución del presidente Tabaré Vázquez del 9 de octubre.
El texto de la resolución señala la situación habitacional “extremadamente crítica” de las familias provenientes del “ex Asentamiento La Quinta”, que fueron trasladadas a un terreno “en el que 36 familias levantaron,con chapas, madera y materiales de desecho, un refugio precario, que no cuentan con baños, agua potable, energía eléctrica, ni acceso a servicios públicos”. Además, la resolución subraya que “existe la necesidad de evitar la consolidación de las construcciones precarias que habitan las familias”, por lo que “se estima pertinente adoptar los mecanismos necesarios a efectos de atender en lo inmediato a las familias afectadas, siendo imprescindible adoptar medidas concretas a fin de dar solución a la problemática habitacional de alta vulnerabilidad”.
La resolución informa que la propuesta de cotización que presentó Ebital para la construcción es de 60 millones de pesos (más IVA), a lo que se suma un monto por concepto de leyes sociales de hasta nueve millones y medio de pesos. Los servicios técnicos de la Dirección Nacional de Vivienda analizaron la propuesta y establecieron que tiene un costo por metro cuadrado construido que es “adecuado”, y además la empresa cumplió “exitosamente” con los plazos prometidos para las construcciones realizadas en Dolores. El texto resolutivo explicita que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 (inciso 3, numeral 9) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, se habilita la contratación directa cuando “medien probadas razones de urgencia”. La resolución presidencial toma en consideración que en el caso de La Quinta “se trata de familias de extrema vulnerabilidad, que habitan soluciones precarias, las cuales al no contar con servicios públicos de saneamiento y energía eléctrica, corren riesgos inminentes de contaminación del ambiente que habitan y del barrio, y en consecuencia esta situación puede afectar la salud de las familias y de los habitantes del barrio”. Por último, el decreto señala que la erogación será financiada con recursos del Fondo Nacional de Vivienda, proyecto 717, “Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales”.
Por su parte, Eulogio Mora, presidente de la Comisión Vecinal de La Quinta, subrayó a la diaria que algunas familias del predio se mudaron “por los problemas de seguridad” de Casavalle. Aseguró que en la zona “hay tiros todos los días”, y que algunos que fueron disparados al aire cayeron en los techos de chapa y les hicieron agujeros. Cairo señaló que la ausencia de algunas familias no modifica la cantidad de casas que se estableció en el contrato original, y aseguró que las familias que se mudaron no sólo lo hicieron por motivos de seguridad, ya que “hay muchas más cosas que pasan en el mundo”, como las separaciones. No obstante, dijo: “Pero la inseguridad forma parte de este país, desgraciadamente, de un tiempo a esta parte; no estamos libres”.