La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, respondió a la acusación de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE), de que ella había admitido ante la Junta Departamental que había comprado balastro “en negro”. “Fui a la Junta y hablé de un procedimiento que tiene 30 años, que estamos trabajando para modificar y que ya hemos modificado”, explicó Peña en una entrevista emitida por Montecarlo Televisión ayer de mañana.
Según sostuvo, si bien la Intendencia de Lavalleja (IL) tiene sus propias canteras, “en los caminos alejados de esas canteras siempre los vecinos han donado el material para que se realicen los caminos, porque si no, es imposible”. Ante esa situación, “lo que hacemos es que el vecino nos da el material y nosotros le damos un pequeño dinero como forma de retribuirle el destrozo que se hace”. Este daño, en opinión de la intendenta, no es nada menor, porque “donde se hace un agujero, nunca más [el productor] va a tener una vaca o una oveja comiendo. Ahí pierde el productor, que incluso, muchas veces, nos permite dejar la maquinaria. Cuando se saca de ahí, a modo de retribuirle el destrozo, le damos diez pesos por metro cúbico”.
Peña explicó que llevó a juicio por difamación e injurias a Tomás Casas, presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja y ex candidato a la IL -también por el Partido Nacional- porque llegó “al límite del aguante [de] escuchar que dijeran cualquier cosa”.
La audiencia tras la demanda de Peña estaba programada para el martes 14, pero se suspendió, debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado de Casas, Gustavo Salle.