Las palabras de Aguerre vinieron antecedidas por una breve exposición de Adrián Tambler, subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Este funcionario explicó en detalle el funcionamiento del fondo. Luego, profundizó en cómo esta cartera toma conocimiento de quiénes son los beneficiarios: “Una vez que están las normas establecidas, se les pide a las industrias procesadoras, industrializadoras y exportadoras que le remitan al ministerio la información que precisamos de los productores: la producción de los últimos tres años, cuánto van a plantar en las zafras en curso y también cuánto es la deuda que tienen con los molinos cada uno de los productores”. También informó que el MGAP analiza si los productores “tienen las características para ser beneficiarios”. Esto exige que a continuación los productores deban firmar las fichas de información que envían los molinos. Luego la cartera determina cuál de las tres zafras fue la mejor para cada productor, que es la que se tiene en cuenta para calcular lo que le corresponde a cada beneficiario. Por último, con esos datos como base, se elabora la resolución ministerial, que establece los montos para los productores. “Es un trabajo totalmente mecánico”, resumió.
Pura ira
Tras estas consideraciones técnicas, Aguerre pidió que se retiraran los funcionarios del ministerio, explicando que los temas políticos los iba a enfrentar personalmente. “Nunca se lo he ocultado a nadie. Soy productor arrocero, y en realidad creo que soy ministro porque soy arrocero”, afirmó, para luego agregar que también es productor ganadero, de sorgo, de caña y tiene una empresa de transporte. “Ninguna de esas actividades tiene ningún tipo de conflicto, salvo que me hubiera beneficiado (de haberme beneficiado) por algún tipo de beneficio fiscal”, razonó.
Después, explicó por qué se adhiere al fondo: “Es ilógico no recibir la cuota parte de los recursos que después, por ley, obligatoriamente va a haber que pagar”. A pesar de que el fondo es administrado por el MGAP y el Ministerio de Economía y Finanzas (y que su cartera es la encargada tanto de hacer cumplir la ley que creó el fondo como de ejercer las sanciones), Aguerre sostuvo que “no hay ninguna forma de que discrecionalmente la autoridad de turno cambie alguno de esos conceptos que están definidos por ley”.
“Acá no hay fondos públicos. Son fondos privados que le prestan a un sector productivo integrado por 580 productores, que reciben los recursos en proporción, de acuerdo a sus antecedentes de producción”, continuó. En el fondo de creación del fideicomiso participan el banco Itaú, el BBVA y también el Banco República. Luego dijo que no existe ningún tipo de “trámite personal” que tengan que hacer los productores, aunque reiteró que estos debían darle el “visto bueno” a lo que declaran los molinos. El decreto 336/2016, a su vez, establece que aquellos productores que exporten directamente la totalidad o una parte de su producción, “deberán presentar ante el MGAP una declaración jurada” con la producción que realizaron, según un modelo de formulario que la cartera deberá aprobar.
Aguerre también resaltó que los productores arroceros están obligados a pagar la retención con la que se financia el fondo. Seguidamente se preguntó: “¿Cuál es el conflicto, si el procedimiento por el cual se logra definir el número es transparente, por la forma que ya se explicó? Si se quieren generar suspicacias o conflictos aparentemente éticos... que intenten hacerlo. Creo que la información que he dado es de que acá no hay ningún conflicto de intereses”. Según dijo, ante cualquier duda habría que preguntarles a los productores arroceros y los representantes de los molinos de la comisión de contralor, y estos hasta ahora no han presentado ninguna queja.
Tras admitir que habló con el presidente Tabaré Vázquez y decir que si fuera por este “no hubiera contestado”, Aguerre dijo que de haber querido beneficiarse como productor de su rol en la administración pública, se habría postulado a la Ley de Promoción de Inversiones. “En ese caso sí habría un conflicto ético, porque la resolución del análisis de la viabilidad del proyecto, que va a buscar el beneficio fiscal, llevaría mi firma con el análisis que hace un funcionario de mi ministerio, en un trámite que hace el productor o un estudio contable que hace la gestión”.
Curiosamente, las resoluciones del 24 de enero y del 30 de mayo de 2014 que le otorgaron los préstamos del fondo arrocero a Aguerre no llevaban su firma, aunque según el jerarca fue por pura casualidad. Ambas fueron firmadas por el subsecretario, Enzo Benech. El jerarca explicó que “coincidió las dos veces que esto salió: en el fondo III yo estaba de viaje y en esta oportunidad estaba de licencia. El fondo se hace porque los productores lo necesitan, y no van a esperar a que el ministro vuelva”.