Tres cosas. Al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que convoque a audiencias públicas para “escuchar todas las opiniones con respecto a la conveniencia o no de autorizar un proyecto con estas características”. A los gobiernos departamentales, que emprendan “las acciones necesarias para hacer respetar las decisiones adoptadas en concordancia con el sentimiento de las poblaciones locales y con las atribuciones de las leyes y la Constitución nacionales”, es decir, las prohibiciones del uso del método del fracking que rigen en Salto y Paysandú. Y a los legisladores nacionales, “la agilización del trámite de aprobación de una ley que prohíba la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en el país”.
Estas son las demandas principales de las organizaciones contrarias al uso de la metodología de extracción petrolera de fractura hidráulica, más conocida como fracking, entre las que se encuentran movimientos como Uruguay Libre de Megaminería y Paysandú Nuestro. Tal como adelantara la diaria, estas organizaciones presentaron ayer informes críticos del proyecto y su estudio de impacto ambiental, que fue publicado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En un gesto que no esperaban y que en conferencia de prensa catalogaron como “singular” y evaluaron como “positivo”, fueron recibidos por el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Según explicó Nario a la diaria, su idea fue “garantizar a las organizaciones” que “técnicamente todo lo que la empresa ha presentado es para exploración de hidrocarburos convencionales, que la resolución ambiental en el caso de otorgarse va a ser para convencionales y que se harán todas las inspecciones para que eso se haga efectivamente así”. Según agregó, que se presenten dudas y reparos “es parte del proceso, ayuda a ver si hay algo en lo que poner foco especial, y está bueno que ellos asuman esa responsabilidad con seriedad y tengan sus planteos”. Entonces, básicamente lo que hizo Nario fue garantizar, desde la institucionalidad, que el proyecto que Schuepbach Energy presentó no contempla la exploración ni explotación de hidrocarburos no convencionales ni el uso del fracking. Pero además, en la reunión, y a título personal, Nario se dijo contrario a la explotación mediante esta técnica. La posición de Nario se condice con lo anunciado por el presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros realizado en Paysandú en enero de 2016. En esa ocasión, y en referencia a un cartel que portaban asistentes que se encontraban entre el público, Vázquez dio la palabra a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, que dijo: “El fracking no está en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno”. Y el presidente afirmó enseguida: “¿Quedó claro? No va a haber fracking en Uruguay”.
Sin embargo, pese a la fuerza de esa declaración, la definición sigue siendo una cuestión de gobierno y no de Estado, a pesar de que hay tres proyectos de ley a estudio en la Comisión de Industria, Energía y Minería del Parlamento: dos de 2015 y uno de 2016. El comunicado de Paysandú Nuestro cuestiona este aspecto: “Si bien es cierto que desde el Poder Ejecutivo nacional se afirma que no va a haber fracking en Uruguay, vemos con preocupación cómo la fuerza política en el gobierno no acompaña con la voluntad política necesaria los proyectos de ley presentados que prohibirían esta tecnología”.
Respecto de la solicitud de que se realicen las audiencias públicas, que no son obligatorias para proyectos con categoría B -como este- pero están contempladas, Nario dijo que no fue planteado en la reunión de ayer. Pero el comunicado pide que se realicen en Tambores, Piedra Sola y en la ciudad de Paysandú. Nario dice: “En principio no vemos razones para hacer audiencia pública. Si la discusión es si va a haber fracking o no, no tiene sentido. Porque no va a haber fracking. Nadie ha presentado un proyecto sobre fracking en el país”. Y agrega que “un comunicado de la empresa no afecta para nada el análisis”. Las organizaciones dicen, palabras más, palabras menos, que luego de la confusión generada, aunque sea extracción convencional, deberían hacerse las audiencias, para darles garantías a las comunidades.
A pesar de las declaraciones del gobierno, las organizaciones siguen dudando. Y es entendible si se tiene en cuenta lo que suele ocurrir en el mundo cuando aparecen las pretensiones de las grandes empresas petroleras, y si se consideran las declaraciones de las empresas vinculadas a este tema, que han dicho en reiteradas ocasiones, tanto a nivel público como a sus accionistas e inversores, que buscan petróleo convencional y no convencional. En el comunicado, Paysandú Nuestro dice: “En los años en que venimos ocupándonos de este tema, hemos aprendido a confiar en el poder de la sociedad civil organizada y a valorar los caminos que nos ofrece nuestra democracia para oponernos a estos emprendimientos. Pero también aprendimos a leer entre líneas, a desconfiar del doble discurso de la industria petrolera, que, por un lado, para sus inversores promociona los yacimientos no convencionales, y en lo local niega en forma categórica que se pueda usar el fracking”.