La intendenta de Lavalleja, la nacionalista Adriana Peña, se ve envuelta en un conflicto con la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE). Todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando Tomás Casas, presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, declaró a un programa local de televisión por cable que la comuna departamental compró balastro “en negro”, algo que, según sostiene, admitió la propia Peña. La intendenta respondió con una denuncia por difamación e injurias contra Casas, por la cual se llevará un juicio oral y público este martes. En la víspera de esta instancia, toda la directiva de CRECE se ha alineado con el gremialista y ratifica las acusaciones hechas contra Peña.
“La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, reconoció públicamente que la Intendencia que dirige realizó compras en negro. La Intendenta dijo además que lo hizo para ahorrar. Lo dijo en la misma Junta Departamental, y hasta señaló incluso que le informó de esta operatoria al Presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez, en el Congreso de Intendentes.”, comienza el comunicado de CRECE, titulado con ironía “Comprar en negro, la mejor forma de ahorrar”.
El texto resalta que a raíz de las declaraciones de Casas, Peña “le realizó una denuncia penal por los delitos de difamación e injurias”. La situación es “tan alarmante”, sostiene el comunicado, que mientras Casas hacía estas denuncias “los inspectores de la Dirección General Impositiva llegaban al Departamento de Lavalleja, especialmente a la ciudad de Minas, y realizaban operativos feroces sobre los pequeños comerciantes locales”. Por esta situación, los integrantes de CRECE se encolumnaron detrás de Casas y se comprometieron a asistir a la audiencia judicial que se realizará el martes. Además, sostienen, exigirán que se respondan algunas preguntas que se desprenden de la situación: “¿Si el responsable máximo de una Intendencia reconoce que realiza compras en negro para abaratar costos, por qué se les exige a los comerciantes estar en regla y afrontar todas las obligaciones impositivas que marca la ley? ¿Cómo puede aceptarse que una intendenta afirme que el Presidente de la República -y el Ministerio de Transporte- están al tanto de esta situación y que asegure que se trata de una práctica usual, mientras con los comercios establecidos el Estado practica la tolerancia cero, acosándolos y sancionándolos ante la más mínima irregularidad? ¿Cómo es posible que esto ocurra desde el Estado mismo?”, culmina el comunicado.
Martín Rodríguez, del Centro Comercial e Industrial de Rocha, dijo a la diaria que si bien Peña le pidió a Casas que se retracte, “no va a haber retractación alguna e incluso [Casas] va a iniciar acciones legales en contra de la intendenta”. El empresario no es ajeno al mundo de la política: compitió en las departamentales de 2015 en Lavalleja con Peña por la Intendencia, ambos por el Partido Nacional, aunque la victoria de la ahora titular de la comuna sobre el denunciado fue abrumadora.
En diálogo con la diaria, Casas recordó que en sus declaraciones al programa Propuesta 2016 se exhibieron las actas en las que Peña confiesa las compras “en negro” durante una comparecencia en la Junta Departamental de Lavalleja, en mayo, en las que se abordaron las observaciones del Tribunal de Cuentas al presupuesto de 2015. “Son compras sin boleta, directamente”, dijo el gremialista, “fundamentalmente en la adquisición de balastro para la caminería rural, una obra que se realiza en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que es el que libera los fondos una vez culminados los trabajos”.
Casas sostuvo que Peña no sólo reconoció estas compras, sino que afirmó que las iba a seguir haciendo “porque era una forma de ahorrar dinero para poder hacer más obras”. Además de este gremialista y ex candidato a la intendencia, también fue denunciado por difamación e injurias el conductor del programa televisivo, José Ramírez.
El abogado de Casas y Ramírez, Gustavo Salle, explicó que tras la denuncia de Peña interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante las nuevas leyes que rigen al Ministerio Público, que “violaron la independencia técnica de los fiscales”: la ley que transforma esta oficina en un servicio descentralizado, y la nueva ley orgánica, “que admite que [el fiscal de Corte] Jorge Díaz dé directivas”. Con eso, sostuvo, “se supone que la jueza y el fiscal de Lavalleja deberían suspender las actuaciones y enviarlas a Montevideo”, a la Suprema Corte de Justicia. Luego de que se dirima esa cuestión, explicó Salle, “Casas y Ramírez van a realizar la denuncia por el delito que implica que un funcionario público compre mercadería por fuera del Texto Ordenado de Compras y Administración Financiera”. Finalmente, el abogado recordó que “todo el tema de la caminería se hace con supervisión del MTOP”, y se preguntó “cómo hace [el ministro Víctor] Rossi para no darse cuenta de que la intendenta de Lavalleja está comprando en negro”.
La otra campana
Para la intendencia, el tema ha sido extremadamente distorsionado y “magnificado”. Así lo explicó el director de la División Jurídica de la comuna, Marcelo Moreira, a la diaria. El jerarca sostuvo que las compras de balastro que realizó la intendencia “no tienen ningún problema”.
Según Moreira, “el que está vendiendo es el que no está regularizado”. La compra de balastro para este tipo de casos está regida por lo que se llama una “servidumbre administrativa”; “en algún momento histórico eso se deformó y se pasó a [a la modalidad de] compra, seguramente por un tema de agilidad, pero en realidad esto está previsto en el Código Rural para las obras municipales, con su regulación correspondiente. Pero esto hace 20 años que se hace así”. El jerarca dijo que las compras se realizan a “inmuebles rurales que están cerca de obras y sus propietarios acceden a que se les retire el material, y se los indemniza, a cambio, por el valor del material que se les retira [balastro], [lo] que se realiza en función de la jurisprudencia”: Moreira ilustró que “el metro cúbico de balastro comprado en barraca está a un precio de 200 pesos más el traslado, y con este sistema se obtiene a entre diez y 15 pesos.
A pesar de estos beneficios, Moreira admitió que el procedimiento que ahora se utiliza “está mal” técnicamente, por lo que ya están volviendo a trabajar en un sistema de servidumbre administrativa, para que todo el mecanismo esté debidamente notificado, con un consentimiento de los propietarios de los inmuebles.