El proyecto de Código Penal volverá a discutirse este año en el Parlamento. En la legislatura pasada se presentó una iniciativa para reformarlo, redactada por una comisión de juristas, que estuvo a punto de ser aprobada en el plenario de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios del FA paralizaron el tratamiento del texto en diciembre de 2014, tras la crítica pública que le hicieron más de 40 organizaciones sociales que cuestionaron el proyecto por vulnerar los derechos humanos.
Concretamente, entre otros señalamientos, las organizaciones denunciaron que la iniciativa “banaliza los delitos sexuales que no implican penetración, denominándolos delitos contra el pudor y reduciendo la pena de forma que permita la excarcelación”, cuando estos casos son los abusos más frecuentes contra niños y adolescentes. Además, señalaron que el proyecto reduce los “delitos contra la humanidad” a la clonación y manipulación genética y omite los crímenes de genocidio, tortura, trata de personas y tráfico de migrantes, así como los delitos económicos. El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay Adela Reta (Ciepur) calificó el proyecto de “retrógado, conservador y asistemático”, y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sugirió incorporar a la iniciativa los delitos de homicidio político, desaparición forzada de personas, tortura, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Este lunes, en la reunión de bancada de senadores y de diputados del FA, varios legisladores plantearon la necesidad de retomar la discusión de la iniciativa para poder aprobarla en este período de gobierno. Según informó la diputada frenteamplista Cecilia Bottino, la idea es incorporar las propuestas de las organizaciones sociales y darle una nueva redacción al texto. Al mismo tiempo, se buscará integrar en el nuevo Código Penal los proyectos que establecen delitos penales presentados recientemente por el Poder Ejecutivo. En el caso del proyecto integral contra la violencia de género, la parte de tipificación penal pasaría a integrarse al nuevo texto. Lo mismo sucedería en el caso del proyecto de ley que tipifica delitos ambientales, enviado al Parlamento en febrero por el Ejecutivo.