En 2002 se prohibió cambiar de prestador de salud para cortar el viva la pepa que comenzó en la década de 1990, cuando surgieron los llamados “intermediarios lucrativos”: organizaciones contratadas por los prestadores de salud que ofrecen dinero a los posibles futuros afiliados a cambio de optar por otra mutualista. Desde 2009 y hasta la actualidad, las personas amparadas por el Seguro Nacional de Salud pueden cambiarse de prestador después de haber permanecido tres años en el mismo; el “corralito mutual” se abre cada febrero, y ese mes pululan los “intermediarios”. Este año, en enero, el ministro de Salud, Jorge Basso, advirtió que es ilegal pagar para “capturar socios”, y que el año pasado hubo tres procesamientos de intermediarios (no de las autoridades de las mutualistas) en Montevideo porque la Justicia constató la ilegalidad. Días más tarde, la Junta Nacional de Salud (Junasa) informó que volvió a denunciar esta práctica ante la Justicia.
El presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, prefirió no brindar ningún tipo de información que “pueda entorpecer el quehacer judicial”; sin embargo, aclaró que no se denunció a ninguna empresa en particular, sino el “posible hecho delictivo”. A su vez, afirmó que este año se constató más de un caso, y aunque no quiso decir ni cuándo se presentó la denuncia ni qué juzgado está investigando, dijo que a la Junasa le consta que están ofreciendo hasta 2.000 pesos. También señaló que el proceso judicial puede terminar tanto en el “intermediario” como en una multa a la mutualista. Por otro lado, otra de las medidas que tomará la Junasa para corroborar que el cambio de prestador de salud no es ilícito consiste en realizar auditorías a cada afiliación una vez que cierre el corralito, el último día de febrero.
Según informó el Banco de Previsión Social, este año hay más de 1.620.000 personas amparadas por el Seguro Nacional de Salud habilitadas para cambiarse de prestador; de las personas habilitadas, 873.891 son trabajadores y empresarios activos, 406.267 son menores de 18 años, 198.186 son jubilados y pensionistas, y 143.237 son cónyuges y concubinos. En febrero de 2016 se movió 3,9% del total de usuarios.
No es nuevo
“Estamos avisando con tiempo”, dijo Basso en conferencia de prensa el 4 de enero. “La Junasa envió una nota a todos los prestadores, en la que indica que hay normas legales que establecen que el pago para capturar socios no es una conducta que se pueda realizar”, agregó. En ese sentido, explicó que las instituciones de salud que decidan contratar los servicios de empresas para la captación de usuarios deberán presentar testimonio o copia fiel del contrato ante la Junasa, así como el listado del personal que desempeñe la tarea, con detalle de nombre y documento de identidad de cada uno, porque no es ilegal intentar captar socios: es ilegal pagarles para que se afilien. Basso recordó que en 2016 el ministerio presentó varias denuncias penales y se concretaron tres procesamientos; en esa oportunidad se constató que incluso en los meses previos a febrero comenzaron campañas de preafiliación o de precaptura de afiliados. Basso señaló, justamente, que se definió un mes específico para la apertura del corralito porque es más complejo controlar la intermediación lucrativa todo el año.
En 2011 el ex presidente de la Junasa Luis Enrique Gallo fue entrevistado en el programa radial En perspectiva; en esa ocasión dijo que durante la década de 1990 la práctica intermediaria era “tan importante” que se llegó al “desfinanciamiento” de algunas instituciones de salud por su aplicación sistemática. “Las instituciones no podían prever su estrategia financiera, económica y de trabajo, en función de que estas organizaciones traficaban usuarios en forma importante”, explicó Gallo. El traspaso era permanente, había usuarios que iban rotando de una mutualista a otra en coordinación con estas organizaciones. “Estas organizaciones tenían el padrón de un número importante de afiliados. Se lo presentaban a una institución, estaban cinco o seis meses en ese lugar y después sacaban ese padrón y se lo vendían a otra institución”, contó Gallo sobre el método utilizado.