La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Senadores, en compañía de los legisladores que integran el grupo de Asuntos Laborales y Seguridad Social, se informó ayer sobre la crítica situación de dos fábricas instaladas en el interior del país que, entre ambas, emplean a más de 500 personas. Primero, los legisladores recibieron a una delegación del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC); luego, fueron visitados por la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA) y por William Johnson, accionista mayoritario de Cereoil Sociedad Anónima, la propietaria del Molino Dolores. A pesar de que ambos establecimientos tienen problemas diferentes y viven contextos totalmente distintos, la preocupación es la misma: la fuente de ingreso de cientos de familias.
“Esta gente, con justa razón, está demandando, pero lo que nosotros tenemos a nuestro alcance es la posibilidad de hacer contactos y buscar soluciones”, describió, tras el encuentro, la senadora frenteamplista Daisy Tourné. A la legisladora le preocupa “lo que implican socialmente” ambas situaciones, en pueblos que han sido “muy castigados”. A pesar de esta situación, Tourné destacó “la plasticidad” de los trabajadores, que “han buscado soluciones que implican no solamente la solución de sus puestos de trabajo”, sino también “repensar Juan Lacaze, por un lado”, y “buscar hablar con todos los actores, por el otro”.
Del caso del Molino Dolores no hay demasiadas novedades. Su propietaria es la firma Cereoil, cuyo socio minoritario -la empresa estadounidense Seaboard- solicitó a la Justicia que llame a concurso de acreedores a mediados de 2016, sin consultar a su socio mayoritario, William Johnson. Además, la firma mantiene deudas por más de 50 millones de dólares con bancos y proveedores privados. La cosa se complicó aun más debido a que, según el sindicato, en medio de la negociación con sus acreedores nacionales Cereoil exportó una cosecha de trigo embargada por el Banco República, y no pagó los tres millones de dólares correspondientes, lo que cerró las puertas de la negociación con esta institución.
Pese a eso, ayer hubo una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Johnson aseguró que se seguirá trabajando mientras él esté al frente de la empresa. “Por ahora no hay intención de mandarnos al seguro de paro, aunque cuando llegue el síndico no se sabe qué es lo que pasará”, explicó Federico Barrios, de FOEMYA. “Lo que sí tenemos claro es que muchas ganas de producir en el molino no tiene”, agregó, refiriéndose a Johnson. Ayer, varios senadores presentes en la comisión aseguraron que Johnson manifestó su intención de vender un porcentaje de su empresa para lograr una capitalización y hacer frente a sus deudas. “La solución termina siendo algo que el propio dueño dijo que era viable: que alguien venga, compre y capitalice la empresa”, explicó el senador nacionalista Álvaro Delgado.
Tras la reunión tripartita de ayer, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, destacó que la empresa comenzó a pagar el lunes los salarios de algunos trabajadores, que habían quedado adeudados. “Se sigue negociando entre el sindicato y la empresa, y entre esta y los acreedores, mientras todavía no hay resolución de la Justicia acerca de si se va a intervenir o a nombrar un síndico en el proceso de concurso de acreedores”, explicó.
Se alborota el avispero
El caso de Fanapel parece un poco más complicado. Durante la última reunión tripartita, Castillo explicó que la empresa le planteó a CUOPYC retirar materia prima perecedera para que no se echara a perder, y además solicitó tomar de la fábrica parte de la producción de papel que ya está terminada, pero el sindicato se negó. En consecuencia, la firma, de ahora en más, no quiere participar en reuniones tripartitas con el sindicato. Incluso, los representantes de la empresa se excusaron de asistir ayer a la comisión del Senado, a la que sólo fue la delegación de CUOPYC. “Nos enteramos de que ellos no querían volver a reunirse con el sindicato porque no les liberamos el papel. Es parte de lo que consideramos una falta de respeto de la gerencia de Carlos Rodríguez hacia los trabajadores”, dijo a la diaria el presidente del sindicato, Marcelo Olaverry.
Delgado interpretó que una de las posibles salidas es bajar los costos que tiene la empresa. “El costo energético es de una incidencia grande, de cerca de 25% del costo de la tonelada de papel. Se pueden buscar mecanismos por ese lugar, como la posibilidad de acceder a energías más baratas y utilizar mejor la ley, funcionando con una venta de privado a privado, pero entonces tendremos que contar con la anuencia de UTE”, dijo. Entre otras medidas, el sindicato ya había solicitado comprar la celulosa a Montes del Plata en lugar de a UPM, o, en caso contrario, que el transporte de esa materia prima desde Río Negro a Juan Lacaze se hiciera por vía marítima.
Ayer Castillo fue categórico en que el MTSS apunta a definir el tema en los próximos días y, si es posible, en una reunión que tendrá lugar el lunes que viene, con la presencia de funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM). El jerarca resumió la importancia del próximo encuentro: “Convocamos a que todos vengan con una propuesta final de corte maximalista: cuánto puede otorgar el MIEM de las cosas que le han pedido, cuánto puede responder afirmativamente el MEF de los planteos de la empresa, en qué situación está la empresa como para colocar un gesto para empezar a producir y cuál es la condición que ponen los trabajadores para colocar su cuota parte. La idea es venir, poner todo arriba de la mesa y con eso hacer números: si se logra reducir los costos en tanto por ciento, ¿se hace viable? ¿Sí o no? Si es un sí, hay que ponerle fecha, y si es un no, entramos en un proceso de liquidación de la empresa. Nuestra idea es que el lunes se defina todo”.