El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) investiga una denuncia de acoso laboral realizada por un alférez de fragata de la Reserva Naval que se desempeña en la Prefectura de La Paloma, departamento de Rocha. Según un documento al que accedió la diaria, el oficial denunció que fue asediado y perseguido por parte de sus superiores durante casi dos años en represalia por haber dado a conocer “hechos de corrupción y faltante de materiales” de la unidad naval. Tras realizar esas denuncias, oficiales superiores comenzaron a aplicarle sanciones disciplinarias periódicamente, se lo privó de la licencia anual, así como también se le disminuyeron las calificaciones anuales, se le redujeron las tareas y finalmente se lo confinó a permanecer en el recinto de la guardia, sin poder salir del lugar.
En principio, el oficial denunciante constató e informó a sus superiores del faltante de, entre otras cosas, motores fuera de borda y tráilers de lanchas que posteriormente fueron dados de baja del inventario de la unidad. Pero después, cuando se ordenó a las unidades militares del país un relevamiento de la situación de seguridad de los arsenales y materiales militares, debido al robo del arma de un guardia en un cuartel y a distintos intentos de ingresar a otros, el denunciante presentó un memorando a su superior inmediato con advertencias de carencias en el control y almacenamiento de armamento, lo que generó, según denuncia, que fuera sancionado. Posteriormente, un subalterno de la unidad entregó directamente un informe al prefecto de La Paloma, capitán de corbeta Mario Rodríguez, en el que manifiesta su desacuerdo con el memorando porque el autor había ingresado al lugar donde se guardan los botes y otros materiales destinados a la búsqueda y rescate. Por esta razón, el prefecto ordenó la realización de una investigación administrativa, pero el oficial denunciante la califica de “irregular” ya que no se le otorgaron garantías y no se le permitió tener “vista” de las actuaciones ni presentar descargos. Según el documento, como resultado de esa investigación, el prefecto solicitó el pase del oficial investigado a otra unidad y que se evaluara su cese del servicio activo, lo que significa la baja. Sin embargo, dice la denuncia que el pase quedó, en principio, sin efecto, por orden del comandante en Jefe de la Armada Nacional, almirante Leonardo Alonso, después de que el denunciante e investigado presentara un recurso administrativo que dejó al descubierto las irregularidades del procedimiento al que fue sometido. Consta en el documento que, debido a este recurso, Alonso ordenó la realización de otra investigación para constatar la eventual falta de materiales que el ahora investigado denunció.
A pesar de las actuaciones, la denuncia del oficial establece que la persecución continuó, y una vez que fue restablecido a la Prefectura de La Paloma, fue destinado a permanecer en el recinto de la guardia militar, con la prohibición expresa de desplazarse dentro de la unidad naval. Incluso debía concurrir al baño con escolta. El alférez de fragata establece que se trata de una represalia.
Tras la denuncia en el MDN, la cartera ordenó al Comando de la Armada realizar una investigación administrativa para determinar si hubo o no acoso laboral. Según pudo saber la diaria, la investigación finalizó y en los próximos días, después de comunicar el resultado al oficial denunciante, será elevada al MDN. Consultado por la diaria, el vocero de la Armada Nacional, Gastón Jaunsolo, dijo no tener información sobre el caso.
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En 2013, dos marineros de la Prefectura Nacional Naval denunciaron ante las autoridades haber sido víctimas de acoso laboral. La investigación administrativa ordenada comprobó la denuncia, pero además descubrió otras irregularidades que derivaron en la intervención de la Justicia penal y la de Crimen Organizado. Según El País, después de la investigación realizada por el MDN, este envió las actuaciones a estudio a la Fiscalía de Gobierno, que corroboró “irregularidades” e “incumplimientos” en las liquidaciones de pagos a funcionarios navales que prestaban el servicio especial 222. Estas y otras irregularidades comprobadas derivaron en el arresto a rigor por 30 días de un capitán de navío retirado, y en distintas sanciones a otro capitán de navío, un capitán de fragata, dos capitanes de corbeta y un teniente de navío. En cuanto al acoso laboral comprobado, la Fiscalía de Gobierno coincidió con la investigación del MDN en que hubo “trato desigual, abusivo e injustificado” hacia los funcionarios denunciantes y estableció que “la concepción de jerarquía, superioridad y mando así considerada es equivocada, por lo que debe ser desterrada de los mandos. No guardan relación alguna los atributos de rigor, instrucción, orden y disciplina bien entendidos con acciones desviadas, abusivas y arbitrarias”, según el expediente al que accedió El País en octubre del año pasado.