Las negociaciones entre los partidos por quién suplirá a Jorge Larrieux en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) siguen bastante trancadas tras la negativa del Partido Nacional (PN) a dar su apoyo a la candidatura de la ministra de un tribunal de apelaciones de Trabajo, Rosina Rossi.
La fuerza política de gobierno está evaluando si insistirá con Rossi o presentará un nuevo nombre. “Para nosotros [Rossi] es la mejor elección y vamos a tratar de convencer, pero si al final no lo logramos, tendremos que pensar en un plan B”, dijo la senadora frenteamplista Lucía Topolansky, quien sostuvo que no vio “argumentos” de la oposición para rechazar ese nombre. En tanto, la oposición espera que el gobierno presente una candidatura alternativa. De no concretarse un nuevo acuerdo para el 26 de febrero, ingresará automáticamente el ministro más antiguo del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Turel, un magistrado que “no genera rechazos pero tampoco grandes adhesiones”, afirmaron integrantes de la comisión negociadora.
Si bien para lograr los dos tercios requeridos para designar un nuevo ministro son imprescindibles los votos del Frente Amplio y el PN, en la comisión negociadora también participan el Partido Colorado, el Partido Independiente (PI) y Unidad Popular. Estos mismos partidos también integran otra comisión que busca acuerdos para renovar la integración de dos organismos de contralor: la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero quedaron fuera de las mesas de negociaciones tres legisladores: los representantes del Partido de la Gente (PG), conducido por el empresario Edgardo Novick. “Más que molestarnos, nos ha llamado la atención que hayan desconocido un partido que está reconocido por la Corte Electoral desde el 28 de diciembre, y es de presumir que todos los partidos lo saben, porque la Corte libró una circular al respecto”, comentó el diputado Guillermo Facello. El legislador dudó del motivo de la exclusión: “No sabemos si es porque no conocían esto o porque prefirieron omitirnos, lo cual es probable”. Facello sostuvo que “el PG ya tiene tres legisladores”, por lo que los demás “deberían respetar hasta por convivencia nuestra presencia allí”.
La senadora frenteamplista Mónica Xavier explicó que el PG “no estaba creado cuando se empezó a conversar”. “Se mantiene un grupo conversador casi permanente, dependiendo de las vacantes que existan”, explicó, aclarando que “no hubo ninguna exclusión”, sino que “no venían hablando de antes”, y agregarlos ahora, a pocos días de que se cumpla el plazo para lograr un acuerdo, “es un poquito complicado”. En tanto, el senador del PI, Pablo Mieres, confesó que en realidad “no hay ninguna razón” para que no integren esa comisión y que lo que ocurrió simplemente fue que “a nadie se le ocurrió invitarlos”.