Entre octubre de 2014 y abril de 2015 se encuestó a los 2.356 funcionarios del Ministerio del Interior (MI) que en ese entonces trabajaban en las cárceles de todo el país, con el objetivo principal de “elaborar un diagnóstico relativo a los aspectos básicos de la vida laboral de los funcionarios penitenciarios, visibilizando las principales tensiones que componen su rol ocupacional, dentro del contexto de transformación que se encuentra atravesando el sistema penitenciario uruguayo”. En el marco teórico del trabajo, la socióloga Ana Vigna, responsable de la investigación, explica que desde el MI se hizo hincapié en que la reforma penitenciaria -que comenzó en 2010- significaba un cambio en el modelo que guía la privación de libertad. La reforma supuestamente implicaba “un pasaje de un paradigma centrado en la punición y el castigo, a otro que remarca las ideas de rehabilitación, reinserción social y garantía de los derechos humanos de la población reclusa”. Consultada por la diaria, Vigna dijo que el análisis preliminar de los datos arrojó “diferencias muy marcadas entre los policías y los operadores penitenciarios, que son civiles, en cuanto a cómo desempeñan y conciben su tarea”. La tensión entre cuidados y castigo, dice, está bien latente: “Hay una mayor inclinación hacia las tareas de seguridad y control por parte del policía, y hacia el trabajo relacional y de rehabilitación por parte de los operadores; las diferencias son mayores, incluso, que entre hombres y mujeres”.
En el informe que Vigna presentó hace un par de meses ante el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), hay indicadores que sostienen esas “actitudes hacia el trabajo penitenciario”. Por ejemplo, se preguntó si se estaba de acuerdo o no con esta afirmación: “Mi trabajo no es ayudar a que los internos se rehabiliten. Es más bien mantener el orden de modo tal de que nadie lastime a nadie, ni arme lío en el establecimiento”; 75% de los operadores penitenciarios y 35% de los policías dijeron que no, un poco más de 10% y 50%, respectivamente, que sí. También se preguntó si “la mejor forma de tratar con los internos es ser firme y distante”; más de 20% de los operadores están de acuerdo, y casi 55% de los policías también. En ese sentido, menos de 15% de los operadores y casi 40% de los policías aseguran que “los reclusos merecen vivir en las condiciones de las cárceles, porque ellos han cometido un delito y deben ser castigados”.
Siguiendo esa línea, Vigna citó al criminólogo estadounidense Gresham Sykes, que en 1958 publicó un estudio en el que se hablaba de los tres grandes objetivos que históricamente se le han asignado a la pena privativa de libertad: disuadir -evitar reincidencia y ser ejemplificante-, incapacitar -separación física- y rehabilitar -alterar valores, costumbres y hábitos, para lograr, a futuro, su conformidad con la ley-. Cada uno de estos paradigmas requiere un tipo específico de funcionario, que domine “ciertas habilidades y competencias” que se correspondan con la finalidad explícita que tiene la institución. El INR, explícitamente, se propone “rehabilitar” a la persona que cometió un delito. Pero los datos del censo indican que sólo poco más de 40% de los operadores y 30% de los policías consideran que “la mayoría de los internos puede ser rehabilitada”, frente a 25% y 50%, respectivamente, que piensa que no. A su vez, la mayoría de los operadores (65%) y la mitad de los policías opinan que “enviar a los delincuentes a la cárcel [no] va a evitar que cuando salgan continúen cometiendo delitos”.
Si bien los operadores tienden a ser más proclives a la idea de rehabilitación que los policías, ambos están en desacuerdo con que la cárcel evite la reincidencia. Por otro lado, 20% de los policías no se “siente muy orgulloso de decirle a la gente” que trabaja “con personas que han delinquido”, frente al 10% de los operadores. A su vez, menos de 25% de los policías afirma que “las tareas que [le] generan más satisfacción involucran el contacto con los internos”, frente al 65% de los operadores.
Girl power
Respecto del proceso de feminización del trabajo penitenciario, que se viene dando gradualmente desde la reforma, Vigna sostuvo que “implica un cambio a nivel de la cultura organizacional”, y un cambio en cuanto a la discusión sobre el modo en que conciben y desempeñan su tarea los hombres y las mujeres. Constató, como cierta forma de resistencia, que se cuestiona a las mujeres porque “ponen en riesgo la seguridad del establecimiento; creen que las funcionarias penitenciarias representan un riesgo porque los hombres no sólo tienen que cuidar de la seguridad del establecimiento, sino, además, a sus compañeras”. También contó que se cuestiona el tipo de vínculo que “establecen con los internos, a veces de mayor proximidad”. En estos casos las opiniones están mucho más marcadas por ser hombre o mujer, que por ser operador o policía.
Totales
Los resultados indicaron que 70% de los trabajadores son hombres, 69,3% son policías y 28,7% son operadores penitenciarios. A su vez, 82% del personal policial está compuesto por hombres, y 57% de los operadores son mujeres. También evidencia que la mayoría de los funcionarios (74% de los operadores y 65% de los policías) tiene menos de 39 años (al igual que la población reclusa).
En cuanto al nivel educativo, se indica que 15% de los policías tiene sólo primaria cursada, frente a 5% de los operadores, y que 43% de los policías no tiene formación penitenciaria, aunque 60% de ellos tiene contacto con los reclusos “la mayoría del tiempo”, frente a 7% de los operadores, de los cuales 80% tiene contacto así.
Respecto del régimen de trabajo, casi 50% de los policías trabaja una semana y libera la siguiente; entre los operadores, menos de 5% tienen ese régimen. A su vez, casi 30% de los policías trabaja siempre en la noche, frente a 12% de los operadores.
En conclusión, Vigna señala que más de medio siglo de estudios sobre la cárcel han dejado en claro que la contradicción entre las funciones explícitas y latentes de la cárcel “llevan a que el 'dilema inherente' entre cuidados y castigo se resuelva a través de la producción y el mantenimiento del orden”. El reconocimiento de este hecho “estrechamente vinculado al carácter discrecional del ejercicio del poder a la interna de la prisión” debe ser tenido en cuenta por las autoridades si se pretende reformar el sistema penitenciario. En este marco, donde se “están repensando los contenidos de la formación del personal” y rediscutiendo “los perfiles necesarios para llevar adelante la tarea”, Vigna considera que la “formación debe estar centrada en el desarrollo de habilidades para aplicar el poder de modo justo, responsable y siempre respetuoso de los derechos humanos de la población reclusa”, y que parecería necesario, entonces, “seguir cuestionándose sobre la función social que cumple la cárcel y los efectos que el encarcelamiento tiene tanto sobre los reclusos como sobre los trabajadores”.
Sobre el censo
El Primer Censo Nacional de Funcionarios Penitenciarios es la tesis de doctorado de Ana Vigna, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por medio del fondo María Viñas.