La Suprema Corte de Justicia (SCJ) comunicó el viernes los resultados de la investigación que llevó a cabo sobre la actuación de la jueza de familia especializada de 8º turno, Alicia Vega, quien resolvió dejar bajo custodia de sus abuelos paternos a dos niños que presenciaron el asesinato de su madre, la joven Valeria Sosa, ejecutado por su padre, un policía que utilizó su arma de reglamento. La SCJ entendió que la magistrada “se atuvo a las reglas de procedimiento aplicables y, como en cualquier caso, ante la impugnación formulada contra su decisión inicial, actuó de acuerdo a las reglas procedimentales pertinentes, dentro de los plazos en ellas previstos”. Evaluó que la jueza no cometió “omisiones o errores inexcusables que pudieran encuadrar en alguna de las hipótesis de faltas administrativas”.
El ministro Ricardo Pérez Manrique emitió un voto discorde con la mayoría, y evaluó en cambio que hubiera correspondido iniciar “un proceso disciplinario para determinar eventual responsabilidad administrativa por la presunta comisión de falta grave o error inexcusable”. “La delegación en la Policía de la averiguación de las circunstancias y estado de los niños, incluso del interrogatorio a los niños, previo a adoptar una decisión final, resulta ilegal, por contrario a la norma procesal general (CGP), al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Convención sobre los Derechos del Niño”, consideró Pérez Manrique.