No es usual, pero ayer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer resultados de análisis realizados ante una denuncia. Se trata de la muerte de las cosechas de los productores familiares de La Armonía, en la zona rural del departamento de Canelones. Allí ocurrió una “fatalidad en la que, sin duda, hay afectación a un grupo importante de productores, en su cosecha actual y seguramente por algún tiempito”, dijo el director general de Servicios Agrícolas del MGAP, Federico Montes, al comienzo del encuentro.
Según los datos de la Dirección Nacional de la Granja (Digegra), que fueron expuestos por la directora general, Zulma Gabard, los directamente afectados son siete productores, y entre ellos hay un vivero hortícola. Gabard sostuvo que los productores familiares cuentan con superficies de entre cuatro y siete hectáreas, viven en sus predios y producen fundamentalmente tomate y morrón, además de berenjenas, melones, ají, apio, puerro, pepino, zapallito, melón y maíz dulce. Usaron la misma agua para regar sus cosechas, y resultaron perjudicados. Estaba contaminada con agrotóxicos.
No la soja
“El cultivo que está en cuestión es el maíz, no la soja; sí el área de maíz”, dijo Montes al hablar sobre los resultados de los análisis. A pesar de que dijo que un productor de maíz cercano, que tiene unas 64 hectáreas, aplicó glifosato, 2-4d y picloram el 29 de diciembre, sólo encontraron rastros de este último producto. El picloram apareció tanto en el agua de la cañada de la que los productores se sirven para el riego, como en el suelo de sus invernaderos. Según Montes, “las concentraciones que ahí aparecen son suficientes para dañar de la manera en que vimos los cultivos”. Donde aseguran no haber encontrado “ningún agroquímico” es en los pozos de agua que las familias usan para beber. Según afirman las autoridades, “para aumentar el rigor científico y descartar otros posibles productos que pudiesen haber aparecido”, hicieron análisis de multirresiduos, y de 75 ingredientes activos que buscaron, no detectaron ninguno. Montes dijo que este herbicida, el picloram, “no es muy soluble en agua” pero tiene una “alta residualidad en suelo”, y que en los suelos de los invernáculos seguramente “su degradación por microorganismos y por el propio accionar del suelo será más lenta”.
Uno de los “ingredientes técnicos para comprender el resultado final”, en palabras de Montes, son las lluvias. Diciembre y enero tuvieron un “volumen de agua importante”, y “esos suelos llegan a la saturación con muy poca agua, porque se trata de suelos pesados”, por lo que “lo que seguramente pasó es que ese producto escurrió y llegó a la cañada”.
Desde el MGAP afirman que todos los productos utilizados en las aplicaciones en los predios cercanos, tanto de maíz como de soja, están “registrados y habilitados para su uso en estos cultivos”, pero que en este caso se trata “de un uso irresponsable de un agroquímico”. Una vez más, el MGAP insiste en atomizar la discusión sobre los agrotóxicos y en afirmar que se trata de casos aislados de malas prácticas. “La dosis usada de picloram fue ocho veces mayor a la recomendada por la etiqueta. Los productos restantes fueron aplicados en dosis correctas y no aparecieron en las muestras ni de suelo ni de agua”, sostuvo Montes, y Gabard agregó: “Sigamos insistiendo en que si todos hiciéramos las cosas bien, esto hoy no estaría pasando”.
De fondo
“No es un caso aislado. Es un insumo más que alimenta la necesidad de pensar el tema de fondo, que es la discusión de un plan de ordenamiento del territorio rural que incluya como escenario de conflicto el agronegocio, y si es posible o no su coexistencia con la producción familiar en Canelones”, dijo a la diaria Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones (IC). “Esto hoy es un interrogante, porque tenemos antecedentes como el de Paso Picón, el de Laguna del Cisne, y ahora este de La Armonía”, agregó.
Carámbula adelantó que el proceso de discusión pública comenzará entre marzo y abril, e incluirá organizaciones sociales, instituciones, y personas interesadas en pensar cuál será el modelo de desarrollo rural de Canelones. La IC “tiene el rumbo y los ejes centrales, pero el contenido se verá en un diálogo público”, dijo.
Gabard afirmó que “hay que aprender a convivir, a que coexistan diferentes sistemas de producción, y, a su vez, la producción con la urbanidad, y con la apicultura”. Para la directora de la granja, “hacia ahí apunta la política”. Al momento de explicar hacia dónde, se metió en un terreno un poco más resbaladizo al decir que hay que dar todas las herramientas para que “efectivamente pueda existir esa armonía entre sistemas productivos”. Enseguida cayó en la cuenta de la coincidencia de términos y reconoció que era “horrible” usar el sustantivo “armonía”. Carámbula, por su parte, cree que “está claro que fue un caso de mala praxis agrícola”, pero afirmó: “Por la sensibilidad social, económica, productiva y ambiental que tiene Canelones, entendemos que no podemos estar expuestos a errores como estos”.
Y ahora
“No nos invitaron. Nosotros caímos de rebote porque nos enteramos por Matías [Carámbula], hoy, a las siete de la mañana. Nadie del ministerio nos llamó”, contó ayer a la diaria Eduardo Casanova, el productor de La Armonía que detectó el problema. “Se sorprendieron un poco al vernos, pero todo bien. Dijeron que no era para hacer una conferencia de prensa con nosotros porque había resultados solos, todavía no estaba [todo listo] para llamarnos para hacer todo el papeleo”, explicó. Sin embargo, cree que “a los involucrados tienen que llamarlos personalmente y decirles ‘miren que va a haber una conferencia de prensa, vengan a ver cómo vienen los análisis’”.
De todas maneras, las autoridades recibieron a los productores después de la conferencia. Según Casanova, les dijeron básicamente lo mismo que habían expuesto en la conferencia de prensa: hablaron de lo que pasó y de los tiempos de espera en base a lo que tiene la tierra, el picloram, “que lo aplicaron ocho veces más de lo indicado, es como si se lo hubieran echado directo a mis plantas”. No les dijeron una fecha estimada en la que estaría totalmente eliminado ese producto de la tierra, pero el MGAP va a seguir analizando muestras para determinar hasta cuándo el químico estará en los invernáculos. Gabard dijo que “en lo inmediato es muy difícil encontrar algo que pueda recomponer para hoy o mañana el aparato productivo”.
“Lo que yo pienso capaz que es una exageración, pero capaz que en ocho meses no vamos a poder plantar nada. ¿Y mientras?”, se pregunta Eduardo. Y cuenta que tienen recursos para aguantar un tiempo porque la IC los va a ayudar económicamente por tres meses; después, en pleno invierno, veremos lo que hacemos, dice, con una sonrisa irónica: “En invierno las plantas no caminan nada, empiezan a caminar a fines de agosto. Tendríamos que plantar a fines de febrero o en marzo para que llegue una buena cosecha a junio o julio, y no podemos”.
Todavía no le ha caído la ficha, dice, pero “cuando entremos a sacar y a sacar plata y veamos que no entra nada, ¿qué? Tengo gurises chicos, hay que comprar pañales, leche, pagar la luz, el teléfono, y comer, y no te queda nada”. Dice que va a tener que salir a buscar laburo, pero “como está la cosa hoy, está complicado para conseguir”.
La esperanza es que se pueda plantar, porque si no, la cosa empeora, y porque los invernaderos parados no se pueden tener: “Con la plata que salen, tenés que sacarles el jugo. Funcionan si sacás una cosecha y ponés otra enseguida, porque duran tres años y medio y después se te rompen”. Piensa, y dice: “Día a día, vos te preguntás qué hacés para salir adelante, y es que la vida sigue y vos no tenés nada de dónde facturar, mirá que así se complica”.