El nuevo mapa político de la Cámara de Representantes, después de que el diputado Gonzalo Mujica proclamó su independencia de la bancada del Frente Amplio (FA), tiene consecuencias ambiguas, que quedaron de manifiesto en la más reciente interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Hay sin duda un efecto simbólico importante, como cuando la inflación anual en un país pasa a ser “de dos dígitos”, pero al mismo tiempo todos sabemos que, en realidad, a nadie le cambia mucho la vida que el aumento de los precios al consumo aumente de 9,9% a 10%: la cuestión es si ese cambio marca o no una tendencia.
Si evaluáramos los resultados de ese llamado a sala en forma fragmentaria y literal, tendríamos que registrar que hay entre los diputados ajustadas mayorías de 50 contra 49 para varias posiciones, no muy compatibles entre sí.
• Formaron mayoría los partidos Nacional, Colorado, Independiente (PI) y Unidad Popular (UP) más Mujica para cuatro votaciones: en una se negaron a expresar satisfacción con lo expuesto por el ministro (fue la primera vez que no se aprobó una moción en ese sentido, después de 58 interpelaciones realizadas en 12 años de gobierno del FA), y en las otras tres afirmaron que los recursos de los que Bonomi dispone no han mejorado la seguridad de los ciudadanos en la medida en que podrían haberlo hecho; interpretaron que “la percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad es de desprotección ante el delito y la delincuencia”, y manifestaron que la política de seguridad debe contar con amplio respaldo político.
• Pero, por otra parte, también fueron mayoría los frenteamplistas y Mujica para evitar que se declarara insatisfactoria la comparecencia del ministro ante la cámara o se promoviera formalmente su censura.
• Formaron mayoría los frenteamplistas y UP (aunque por razones muy distintas) para que no se exhortara a Bonomi a desarrollar una política de seguridad acorde con los recursos disponibles.
Por último, hubo unanimidad para reconocer el esfuerzo realizado por el secretario de Estado a fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial.
Si ensayamos una evaluación integral, lo concreto es que no hubo votos para respaldar plenamente la gestión de Bonomi pero tampoco para declarar que no cuenta con respaldo, y seguimos muy lejos de que se manifieste la voluntad parlamentaria de que el ministro caiga (cosa muy distinta a que una cámara considere insatisfactorios sus dichos en un llamado a sala).
La Constitución indica en su artículo 74 que los titulares de los ministerios deben ser personas que, “por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo”, pero esto no significa que la expresión de insatisfacción de una cámara deba conducir a una destitución. El camino para buscar ese resultado es otro, establecido en los artículos 147 y 148, e implica varios pasos sucesivos: 1) se debe presentar una moción de censura en una cámara, y esta debe aprobarla; 2) se debe citar a la Asamblea General (AG), y esta debe pronunciarse a favor de la censura; 3) si tal decisión es adoptada por menos de dos tercios de los componentes de la AG (o sea, por menos de 87 legisladores), el presidente de la República puede observarla; 4) en ese caso, la AG puede ratificar o no la censura, y si lo hace por voluntad de menos de tres quintos de sus componentes (o sea, menos de 78), el presidente puede, en vez de cambiar al ministro, suspender el funcionamiento del Parlamento y convocar a nuevas elecciones de este; 5) la nueva AG debe decidir si mantiene la censura, y en el caso de que lo haga, el presidente (cuyo cargo en ningún momento se pone en juego) debe sustituir a todo el Consejo de Ministros.
Desde que están vigentes los mencionados artículos de la Constitución, nunca se recorrió este camino, y la razón evidente parece haber sido que nunca hubo una mayoría parlamentaria opositora dispuesta a arriesgar sus bancas. Hubo, sí, después de la restauración democrática de 1985, algún caso en el que un presidente decidió sustituir a un ministro porque había perdido apoyo político (Francisco Forteza, ministro del Interior de Julio María Sanguinetti, en 1989; Alberto Bensión, ministro de Economía de Jorge Batlle, en 2002), pero lo hizo curándose en salud, sin necesidad de que el Parlamento llegara a una censura formal.
En la AG los legisladores blancos, colorados, del PI y de la UP más Mujica suman un total de 65. Por lo tanto están, obviamente, muy lejos de las mayorías necesarias para imponer la destitución de Bonomi o de cualquier otro ministro. Esto no quiere decir que la pérdida del voto de Mujica sea irrelevante para el oficialismo, que ahora está obligado a negociar con él o con algún otro diputado para lograr la aprobación de sus proyectos en la Cámara de Representantes. Esa novedad sí tiene gran importancia más allá de lo simbólico, pero sus consecuencias, como las de un pequeño aumento en el porcentaje de inflación anual, sólo quedarán claras cuando se vea hacia dónde conducen.