A partir de la rediscusión, la semana pasada, en la Cámara de Senadores sobre el sistema de cuotas por género, el tema ha vuelto a cobrar mayor visibilidad en la discusión pública. Esto ha sucedido en el marco de una importante movilización de las organizaciones que luchan por la igualdad de género y luego de una de las marchas populares más grandes que se han hecho en la historia de este país. Sin embargo, llama la atención la tibieza del proyecto de ley que recibió media sanción en la Cámara de Senadores. Este únicamente se diferencia respecto del votado en la legislatura anterior en que extiende indefinidamente el período de su aplicación (el anterior se aplicaba solamente en las elecciones de 2014 y 2015) y que se aplicará también en las elecciones municipales.
Luego del bochorno protagonizado por Graciela Bianchi, que optó por ocupar su banca de diputada y renunciar a su banca al Senado (dejando su lugar a un hombre), resulta llamativo que el nuevo proyecto no incluya nada respecto del funcionamiento del sistema de suplentes. Tampoco incluye ninguna modificación que nos permita esperar que vaya a aumentar la baja representación femenina que actualmente tiene el Parlamento.
En contra de los sistemas de cuotas se han manejado, principalmente, dos argumentos. El primero señala que estos sistemas atentan contra el mecanismo meritocrático que operaría en las elecciones parlamentarias. Según dicho argumento, y suponiendo que las elecciones actuales son una forma adecuada para seleccionar a los políticos más capaces, la cuota tendría como resultado que buenos candidatos hombres no serían electos para hacer lugar a peores candidatas mujeres.
Un segundo argumento señala que el sistema de cuotas atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos, ya que la conformación final del Parlamento sería diferente de la preferida por los electores en un escenario sin restricciones por sistemas de cuotas.
Respecto de este último argumento es bueno recordar que en el Parlamento uruguayo existe un sistema de cuotas (creo que desde el siglo XIX), y no he escuchado a nadie que salga a atacarlo. Sólo que dicho sistema de cuotas no es por género. Los candidatos de cada departamento de Uruguay tienen aseguradas una cuota de un mínimo de dos diputados. Este sistema de cuotas es mucho más radical que el sistema por género que se ha discutido recientemente en el Parlamento.
El sistema de cuotas por departamento no sólo garantiza un nivel mínimo de representación para los candidatos del departamento correspondiente, sino que además altera la representación proporcional. Hay departamentos a los que se les asignan más bancas parlamentarias que las que les corresponderían por una estricta proporcionalidad según la cantidad de votantes. Adicionalmente, los electores sólo pueden votar a candidatos a diputados del departamento correspondiente. Si se trasladara dicho mecanismo a un sistema de cuotas por género, sería equivalente a forzar que electores de un género sólo pudieran votar candidatos del mismo género. Implicaría garantizarles a las candidatas mujeres un electorado cautivo.
Respecto del argumento meritocrático, me gustaría destacar los resultados de dos trabajos publicados recientemente. El primero (de Besley et al [2017]) está en línea con una serie de trabajos que tratan de evaluar si, al introducirse un sistema de cuotas, resultan elegidos legisladores menos capaces. Este tipo de trabajos suelen considerar indicadores bastante imperfectos para evaluar la capacidad de los legisladores. Algunos consideran algún indicador de “productividad” de los y las diputadas. Otros comparan los niveles educativos o de ingresos de los legisladores. Por un lado encuentran un efecto tal vez obvio; que entre los políticos hombres hay un proceso de selección en el que quedan los más capaces (le llaman la crisis del hombre mediocre). Pero por otro lado, llegan al resultado (menos obvio) de que el efecto global sería el de un cuerpo de legisladores en promedio tan o más capaces que antes del sistema de cuotas.
El segundo artículo resulta aun más interesante. En una publicación reciente, Bian et al (2017) encuentran que a partir de los seis años las niñas comienzan a creer con menor probabilidad que los niños que miembros de su mismo género son “realmente inteligentes”. Como resultado de esto, las niñas ya desde los seis años comienzan a tener una mayor inclinación a evadir las actividades que consideran adecuadas para personas “realmente inteligentes”.
El hecho de que los niños y niñas, desde muy temprana edad, empiecen a considerar que la inteligencia es una característica predominantemente masculina, resulta extremadamente preocupante. Sin estar al tanto de otros estudios de este tipo, apostaría que algo similar sucede con otras características personales, por ejemplo el liderazgo.
¿Cómo puede esperarse, entonces, que la población vote espontáneamente tanto por mujeres como por hombres en las elecciones legislativas?
Este tipo de trabajos resultan ser un fuerte argumento a favor de un sistema de cuotas por género. Es más, son un argumento a favor de un sistema mucho más igualitario que la propuesta que pasó a la Cámara de Diputados. Una vigente en forma indefinida y en donde la cuota asegure una representación 50-50.
Sólo cuando los niños y niñas se acostumbren a ver tantas figuras de liderazgo de hombres como de mujeres (o de otros referentes públicos), estudios del estilo del de Bian et al (2017) arrojarían resultados diferentes. Para lograr algo así se requiere, obviamente, mucho más que una ley de cuotas. Pero para empezar necesitaríamos una bastante más radical que la aprobada la semana pasada en el Senado.
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.
Bibliografía: Besley, T., Folke, O., Persson, T. & Rickne, J. (2017): “Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden”. American Economic Review (aún sin publicar).
Bian, L., Leslie, S. J., & Cimpian, A. (2017): “Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests”. Science, 355 (6323).