El debate acerca de la formación de una comisión investigadora del financiamiento de los partidos, en la Cámara de Representantes, tiene características singulares: por un lado, se relaciona con problemas de fondo muy importantes para un funcionamiento democrático sano; por otro, muestra claras intenciones de crear una usina de escándalos que pueda incidir en el resultado de las próximas elecciones; en tercer lugar, puede verse como una insólita tomadura de pelo, si lo que prevalece es la idea de que los propios partidos van a investigar la posibilidad de que hayan recibido dinero mediante procedimientos irregulares o incluso delictivos. Todos estos aspectos están presentes en el proceso, sin que resulte claro aún cuál predominará.
Todo empezó con la iniciativa oficialista de darle una caja de resonancia política (como las que ha impedido en relación con otras cuestiones) al escándalo de Cambio Nelson, y en ello hubo quizá una mezcla de oportunismo con imprudencia, ya que si bien ese caso involucra, obvia y directamente, al dirigente colorado Francisco Sanabria, es probable que salpique bastante lejos de él y de los aportes que haya hecho a la campaña departamental de su partido. En todo caso, y debido a que los colorados actuaron con reflejos y astucia que les venían faltando desde hace más de una década, los planteos acerca del cometido de la investigadora se han vuelto amplísimos, como una especie de Lava Jato criollo: si la idea inicial frenteamplista era centrarse en Cambio Nelson, y la contrapropuesta inicial colorada fue indagar los aportes a campañas electorales, desde 1984, de esa empresa y de otras cuatro más o menos vinculadas con el oficialismo (durante dos años y medio, o sea hasta las vísperas de los próximos comicios nacionales), ahora el Frente Amplio quiere que se investiguen todos los aportes personales y empresariales a campañas desde la restauración democrática (pero durante no más de un año).
Por supuesto, sería bueno que el sistema partidario encarara con rigor la cuestión de los aportes privados que recibe, y sin duda esto no sólo tiene que ver con requisitos de transparencia y procedimientos eficaces de contralor, sino también con el acotamiento de las campañas. En las condiciones actuales, sin límite al gasto posible en ellas, es inevitable que todos busquen obtener la mayor cantidad de dinero posible (y que, como es un secreto a voces, gran parte del financiamiento externo se produzca mediante rebajas generosas de las empresas de televisión para aquellos a quienes consideren más afines a sus intereses). Pero no está de más señalar que, cuando se aprobaron las normas vigentes en la materia, todos los partidos sabían muy bien de dónde les llegaba dinero, no quisieron renunciar a él y, por lo tanto, establecieron un sistema que sería risible si no tuviera consecuencias tan graves, en el que cada uno declara lo que se le antoja o aprovecha huecos evidentes de la legislación, sin que haya recursos adecuados para detectar y sancionar las prácticas ilegales. Así no hay derecho a quejarse de la mala imagen de los políticos.