La necesidad de realizar este encuentro surgió a partir de que las 22 Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) que integran Fepremi crearon una nueva forma jurídica, la Corporación Cooperativa de Instituciones de Asistencia Médica Privada de Profesionales -sin fines de lucro- en junio del año pasado. “Empezamos a trabajar en la estructura pero también en el análisis de la reforma de la salud, fundamentalmente con la mirada desde el interior del país, y entonces surgió la idea de hacer un análisis tanto de coyuntura como de mediano plazo”, contó Cardoso.
Uno de los principales temas abordados en la jornada del viernes en el Hotel del Prado fue la complementación de los servicios de salud. La Ley 18.211 de 2007 que creó y dio paso al funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) lo nombró pero no lo definió, aunque una Ley de Rendición de Cuentas posterior fijó que implica “el intercambio de ventas de servicios sobre precios arancelados”. Para el presidente de Fepremi, ese es “sólo uno de los criterios”. En la jornada lo que se hizo fue “discutir, ordenar y jerarquizar” otros, como pueden ser “la voluntariedad de las partes, la apuesta a servicios más eficientes o con mejor calidad de atención, brindar servicios que por escala no se pueden hacer y, fundamentalmente, que respeten el criterio de libre elección de las personas”.
Sin considerar el departamento de Montevideo, en Uruguay hay 420 localidades con menos de 1.500 habitantes, 40 localidades con entre 1.500 y 5.000, otras 40 con entre 5.000 y 20.000 y sólo 20 con más de 20.000. “En todas hay distintos niveles de complejidad, y sin embargo tenemos niveles de acuerdo con el otro prestador importante que hay en el interior, que es ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”, observó Cardoso, dando cuenta de la amplitud de la discusión.
Separación de responsabilidades
La estafa al Fonasa también se coló en la agenda. En diálogo con la diaria, el presidente de la Federación Médica del Interior (Femi), José Pedro Ibargoyen, que también participó en la jornada del viernes, dijo sentir “estupor” y consideró que, más allá del delito, “hay un componente de responsabilidad del Estado”. “El gobierno nos ha denunciado permanentemente ser causantes de muchos de los problemas económicos-financieros que el sistema tiene, y nos parece injusto y una muy mala señal que no estén realizándose desde el Estado los controles que se deben hacer antes de señalar”, afirmó.
Cardoso coincidió: sostuvo que “hay que separar la estafa de los errores o disfuncionalidades del sistema”. Para él, una de las cuestiones que complejizan el sistema es la asignación de oficio a ASSE de aquellas personas que no eligen mutualista al inscribirse al Banco de Previsión Social, ya que “genera un nicho de personas que buscan a esos individuos para planificar cosas que creemos que no se pueden prevenir”.
Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de afiliados a ASSE de oficio residen en el interior, Cardoso entiende que el rol de Fepremi consiste en “ser estrictos con el cumplimiento de las formas de afiliación”, además de acercar la información de los servicios disponibles.
También recalcó la necesidad de desvincular la estafa del “corralito”, como se conoce al mecanismo de movilidad regulada que sucede cada febrero. “No creemos que sea el generador de este problema, sino que, por el contrario, lo reduce”, opinó, explicando que este centraliza en un mes todos los movimientos que podrían darse en un año. Una evidencia es el hecho de que la movilidad es “muy baja, apenas unas 50.000 personas”.
Uno por siete
Actualmente existen siete IMAE cardiológicos en Montevideo y ninguno en el interior, lo que implica que aquellos pacientes con patologías cardíacas deban recorrer hasta 500 kilómetros para su tratamiento. Después de que la directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira, explicara durante la interpelación al ministro de Salud, Jorge Basso, a mediados de febrero que la instalación de un instituto de estas características en Salto sería deficitaria y perjudicaría a las demás, el jerarca solicitó a Fepremi un informe que demuestre lo contrario. El expediente para la instalación data de al menos diez años, ante lo cual el MS solicitó el cumplimiento de varias etapas: la instalación de un angiógrafo digital -que muestra, por contraste, las coronarias y vasos-, la existencia de un block quirúrgico especializado y, por último, de recursos humanos capacitados para trabajar en este, todas ya cumplidas.
Cardoso explicó que el proyecto planteado no implica hacer un IMAE nuevo, sino una sucursal del ya existente en el Sanatorio Americano de Montevideo, adquirido por Fepremi en 1992 y “uno de los mejores del país”, que se consagrará como responsable del nuevo centro y proveerá a este de recursos humanos.
El presidente de Fepremi afirmó que la conveniencia más allá de lo económico y financiero reside en la equidad social. “Es justificable desde el punto de vista asistencial porque existe una menor tasa de utilización para esta patología de los habitantes al norte del país, y no es que se enfermen menos, sino que la gente no quiere viajar hasta Montevideo”, considerando el riesgo del traslado y el hecho de que “el ingreso de las personas del interior es de dos terceras partes del de las de la capital del país”. También Ibargoyen consideró que es una “necesidad imprescindible” en el sistema. “Si hablamos de integración, equidad, accesibilidad, no puede existir ningún argumento, ni económico, ni político, ni sanitario, que se oponga a la instalación de un centro asistencial de este tipo”, dijo, afirmando que la subutilización que podrían tener algunos centros en Montevideo se debe a “la mala distribución sobre la cual están hechos”. Fepremi espera presentar el informe hacia fines de esta semana.