La Fiscalía General de la Nación publicó ayer el pedido de la fiscal Penal de Montevideo de 3 er Turno, Mónica Ferrero, del 24 de febrero, relativo a la estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Ferrero pidió el procesamiento con prisión por un delito continuado de estafa de un hombre de iniciales CAMF -de 23 años y desocupado, que actualmente está recluido en Cárcel Central, según surge del escrito- y solicitó el procesamiento por reiterados delitos de estafa de dos personas en calidad de coautores: JMPG -con prisión- y JKAS -sin prisión-.
De acuerdo al relato de la fiscal, “a raíz de una denuncia efectuada por un afiliado al Círculo Católico, el cual figuraba como empleado de una empresa, para la cual nunca trabajó, se comenzó a investigar la posibilidad de la existencia de otros casos similares, y cuál era el beneficio final de la maniobra”. CAMF admitió que tenía 80 empresas unipersonales, “que la gran mayoría están vigentes” y que eran creadas por “un promotor del Círculo Católico”; la fiscal dijo que no se conocía si era empleado de la mutualista o de una empresa tercerizada. La mayoría de las empresas son del rubro de servicio doméstico “no sólo por la estructura”, sino porque es “más fácil evadir los controles porque les daban un usuario por internet, dirigido a la persona que iba a ser titular de la empresa, y tenían acordado que para el caso de que surgieran inconvenientes por denuncias o irregularidades que se pusieran de manifiesto en las inspecciones del BPS [Banco de Previsión Social], una funcionaria de dicho organismo que cumple funciones en Jurídica, habilitaría los expedientes sin que fueran derivados a la justicia penal, hecho que se investigará en tanto el mismo no da mayores datos para identificar a la misma”, sostuvo la fiscal. Puntualizó, también, que “las personas reclutadas para las empresas falsas eran de los barrios más humildes o de asentamientos, porque eran más cantidad, y porque su nivel cultural facilitaba obtener los datos que requerían obtener de los mismos para incluirlos en la planilla”, y que les pagaban 500 pesos. Ferrero informó que según el indagado “la mayoría era gente humilde y de trabajo”, que “si ellos supieran que se trataba de un ilícito el 80% se negaba”, y que seguramente aceptaban “por necesidad”. Unas 20 personas declararon haber sido afiliadas de esa forma y la fiscal no pidió su procesamiento porque ellas demostraron “no tener intención alguna en cometer un ilícito, siendo convencidos además por el indagado de que era un trámite normal”. CAMF cobró 1.500 pesos por cada afiliado y según él afilió a 700 personas.
Los otros dos procesados, JMPG y JKAS, están vinculados a las maniobras fraudulentas con tarjetas prepagas, pero también con la estafa al Fonasa: “Admitieron que acompañaron a CMF a reclutar gente a los asentamientos y barrios carenciados, recibiendo dinero por ello de parte de él”, e incluso la madre de JMPG, de 84 años y que padece una enfermedad que le impide movilizarse, figura como propietaria de una empresa. Además, Ferrero señaló que JMPG y JKAS cobran subsidio por desempleo, a partir de una afiliación al BPS que hizo CAMF, que por ello también cobró su parte; ambos estaban afiliados a una de las empresas falsas como socios del Círculo Católico, dice el escrito.