Un día de agosto del año pasado un apóstol subió diez pisos por ascensor en un edificio de Ciudad Vieja con “voluminosa información” bajo el brazo para entregarla a Juan Faroppa, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Los documentos referían a las derivaciones de mayores y menores de edad provenientes de diferentes instituciones estatales a los “hogares” Beraca, que su iglesia (Misión Vida para las Naciones) regentea mediante la organización no gubernamental Esalcu. Faroppa se sorprendió. La intención del apóstol Jorge Márquez era informar a la INDDHH sobre cómo trabajaban con estas personas en Beraca. Pero el tiro le salió por la culata.
El 24 de febrero de este año la INDDHH recomendó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) -que son las principales entidades que remiten a Beraca a aquellos de los que no pueden hacerse cargo- “el cese inmediato de las derivaciones”, según se lee en el documento que publicó ayer la INDDHH. la diaria consultó a Esalcu y obtuvo una respuesta por escrito de su coordinador, Mario Pirán: dice que les “llama la atención” la recomendación, y que “los motivos que [la] justifican faltan a la verdad, quizá por una lamentable desinformación”. Márquez y Álvaro Dastugue, diputado blanco y pastor de la iglesia, prefirieron no hacer declaraciones. Por otro lado, el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, dijo a la diaria que todavía no hay una resolución al respecto, pero se está tratando el tema. Desde el INAU no hubo respuesta.
La INDDHH revisó la información que brindó Márquez y contó 37 derivaciones dispuestas por el Poder Judicial (PJ), que, en vez de mandar a la gente a cumplir pena a la cárcel, la mandaba allí, y otras 15 por el INAU, que derivaba jóvenes por no poder brindarles amparo. Además, también se contaron otras tantas derivaciones provenientes de comisarías e, incluso, de escuelas. Sin embargo, según dijo Dastugue en setiembre del año pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes -que analiza si Beraca viola o no los derechos humanos desde mediados del año pasado-, hasta ese entonces Beraca ya había recibido más de 200 derivaciones del PJ.
Faroppa dijo a la diaria que la INDDHH no investigó si hay más derivaciones de las que presentó Márquez, pero sí dejó en claro que el principal problema es que el Estado no controla qué tipo de “tratamiento” reciben las personas institucionalizadas en Beraca, porque no tiene ningún tipo de convenio. En la resolución de la INDDHH se afirma que por eso mismo el Estado viola de forma “flagrante” su condición de garante de los derechos humanos “de las personas privadas de libertad en instituciones privadas por decisión de instituciones claves en el funcionamiento del aparato estatal”. En ese sentido, sostienen que “resulta evidente que no se realiza ningún tipo de control ni de las condiciones en que esas personas cumplen su privación de libertad; de las eventuales ‘medidas terapéuticas’ que se aplican en los ‘hogares’; ni de la posible existencia de alguna forma de abuso o trato cruel, inhumano y degradante”. Faroppa lo explicó así: “Es serio porque una persona que es institucionalizada por decisión de un órgano del Estado, como puede ser cualquier juzgado del PJ o del INAU, está bajo responsabilidad del Estado, es decir, el Estado es responsable de que se garanticen sus derechos como persona que está intervenida, privada de libertad, internada por amparo, o cual sea su situación. En este caso, sin haber convenio, no están establecidos los mecanismos de control que el Estado tiene que realizar respecto de cuál es la situación de la persona derivada, o sea, en qué condiciones se encuentra en materia de salud, habitacional, si realiza algún trabajo, si tiene las medidas de protección que corresponden a cualquier trabajador”, etcétera. Faroppa aseguró que hay casos de derivaciones judiciales que dicen: “Se dispone la internación de Fulano en el hogar Tal por el plazo de 30 días, prorrogable por el tiempo que la organización entienda pertinente a los efectos de su rehabilitación total”. El director entiende que “son medidas de privación de libertad infiltradas [...]; los operadores del sistema, tanto Ejecutivo como Judicial, no saben muy bien qué hacer con un caso y entonces la puerta más cercana que tienen es la de Beraca, y lo mandan ahí. No estaría mal si el Estado lo controlara, pero no sucede”.
Por lo antedicho, la INDDHH recomendó “iniciar investigaciones administrativas destinadas a determinar eventuales responsabilidades funcionales de quienes dispusieron las derivaciones de personas institucionalizadas por decisión del Estado” y, de ser necesario, “aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes”. A su vez, plantean que en caso de que se entienda “pertinente derivar a organizaciones privadas a personas que se encuentren en la misma situación [que las ya derivadas], se suscriban previamente los convenios que aseguren que el Estado cumplirá estrictamente su obligación de garante, definiendo con claridad las modalidades de intervención de la organización privada y los controles que tanto el PJ como el INAU deben cumplir periódicamente respecto a la protección de los derechos humanos de las personas institucionalizadas”.
En conclusión, Faroppa señaló que “no importa que se trate de una organización religiosa o cualquier otra; importa que el Estado, cuando deriva a una organización privada, se haga cargo del control del trato que esa organización le está dando a esa persona”.
Respecto de si Beraca cumple o no con las condiciones de trabajo -tema que ha sido muy cuestionado en la comisión, ya que Beraca sí tiene gente trabajando bajo la modalidad de “voluntariado”-, Faroppa dijo que hasta el momento no han estudiado el asunto, pero “es posible” que lo analicen.
Respuestas eclesiásticas
Según se lee en el documento que Esalcu envió a la diaria y que presentará ante la comisión, el “interés” de Esalcu es “más allá de cualquier convenio, ayudar y salvaguardar a aquel que lo necesita”; por ende, advierten que no dejarán “de abrirle la puerta a quien por su condición lo requiera” y que continuarán “siendo una fuente de ayuda frente a la falta de alternativas y vacíos que surgen desde el Estado para dar auxilio a los más vulnerados”.
Por otro lado, se explica que “si la derivación” es del PJ y la persona es menor de edad, “se le indica al juez correspondiente que sin una autorización del INAU” no reciben al individuo. De concretarse la derivación, “el mismo Juez dispone el seguimiento correspondiente, a través de profesionales de organismos pertinentes”. Si el PJ solicita la derivación de un mayor de edad, se formaliza mediante el oficio correspondiente. “En este caso el juez actuante es el que dispone el seguimiento de acuerdo a su leal saber y entender, a veces se solicita a Beraca la elaboración de informes periódicos indicando la evolución de la persona, en otras oportunidades establece otros criterios de actuación”.
Respecto de las derivaciones directas del INAU, Esalcu explica que “se realizan a solicitud escrita y firmada de autoridades del organismo”, y que “abundan ejemplos que están a disposición de la autoridad que corresponda”. Además, advierten que “muchos” de los niños y adolescentes que fueron derivados desde distintos hogares de INAU “tienen un seguimiento continuo de las asistentes sociales, psicólogas y demás que allí trabajan, visitan los hogares Beraca donde residen los menores, están en contacto permanente con los referentes de los mismos”. Por último, Esalcu destaca que no reciben “ninguna subvención por este servicio social, quitándole gran carga al Estado y brindando un aporte sustantivo a la sociedad en su conjunto”.
Respuestas mundanas
La presidenta de la comisión, la diputada Berta Sanseverino, dijo a la diaria que las recomendaciones de la INDDHH sientan un precedente: “Sirven para el caso Beraca pero también para otros casos. El Estado debe involucrarse con otra seriedad”, afirmó. En ese sentido, agregó que la comisión estudiará cómo avanzar en la posible legislación para reglamentar ese tipo de organizaciones, y junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia trabajarán para “aplicar” las recomendaciones. Nelson Villarreal, presidente de la Secretaría, aseguró que “elaborarán criterios de cómo evaluar estos procesos para dar garantías e interpelar desde el poder público”. A su vez, realizarán “un seguimiento” y “estudio más exhaustivo” de la situación y de los “discursos que se generan en la sociedad, que favorecen los derechos humanos o los ponen en cuestionamiento, y cómo hay formas de organización que quizá no los fortalezcan”.