La dificultad o, directamente, la imposibilidad de mantener vínculos amorosos, familiares; las complicaciones en las comunicaciones intramuros producto de las barreras lingüísticas y culturales; el desconocimiento sobre su propio proceso penal porque tienen problemas para acceder al patrocinio legal y porque no entienden español; la dificultad para poder estudiar y trabajar, decir qué les duele, qué necesitan. Todo eso “potencia el aislamiento” de los extranjeros y migrantes que caen presos en nuestras cárceles, generando una “particular situación de vulnerabilidad”. Tanta, que incluso se expresa en el hecho de que ni siquiera se sabe cuántos son migrantes y cuántos extranjeros; no hay capacitación específica para el personal penitenciario. El Programa Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad Extranjeras y Migrantes -que fue presentado ayer por la Subdirección Nacional Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)- intentará revertir la situación y marcar un precedente en el tratamiento de esta población, según dijeron a la diaria Martín Correa, coordinador nacional del programa, y Ana Juanche, subdirectora técnica del INR.
Hasta ayer había 280 personas extranjeras o migrantes presas en el país, que representan 2% de la población carcelaria total (11.055 personas). La mayoría son argentinos y brasileños, seguidos por los paraguayos y chilenos, los colombianos, europeos y asiáticos. No se conoce el promedio de edad ni de tiempo de reclusión, aunque sí que la mayoría está presa por delitos contra las personas. Les siguen los que están presos por delitos vinculados a la ley de estupefacientes, contra la propiedad, delitos sexuales y contra la fe y la administración pública (ver recuadro).
El INR prevé que el programa contenga un plan de trabajo para “situaciones y etapas particulares”. Se destacan algunas situaciones: madres con hijos, personas en arresto administrativo, refugiadas, extranjeras sujetas a medidas no privativas de libertad, extranjeras próximas al egreso y que serán retornadas a sus países de origen. En cuanto a las etapas, el programa “deberá prever acciones específicas para el ingreso, la progresión en el sistema, el preegreso y el egreso”. Según manifestaron las autoridades consultadas, las líneas de acción y planes diseñados deberán contemplar propuestas que abarquen a todas las cárceles del país, “asegurando así el alcance del programa a todas las personas extranjeras y migrantes alojadas en el sistema penitenciario nacional, o sujetas a medidas sustitutivas a la privación de libertad”. Al respecto, Juanche señaló que “hay que ver cómo organizar esos dispositivos a escala, porque las soluciones tienen que ser a medida: no tenés cómo masificar, y de alguna forma diseñar, una política general para una población que tenés que tratar caso a caso por las barreras idiomáticas, además de la crisis personal. Imaginate un croata, un ruso o un chino, con toda la ansiedad por el proceso [penal], con dificultades con los intérpretes, con las delegaciones consulares, con el Poder Judicial, con la administración penitenciaria, cómo pueden saltear los muchos escollos que se les presentan”. En ese sentido, sostuvo que el Estado “todavía no tiene un soporte que permita garantizar el acceso, por ejemplo, a vincularse de forma fluida con su abogado defensor; cada vez que el abogado va a visitar al preso, el consulado tiene que conseguir un intérprete”. Y así ocurre con todo.
En cuanto a lo que compete directamente al INR y su personal, el programa prevé “capacitar y sensibilizar” en el “trato directo”, con el fin de “disminuir situaciones de discriminación y acoso motivadas por la condición de persona extranjera o migrante”.
A efectos de dar continuidad y profundizar “las buenas prácticas de coordinación interinstitucional”, el programa también articulará instancias para la integración y el funcionamiento de una mesa de trabajo con otros organismos estatales, delegaciones diplomáticas e instituciones de la sociedad civil.