La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se movilizó ayer frente a la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los funcionarios llevaron al ministro Ernesto Murro una contrapropuesta, aprobada en asamblea general, para solucionar el conflicto que mantienen con el gobierno desde fines de 2012. El Poder Ejecutivo había planteado pagar 70% de lo adeudado y hacer un ajuste salarial de 15,76%, pero los funcionarios exigen que se haga un ajuste por el 21,6% que reclaman y que se genere un ámbito de negociación para acordar el pago de la deuda retroactiva a diciembre de 2012.
El gobierno ya logró un acuerdo con jueces, fiscales, defensores de oficio e integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero los funcionarios y los actuarios no aceptaron. En cambio, anuncian que antes del 20 de marzo llevarán el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eduardo Silveira, dirigente de la AFJU, recordó que hace un año la Justicia emitió una sentencia que condenó al Estado a pagar lo adeudado. Murro, por su parte, lamentó la falta de acuerdo. “Nosotros hicimos un esfuerzo importante en el diálogo, en la negociación, que fue de una propuesta de prácticamente 100 millones de dólares en tres años para 5.000 personas”, algo que, dijo, “en cualquier lugar de mundo” es mucha plata, que “deben pagar todos los ciudadanos”. Dijo que si bien le sorprende que los funcionarios anuncien que irán a la justicia internacional, si eso se concreta, “iremos tranquilamente”.
Por otra parte, Eduardo Silveira reconoció que si la negociación se demora, está “arriba de la mesa” la posibilidad de, como medida de lucha, retrasar el comienzo de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que debe iniciarse este año.