La decisión del Ministerio del Interior (MI) de determinar el “pase en comisión” de sus funcionarios policiales al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que sean presuntos “ofensores de violencia doméstica y/o de género” no acumuló muchas simpatías.
La resolución fue firmada el 24 de marzo, y dice basarse en el “protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o género en el ámbito del Ministerio del Interior”. Según establece, en los casos en que se aplica este protocolo, “al presunto ofensor funcionario policial del Subescalafón Ejecutivo” se le retirará “en forma preventiva el arma de reglamento” y también se concretará “su pase en comisión al INR, a efectos de que le sean asignadas tareas propias de dicho Subescalafón compatibles con su situación”. La resolución incluso dispone que las jefaturas y direcciones remitan a la Dirección General de Secretaría de la cartera la lista de efectivos que se encuentran actualmente en la situación antedicha, “a los efectos de la realización de la resolución correspondiente”.
“Cuando nos llegó la notificación pensamos que era inventado. Nos descolocó”, describió Patricia Rodríguez, de la Unión de Sindicatos Policiales. La resolución, sostuvo, “no tiene asidero” y “es mala por muchos motivos”, entre otros, porque “no se pensó en sus consecuencias”. “Supongo que se deben estar dando cuenta de que es inviable: no todos los casos de violencia doméstica están comprobados, pero además el protocolo se le aplica tanto a la víctima como al victimario, por lo que la resolución debería haber exceptuado a las víctimas, [a las] que ahora les estamos dando el mensaje de que no denuncien porque, si no, se irán a trabajar al INR”.
Asimismo, Rodríguez consideró que la sanción impone el trabajo del INR “como castigo”, por lo que “desvaloriza la tarea del guardia de las cárceles”. “Además, a los trabajadores de la cárcel les mandás un tipo con problemas y vamos a terminar promoviendo más problemas a una institución que ya los tiene, además del eventual conflicto que ya puede tener con las demás personas que trabajan allí y con los propios internos”.
Por último, Rodríguez cuestionó que existen muchos tipos de efectivos dentro del MI, como bomberos o integrantes de la Policía de Tránsito, y se preguntó si todos los denunciados irán a parar igualmente al INR. Según la dirigente, “o quieren bajar las tasas de violencia doméstica incentivando que no se denuncie [dentro del MI], o se quiere aprovechar esa gente para cubrir las carencias de las cárceles; pero la realidad es que, en vez de poner énfasis en la Guardia Republicana, deberían haberlo hecho en el sistema carcelario, que se cae a pedazos”.
Por su parte, el abogado del sindicato, el ex diputado colorado Washington Abdala, dijo que estos funcionarios “no van a estar preparados psicológica y cognitivamente” para trabajar en una institución como el INR, y que en muchos casos tampoco tiene sentido que los propios policías que estuvieron persiguiendo delincuentes vayan a parar con los mismos que tuvieron que detener anteriormente. “Creo que hubo buena voluntad, pero torpeza jurídica y poca reflexión de fondo. Quiero creer que lo van a enmendar. Es una solución escalofriante”.
Por su parte, Mauro Tomassini, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), dijo que debería existir un “abordaje diferente”. “Todo lo que funciona mal en el MI lo mandan a las cárceles, siempre fue así”, afirmó. Agregó que por más que este tipo de funcionarios fueran designados a tareas administrativas dentro de las cárceles, en esos casos “tendrían que ser personas con determinadas características técnicas, y esto no sería lo más deseable”. Según dijo, el tema parece abordarse como un “castigo solapado”.
Respuesta ministerial
El actual director del INR, Gonzalo Larrosa, se excusó de hacer declaraciones. Consultado por la diaria respecto del tipo de perfil ideal para una institución como el INR, dijo que aún no podía responder esa pregunta porque se encuentra “trabajando en esa área”. El que dio la cara por la decisión fue el director general de secretaría del MI, Charles Carrera, quien dijo que la resolución se tomó “por razones de servicio” y que obedece a un “criterio de buen manejo de recursos humanos”. Según informó, existen unos “500 funcionarios a nivel nacional” que han recibido denuncias, y -si bien se les retira el arma- es necesario igualmente darles alguna función. “Entonces definimos que vayan a prestar servicios al INR que sean compatibles con su situación”, explicó.
Carrera, además, sostuvo que esta solución laboral transitoria permite darles un ingreso para compensar la pérdida de la partida que se les paga por tener su arma.
“Mientras se desencadena el procedimiento, lo que estamos haciendo nosotros es, por un criterio de buen manejo de recursos humanos, darles una función a estas personas que necesitamos”, explicó el jerarca.
También aseguró que en un establecimiento carcelario “hay muchas funciones que puede realizar un funcionario que sean compatibles con su situación”. Y aunque “no van a trabajar en la rehabilitación directa porque no tienen las capacidades para eso, sí pueden desarrollar otras tareas, como hacer vigilancia en el patio o los repartos en las habitaciones. ¿Qué dificultad puede haber en vigilar cuando los internos están haciendo patio o tomando sol? ¿Qué menoscabo hay para la persona privada de libertad o para el funcionario?”, se preguntó.
Carrera también desmintió lo dicho por Rodríguez respecto de que el procedimiento de violencia doméstica o de género se aplicaría en este caso tanto para la víctima como para el victimario, y dijo que la resolución sólo será válida para estos últimos. Lo que sí admitió es que dentro del subescalafón ejecutivo se incluye a efectivos de varios tipos, como los policías de tránsito o los bomberos, que en caso de recibir denuncias de violencia doméstica o de género también deberán engrosar las filas del INR.