“Que la justicia investigue y los jueces juzguen” fue la consigna para conmemorar el Día de la ex y del ex Preso Político, que se celebró ayer en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cerro de Montevideo. Se cumplirán 32 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura, y fue el primer 14 de marzo que contó con el reconocimiento oficial del Estado uruguayo como día del ex preso político; así lo declaró en febrero la Comisión Especial para dar cumplimiento a la Ley 18.596.
La actividad fue organizada por Crysol, que en su proclama insistió en que corresponde al Poder Judicial investigar y sancionar “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de terrorismo de Estado”, así como ordenar las excavaciones en predios militares. También pidió avanzar con las más de 200 causas impulsadas por las víctimas, y calificó de “inconcebible” que “no haya un solo procesado por torturas ni por abusos sexuales recontra probados e incluso admitidos”. Reclamó a la Suprema Corte de Justicia no tolerar “las maniobras dilatorias” y “garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para criminales como [Ernesto] Ramas y [José] Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos”. Catalogó como un “grave error” que ni el PIT-CNT ni Crysol integren el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Entre otros puntos, pidieron someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan todos los beneficios, y que se modifique la ley jubilatoria de las Fuerzas Armadas por la cual 1.573 oficiales retirados reciben jubilaciones, aun estando procesados o prófugos.