Los trabajadores de la fábrica de pastas La Spezia ingresaron ayer de mañana al local principal de elaboración y venta de productos, para hacer una “custodia de bienes”, explicó a la diaria Mariana Pereira, delegada sindical. Entraron porque los inmuebles de la empresa habían sido traspasados meses antes a una sociedad anónima -en la que tendrían acciones los hermanos Speranza, dueños de la empresa que ahora está en quiebra- y todo lo que está allí será tironeado por los acreedores, entre ellos los trabajadores. Pero además, los trabajadores afirman que en estas últimas semanas se han sacado bienes, y no quieren que siga disminuyendo el capital, que se sabe que no alcanzará para pagar el pasivo. La empresa había entrado en concurso a fines de agosto y el síndico, Mario Soca, determinó su cierre el 18 de marzo; la relación entre el pasivo y el activo es de tres a uno, según declaró días atrás a este medio.
Pereira explicó que en presencia del gerente de la empresa -puesto por el síndico en setiembre, cuando fue intervenida- hicieron un inventario. Los trabajadores se organizaron y hacen turnos para que el local no quede solo. 120 personas quedaron sin trabajo, sin cobrar el sueldo de marzo -que fue a concurso-, licencias, aguinaldos y salarios vacacionales adeudados.
Hoy concurrirán a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Allí buscarán cobrar el sueldo de los 18 días trabajados en marzo. A diferencia de lo que ha expresado el síndico, los trabajadores plantean que hay dinero para eso, porque todavía está ingresando plata de las ventas en las cadenas de supermercados. Además, ayer constataron que hay proveedores que están yendo a cobrar a la empresa -habían sido citados previamente-, y a muchos de ellos se les había pagado días atrás. Reclaman, entonces, por qué no hay plata para cubrir sus sueldos, cuando deberían ser priorizados; 90% son mujeres y muchas de ellas son jefas de familia. Hoy pelearán por cobrar al menos 50% de lo que les corresponde de marzo.
Su otra reivindicación es que se los envíe a seguro de desempleo por despido, y no por suspensión, una idea que ha manejado el síndico, dijo Pereira. Si fuera por suspensión, la cobertura sería por menos meses, y si los trabajadores consiguen otro empleo, pierden el derecho al despido, o tienen que pelearlo uno a uno ante el Banco de Previsión Social (BPS), pagando cada uno un abogado. “Si él lo manda así [por despido], nuestras liquidaciones ya van directo a concurso y no es necesario tener que hacerlo de manera individual”, comparó.
Por otro lado, los trabajadores reprueban que el síndico no los haya enviado al seguro de desempleo a partir del 18 de marzo: lo hará a partir del 1º de abril, por lo que no cobrarán nada hasta los primeros días de mayo. El último sueldo que cobraron fue el de febrero.
Mañana se realizará la junta de acreedores; los trabajadores asistirán pero, según lo que les adelantaron, no podrán emitir opinión. El principal acreedor de la empresa es el BPS, que tiene más de 40 millones de pesos por cobrar.