Los trabajadores del Poder Judicial presentaron dos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, el abogado penalista Pablo Donnángelo presentó una en representación de cerca de 800 funcionarios, y por otro lado la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) lo hizo en representación de unos 1.600 afiliados al sindicato. Ambas denuncias tienen el mismo objetivo: lograr que el Estado uruguayo cumpla con la sentencia del 30 de marzo de 2016, que obligó a otorgar 21,6% de aumento salarial a raíz de un artículo incluido en la ley de presupuesto 2010-2014 que derivó en una serie de enganches salariales en el Poder Judicial. Los trabajadores reclaman el pago del aumento salarial y también la deuda por lo que no se ha pagado desde 2011.
“Puede pasar que lleve un tiempo, pero una sentencia internacional tiene su peso”, opinó Eduardo Silveira, secretario general de AFJU. Mientras recorre este camino, la AFJU no cierra la negociación con el gobierno.
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