El edificio Vila es un complejo de 21 apartamentos sobre la calle General French, en el barrio Carrasco. Rodeado por rejas y cercas eléctricas, y también por árboles, el complejo tiene garajes, una piscina, barbacoa y calefacción por losa radiante. Su arquitectura es moderna, sin los lujos llamativos que caracterizan a otras construcciones del barrio. Allí vive el abogado uruguayo Óscar Algorta Rachetti, acusado en el proceso conocido como Lava Jato en Brasil y con quien la Justicia brasileña no ha logrado contactarse aún, pese a que ha pedido cooperación internacional y le ha enviado correos electrónicos, que no han recibido respuesta.
Óscar Algorta, del estudio Algorta & Asociados -donde continúa trabajando, según confirmó la diaria-, es un abogado conocido en el medio (ver recuadro). Como informó la diaria en mayo de 2016, Algorta abrió en 2008 una sociedad anónima denominada Jolmey SA, a pedido del ex director del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró. Se incluyó como director de la sociedad “con el único propósito de facilitar los trámites”, según explicó a la Justicia brasileña y consta en el expediente del caso radicado en la 13ª Corte Penal Federal de Paraná, a cargo del juez Sérgio Moro, al que accedió la diaria. Seis años después, Cerveró fue acusado de corrupción y lavado de activos en el marco de la causa conocida como Lava Jato. Una de las operaciones que se señalan como prueba es la compra de un inmueble en Río de Janeiro, adquirido mediante la subsidiaria brasileña de Jolmey SA.
Según consta en la denuncia del Ministerio Público Federal de Brasil, “para ocultar el origen y la naturaleza criminal de los valores involucrados en la compra, así como para ocultar la identidad del verdadero dueño de los valores y el inmueble, Cerveró, ayudado por Algorta”, constituyó la compañía Jolmey SA en Uruguay y una subsidiaria en Brasil, también llamada Jolmey, en noviembre de 2008.
El Ministerio Público Federal de Brasil acusa a Algorta de lavado de activos. El 31 de agosto de 2015, el Ministerio de Justicia de Brasil cursó una solicitud de cooperación internacional en materia penal hacia Uruguay, amparándose en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los países del Mercosur, y exhortando a la Justicia uruguaya a que citara a Algorta a declarar por el caso de la operación Lava Jato. El exhorto llegó en setiembre de 2015 al Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2º Turno, donde actuaban en ese momento el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos. La jueza dispuso el 8 de octubre la citación de Algorta, quien finalmente compareció el 1º de diciembre de 2015, defendido por el abogado Jorge Barrera.
En su defensa, Algorta sostuvo que jamás participó en “ninguna actividad que pudiese configurar un crimen de lavado de dinero o blanqueo de capitales, en cualquiera de sus formas, ni directa ni indirectamente”, y que lo que hizo fue brindar “asesoramiento para la compra de un apartamento que tenía un fin lícito, así como los fondos que lo sustentaban”. En cuanto al hecho de que Algorta figure como director de Jolmey SA, el profesional señala que “para el estudio, este pedido no fue un hecho nuevo ni poco común, ya que en los casos en que las sociedades uruguayas no realicen actos en Uruguay, nosotros asumimos la dirección con el único propósito de facilitar los trámites”.
Finalmente, la defensa solicitó que se archivaran las actuaciones, por entender que no hay méritos de fondo, pero también por razones de forma. Afirmó que ya existe un presumario en Uruguay en el que se juzga a Algorta por la misma causa, y que si el proceso continúa en Brasil, “se estaría vulnerando la garantía básica de todo Estado de Derecho, de que no se puede juzgar en dos países al mismo tiempo la misma conducta”.
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La Justicia uruguaya no ha avanzado con esta causa. La jueza de 2º Turno del Crimen Organizado, María Helena Mainard, quien asumió su cargo en julio de 2016, dijo a la diaria que no tiene “para resolver ningún pedido de procesamiento, ni de ese señor [Algorta] ni de nadie” vinculado a la causa del Lava Jato. Agregó que tampoco tuvo ninguna reunión con quien era la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, para tratar este tema. El alejamiento de su cargo de la fiscal Camiño, quien había asumido en febrero de 2016 y sólo estuvo un año en sus tareas, supondrá una nueva demora en la causa. La fiscalía está a cargo ahora de Luis Pacheco.
En paralelo, la Justicia brasileña está intentando que Algorta comparezca ante el juez Sérgio Moro, sin éxito. En marzo de 2016, Moro recibió la declaración del abogado de Algorta pidiendo la clausura de las actuaciones, pero decidió seguir adelante con los procedimientos.
El 27 de octubre de 2016, y según consta en el expediente del caso radicado en la 13ª Corte Penal Federal de Paraná, el juez Moro dispuso que Algorta “contrate a un abogado brasileño para defenderlo en Brasil, como expresamente fue advertido en el pedido de cooperación”. Solicitó al mismo tiempo que se enviara copia de su resolución al correo electrónico del estudio Algorta, “alertando al acusado [de] que debe constituir un abogado en Brasil para dar respuesta al proceso en Brasil”. Moro agregó que aguardaría 15 días a que se ejecutara esa providencia.
En un escrito firmado el 23 de febrero, Moro certifica que “hasta el momento” no ha recibido respuesta al “correo electrónico que se le envió a Óscar Algorta Rachetti”.
En la mira
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Presidencia de la República, a cargo de Carlos Díaz hasta su fallecimiento el sábado, estaba investigando a Óscar Algorta Rachetti, según un documento al que accedió la diaria. Se anotaba como un detalle relevante el hecho de que Algorta figuraba en el directorio de “aproximadamente 180 sociedades comerciales”.
La secretaría también apuntaba como un hecho la compra conjunta de Algorta y su esposa de un inmueble en Carrasco por un valor de 1.100.000 dólares, registrada en octubre de 2016. Allí, según confirmó la diaria, vive el propio Algorta junto a su familia. la diaria no pudo comunicarse con Algorta ni tampoco con su abogado, Jorge Barrera.
Con trayectoria
Algorta es un abogado reconocido en el país. Es académico de número de la Academia Nacional de Economía desde 1996. A raíz de la acusación de la Justicia brasileña y del manejo público de esta información a principios de 2015, debió renunciar al directorio de la empresa de seguros Mapfre y al grupo de estudios jurídicos Pannone Law Group. Entre otras funciones, Algorta fue asesor del gobierno de Luis Alberto Lacalle en ocasión del intento de privatización de Antel, fue asesor de frigoríficos y también de canales de televisión para abonados. Entre 1996 y 2015 fue asesor del diario El Observador, y fue tesorero de dos empresas offshore en Panamá, presididas por Ricardo Peirano, director de ese diario: Candy Commercial SA, en el año 2000, y Calomix International Corporation, en 2004. En 2006 abrió, junto a Ricardo Peirano, otra offshore, Darlen International, en esa ocasión con los roles cambiados: Peirano fue el tesorero y Algorta el presidente.